Recientemente, se ha dictado sentencia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que declara y establece la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública con motivo del anormal y defectuoso funcionamiento de los servicios públicos, y la condena al pago de una cantidad superior a los 10.000 euros en concepto de indemnización por los daños, lesiones y secuelas causados.

En la legislación española, encontramos el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, que define a los altos cargos como “los directivos que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa y relativos a objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitada por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad”.

Decíamos en el artículo anterior (El RAI, febrero 2007) que los ficheros privados de información sobre solvencia patrimonial y crédito (RAI, ASNEF, …) que habitualmente se vienen utilizando por diferentes entidades tienen prohibido mantener en los mismos los datos de aquellos que han tenido la mala fortuna de ser incluidos en ellos con la mención “saldo cero”, para deudas ya pagadas o que debían haber sido canceladas, pues ello supone un “recuerdo” de deudas pasadas.

En el Boletín Oficial del Estado de 8 de diciembre de 2007, ha sido publicada la Ley 41/2007 de 7 de diciembre, que entró en vigor al día siguiente de su publicación.

La Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico, (publicada en BOE 30 de abril de 1991), regula la figura asociativa creada con el fin de facilitar o desarrollar la actividad económica de quienes la integran.

Las empresas en general son objeto, ente otros, de expedientes sancionadores derivados de Actas de Inspección, que han de ser tramitados de acuerdo con las prevenciones establecidas en el Real Decreto que regula tal procedimiento.

La reciente sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de fecha 21 de marzo de 2007, ha resuelto declarando la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado a resultas del fallecimiento de dos personas (conductor y ocupante) como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido en la Carretera Nacional IV, en el que se vio involucrado un vehículo que, al pasar por una balsa de agua existente en la calzada, perdió el control del vehículo al hacerle “aquaplaning”.

A mi modo de ver, tres hitos marcaron en el Siglo XIX el futuro de Albacete.

Expresión, nombre, abreviatura que sobrecoge con solo escucharla. Denominación que identifica al Registro de Aceptaciones (pagarés, letras de cambio, pólizas de crédito, facturas de suministro, vencimientos de hipoteca…) Impagadas a sus vencimientos pactados. La importancia de tal registro no reside en su existencia, sino en el uso que del mismo se hace por parte de las empresas que acceden a él. El R.A.I. es un registro, o un listado, que no deja de ser más que un fichero en el que figuran los datos de las operaciones impagadas y de los que eran obligados a ellas.

Ya en otras ocasiones se ha dicho y puesto de manifiesto cómo los Administradores de las sociedades mercantiles, y que éstas se encuentren en situación de insolvencia y no pueden hacer frente al pago de sus deudas para con terceros, pueden llegar a ser declarados responsables solidarios, a título individual, de la obligación de pago de tales deudas. Es una previsión que se contiene en el Código de Comercio y en la legislación societaria y mercantil en vigor, bien entendido que ello no es una situación automática: es precisa la concurrencia de determinadas circunstancias, tales como abandono o cierre del domicilio social, ausencia de depósito de las cuenta anuales en el Registro Mercantil, ausencia de convocatoria de juntas generales para adoptar los acuerdos de disolución y liquidación de la empresa …