La Cerca, tus noticias de España, Castilla-La Mancha, Albacete, Cuenca, Ciudad Real, Toledo y Guadalajara

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado en su reunión de esta mañana el Decreto por el se establece los servicios mínimos en la Administración regional, durante la huelga general convocada a nivel nacional por las organizaciones sindicales de CCOO y UGT para el próximo día 20 de junio.

Se trata de una Ley fruto del compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha, adquirido en el marco del III Pacto Industrial suscrito con los agentes sociales y económicos. La consejera de Industria y Trabajo, Araceli Muñoz, ha explicado, durante su comparecencia en las Cortes regionales, que el Consejo de Relaciones Laborales es un órgano consultivo que “viene a recoger el consenso y la participación en el orden social en un único foro” y que permitirá “abrir nuevas vías de trabajo y de análisis técnico-científico de todos los problemas referidos a la relación entre empresario y trabajador y de estos con la Administración regional”.

La Consejería de Administraciones Públicas, a través de la Dirección General de Calidad de los Servicios, concurre al Premio Ciudadanía con dos importantes programas de atención al ciudadano, como son el Teléfono Único de Información 012 y las Oficinas de Información y Registro. Las candidaturas finalistas al Premio Ciudadanía se presentan en las Segundas Jornadas Técnicas sobre Calidad en los Servicios Públicos, que se celebran durante ayer y hoy en Alicante y a las que asiste la directora general de Calidad de los Servicios, Rosario Arévalo, para defender las candidaturas de estos dos servicios que presta la Administración regional. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es la única institución, entidad u organismo que concurre con dos iniciativas al Premio Ciudadanía, al que también asisten con sus proyectos, iniciativas o programas la Xunta de Galicia, la Junta de Castilla y León, dos Ayuntamientos, un Hospital y un Patronato Deportivo, hasta un total de diez candidaturas finalistas. Al Premio Ciudadanía se presentan las mejores iniciativas de todo el Estado sobre información al ciudadano, gestión por procesos, formación…, y durante estos dos días en Alicante los responsables de cada una de esas iniciativas presentan y defienden, ante un jurado y expertos en la materia, las mejoras desarrolladas en los ámbitos de su responsabilidad, compitiendo entre sí para obtener el premio. Las dos candidaturas de la Junta de Comunidades al Premio Ciudadanía son servicios de atención al ciudadano, bien a través del teléfono 012 o de forma presencial en las Oficinas de Información y Registro. El Teléfono Unico de Información 012 ofrece información general de la Junta para acercar la Administración a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, evitándoles desplazamientos innecesarios. Con una llamada al 012 se puede obtener toda la información necesaria sobre la Administración regional, sus programas, actividades, ayudas o subvenciones, además de poder iniciar hasta once trámites administrativos, también se pueden hacer llegar quejas, reclamaciones o sugerencias respecto del funcionamiento de cualquier servicio de la Administración regional, responsabilizándose de hacerlas llegar a la Inspección General de Servicios. En cuanto a las Oficinas de Información y Registro, que están implantadas en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, los ciudadanos pueden registrar documentos, pedir información sobre cualquier asunto relacionado con la Administración regional y otras administraciones públicas, consultar los Diarios o Boletines Oficiales de las distintas Administraciones, así como fotocopias gratuitas de los documentos, atendidos por un grupo de profesionales que siempre ofrecen una atención personalizada y con un reconocido standard de calidad.

