La Cerca, tus noticias de España, Castilla-La Mancha, Albacete, Cuenca, Ciudad Real, Toledo y Guadalajara

Secciones

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, manifestó anoche en Puertollano respecto al Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros que contempla recortes en las prestaciones por desempleo que el Gobierno de José María Aznar ha demostrado “poco talento para resolver la crisis y dar soluciones favorables a los intereses generales y su mal talante dando un portazo en las narices a los sindicatos”.

UGT ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, que establece el contingente de trabajadores extranjeros de régimen no comunitario para este año.

El presidente de Castilla-La Mancha pidió al Gobierno de España la concesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort para estas personas en carta remitida a José María Aznar el 22 de marzo de 2001. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha agradecido hoy al Consejo de Ministros la concesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a los abogados laboralistas asesinados en enero de 1977 en el atentado de la calle Atocha de Madrid. De igual forma, muestra su satisfacción por la concesión de la Cruz de San Raimundo de Peñafort a Angel Rodríguez Leal, el administrativo natural de la localidad conquense de Casasimarro, que también fue asesinado en dicho acto terrorista. El presidente regional, José Bono, ha declarado esta tarde que agradece al Gobierno de la nación esta distinción y cree que “no es una efeméride para celebrar pero sí para reflexionar y meditar, y también para poder decir a sus familiares que estas personas no han muerto del todo, porque nadie muere mientras no se le olvida”. Así mismo, Bono afirmó que “su sangre y su muerte no fue inútil porque ellos ayudaron a conseguir la libertad” y añadió que “quienes más hicieron por la libertad en España fueron también los que no pudieron disfrutar de ella, como los abogados asesinados en la calle Atocha”. La condecoración, acordada por el Consejo de Ministros en su reunión de hoy, es la más alta distinción con la que se reconoce en el ámbito de la Justicia a las personas que han destacado a lo largo de su vida por méritos profesionales y humanos al servicio del Derecho. El presidente de Castilla-La Mancha pedía la concesión de dichas condecoraciones para estas personas en una carta remitida al presidente del Gobierno José María Aznar el 22 de marzo de 2001, solicitud que también fue reiterada un día después al ministro de Justicia, Ángel Acebes. En su carta, José Bono subrayaba a José María Aznar que “muchos jóvenes no recuerdan esa época, porque no la vivieron, pero no por ello han de ignorar el sentido de lo que recordamos: el sacrificio de muchas personas que dieron su vida para que las generaciones futuras pudieran nacer y vivir en libertad”. El 24 de enero 1977 dos jóvenes armados con metralletas entraron en el despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras, situado en la calle Atocha de Madrid, y asesinaron a Francisco J. Sahuquillo Pérez del Arco, Luis J. Benavides Orgaz, Serafín Holgado Antonio, Enrique Valdevira Ibáñez y Angel Rodríguez Leal. Además, otras cuatro personas resultaron heridas. Este atentado terrorista provocó la primera gran manifestación nacional de rechazo contra la violencia, y fue la expresión de todo un pueblo unido para defender la libertad y la democracia.

El subsecretario del Ministerio de Agricultura, Manuel Lamela, se comprometió ayer por la tarde con UPA a publicar un Real Decreto de obligado cumplimiento y con régimen sancionador para asegurar que los ganaderos no cargan con el coste de destruir las harinas cárnicas. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha expresado su satisfacción por la adopción de esta medida tras el éxito del paro de una quincena de mataderos en todo el país, entre ellos el matadero “Montes de Toledo” de Pulgar (Toledo) UPA-Castilla-La Mancha ha mostrado su satisfacción por el compromiso alcanzando en la tarde de ayer con el subsecretario de Agricultura, Manuel Lamela, que impedirá que el coste de destruir las harinas cárnicas se cargue a los ganaderos. El secretario regional de UPA-CLM ha manifestado que “hemos sido la única organización agraria y ganadera que se ha manifestado en defensa de los ganaderos. Ayer conseguimos el paro de los principales mataderos del país, incluyendo el de Pulgar en la provincia de Toledo, y como fruto de esta presión UPA ha conseguido del Ministerio que el ganadero no pague las harinas cárnicas”. En la tarde de ayer, se celebraba una reunión en Ministerio de Agricultura, como colofón de la jornada de paro en los mataderos convocada por UPA, en la que Manuel Lamela se comprometió a que el Consejo de Ministros del próximo viernes, 18 de enero, apruebe un Real Decreto que será de obligado cumplimiento para las industrias, hasta tal punto que, en palabras del propio Lamela, “aquellas industrias que no apliquen el Real Decreto estarán incurriendo en fraude fiscal”. Este es el compromiso alcanzado en la reunión de ayer tarde en la sede del MAPA y cuyo cumplimiento por parte del Gobierno garantizará con carácter inmediato que los ganaderos no tengan que asumir el coste de destrucción de las harinas de carne y hueso. Para UPA, la aceptación de este compromiso queda condicionada a su efectivo cumplimiento a través del correspondiente acuerdo del Consejo de Ministros y, en tal sentido, UPA señala que nuestra aceptación definitiva se producirá en base a que, con toda seguridad, los ganaderos no asuman el coste de destrucción de las harinas de carne y hueso. La aceptación de esta salida al problema generado por el Gobierno, al dejar éste de sufragar desde el pasado 1 de enero el coste de eliminación de las harinas de carne, no impide a UPA reiterar que esta alternativa supone una dejación de las responsabilidades del Gobierno con el conjunto de la sociedad, ya que los medidas para garantizar la salud pública deben ser financiadas con el dinero público. Sin embargo, el secretario regional de Ganadería de UPA-Castilla-La Mancha, Ignacio Martínez, ha resaltado que “la retirada de los MER todavía no está contemplada en la factura” y que, por tanto, “UPA-CLM sigue demandando garantías de que los costes de los MER no recaigan, como ocurre en la actualidad, sobre los ganaderos”.