El Consejo Asesor de Medio Ambiente, presidido por Alejandro Alonso, informó favorablemente el borrador del proyecto de Ley de Vías Pecuarias. El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Alejandro Alonso, manifestó hoy al inicio de la reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente que “el objetivo principal de la Ley de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha es impulsar los trabajos de preservación, conservación y defensa del importantísimo patrimonio público que son estas vías”. “Estamos hablando de 50.000 hectáreas de vías pecuarias que atraviesan nuestra región de norte a sur y de este a oeste en un entramado de caminos de cerca de 12.000 kilómetros de longitud”, explicó el responsable regional de Medio Ambiente. A juicio de Alonso, la Administración regional está obligada a evitar que estas vías, en las que su uso principal -tránsito ganadero- ha perdido vigencia, sean ocupadas o se construya sobre ellas, con la finalidad prioritaria de dar la mayor utilidad social a un patrimonio que es de todos. Alonso recordó que existe una legislación básica del Estado en materia de vías pecuarias, que data del año 95, que es muy general. “Desde la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente se considera que es necesario una mayor actualización y concreción de la misma, así como adaptarla a las peculiaridades de nuestra Comunidad Autónoma”. “Creemos que con esta Ley más moderna, tendremos mayores garantías de conservación y preservación de estas vías pecuarias y, sobre todo, nos permitirá evitar conductas no adecuadas de particulares o de promotores públicos o privados sobre ellas, especialmente urbanísticas”, puntualizó el consejero, quien añadió que “confiamos en que esta Ley pueda ser aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha en este año”. Respecto a la situación y uso actual en que se encuentran las vías pecuarias, Alonso recordó que estas vías fueron creadas en tiempos de Alfonso X, El Sabio, (año 1273), con la finalidad de facilitar y favorecer el tránsito y la trashumancia del ganado en España. Con el desarrollo de los nuevos medios y vías de comunicación, el uso ganadero de estas vías ha ido perdiendo vigencia y esto ha provocado que, en ocasiones, las vías pecuarias hayan sido ocupadas por fincas particulares o se hayan visto afectadas e, incluso, desaparecido por el crecimiento urbanístico de los núcleos de población. En este sentido, con la nueva Ley se va a hacer un esfuerzo para recuperar, en la medida de lo posible, los espacios que han sido ocupados, así como se va a defender este patrimonio público “con una posición más activa y legislativamente más fuerte”. Los objetivos genéricos que se establecen en la Ley son los siguientes: completar la clasificación de las vías pecuarias en todos los términos municipales de la región; restituir, en la medida de los posible, la continuidad de las vías pecuarias que se han visto afectadas por obras e infraestructuras (planes de urbanismo, vías de comunicación, embalses, etc.); y modificar los trazados que discurren por los cascos urbanos de los municipios de mayor número de habitantes. También, se pretende acondicionar tramos de vías pecuarias para pasillos ecológicos de interconexión entre espacios protegidos y para actividades deportivas y recreativas; coordinar las actividades administrativas entre los diferentes órganos y organismos cuando afecten a vías pecuarias, con especial referencia a los proyectos de urbanización e infraestructuras; y agilizar los expedientes administrativos en las fases de delimitación, así como en los usos sociales o públicos, mediante autorizaciones. A preguntas de los medios de comunicación sobre el régimen sancionador de esta Ley, Alonso indicó que más que las sanciones económicas, que pueden alcanzar un máximo de 150.253 euros, lo más importante es que “la Consejería puede sancionar con la demolición de construcciones que se realicen en las vías pecuarias”. Además del proyecto de Ley de Vías Pecuarias, el Consejo Asesor de Medio Ambiente dio el visto bueno también al borrador del Decreto por el que se aprueba el PORN de las lagunas de la Vega, Navalafuente y Retamar y se declara como reserva natural bajo el nombre de Complejo Lagunar de Pedro Muñoz; y, el borrador del Decreto por el que se aprueba el PORN de la Laguna del Marquesado y su declaración como reserva natural.

La consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, presidió ayer en Toledo la última reunión de la Comisión Regional para la implantación del Euro que, tal como ha recordado la consejera, se constituyó el 30 de octubre de 1997 con el objetivo de preparar a la Administración regional y a la propia sociedad castellano-manchega en el período de transición al euro. En este sentido, María Luisa Araújo ha mostrado su satisfacción por los resultados obtenidos durante el tiempo que la Comisión ha venido desarrollando su labor. Así, afirmó la consejera, “el trabajo que durante casi cuatro años y medio hemos venido realizando en el seno de la Comisión ha dado unos resultados más que satisfactorios. Hemos cumplido con nuestro objetivo de que la adaptación de Castilla-La Mancha al euro fuera un éxito.” En un breve repaso a lo que ha sido la actividad de la Comisión desde 1997, la titular de Economía ha destacado que en una primera fase, desde su creación hasta 1999, las principales actuaciones se dirigieron a preparar la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el periodo transitorio de introducción del euro. Así, María Luisa Araújo se ha referido a la redenominación de las emisiones de deuda vivas a euros y la formalización de las nuevas en la nueva moneda; la realización de las adaptaciones contables necesarias; la información del contravalor en euros de los pagos de la Administración; y el inicio de las actividades formativas dirigidas a los trabajadores de la propia Administración. Un segundo período, durante 2000 y 2001, y ya en el marco del Plan Regional de Transición al Euro, se dedicó al desarrollo de actividades de formación e información y de sensibilización de la población, haciendo especial hincapié en los colectivos más vulnerables. Algunas medidas preparatorias de carácter presupuestario, contable, patrimonial, financiero, tributario o estadístico hicieron que la Junta de Comunidades empezara el 1 de enero de 2002 funcionando ya en euros. También ha indicado la consejera que, el desarrollo de campañas de publicidad y sensibilización con el Banco de España, la comunicación de las actuaciones del gobierno en euros desde 2001, los pagos en euros en el último trimestre del mismo año y las convocatorias públicas de subvenciones y licitaciones de contratos en euros, además de la colaboración con los agentes sociales, han ayudado a que Castilla-La Mancha se enfrentara con decisión y sin miedo a una nueva moneda. Por último, Araújo ha recordado que Castilla-La Mancha fue pionera tanto en la creación de una Comisión Regional como en la elaboración y desarrollo de un Plan de Transición al Euro. “Ambas iniciativas –ha dicho- se adoptaron con una doble finalidad: por una parte, estar adecuadamente preparados en cada una de las fases de introducción del euro; y, por otra, porque para Castilla-La Mancha incorporarse a un contexto económico más amplio, le permitiría avanzar en convergencia en igualdad con el resto de regiones de Europa”.

La consejera de Administraciones Públicas, María del Carmen Valmorisco, ha manifestado que la Carta de Servicios es “un contrato que se establece entre la administración y los ciudadanos tomando en consideración sus necesidades y expectativas”, en estos documentos, añadió la Consejera, se dan a conocer a los ciudadanos usuarios, los compromisos de calidad, en términos de utilidad, información, celeridad y economía, que asume la administración en la prestación de sus servicios, los cuales se compromete a mantener y mejorar. Valmorisco realizaba estas afirmaciones durante la presentación esta mañana, junto con el consejero de Sanidad, de un nuevo “contrato” de la Junta con los ciudadanos, en concreto una Carta de Servicios de Promoción y Protección de los Consumidores. El responsable de Sanidad y Consumo ha señalado que se trata de “un documento sencillo y sin embargo muy importante” en el que se da cuenta de las obligaciones de la Administración con los consumidores y supone un “motor de mejora de la Calidad”. En una Carta de Servicios el usuario encuentra, expresadas claramente, las obligaciones que asume la administración en sus relaciones con el ciudadano, referidas a “como” se presta el servicio, estas obligaciones se plasman en términos de resultados para el cliente, es decir, qué espera el ciudadano de ese servicio. La nueva Carta de Servicios hoy presentada compromete a la Administración Regional en la atención al ciudadano de forma personalizada y utilizando un lenguaje claro y sencillo, así como ofrecer información precisa e inmediata sobre asuntos de consumo de carácter general, y en un plazo máximo de 48 horas en asuntos que requieran una información complementaria. Además, el plazo máximo para ser atendidos será de 5 minutos y, en caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos, el director general de Consumo notificará, en plazo máximo de 48 horas, las causas de dicho incumplimiento, así como las medidas adoptadas en consecuencia. Los titulares de Sanidad y Administraciones Públicas estaban acompañados por la directora general de Calidad de los Servicios, Rosario Arévalo, y el director general de Consumo, Carlos Macía.

El consejero de Obras Públicas, Alejandro Gil, ha reclamado de nuevo al Ayuntamiento de Ciudad Real que ceda más suelo a la Junta de Comunidades para iniciar la construcción de un volumen suficiente de viviendas de promoción pública que satisfaga la importante demanda de este tipo de viviendas en la capital manchega. Gil señaló que cuando el presidente de Castilla-La Mancha entregó en septiembre la última promoción de viviendas construida por el Gobierno regional en Ciudad Real se quedaron en lista de espera 400 personas y culpa de esta elevada demanda sin atender al Ayuntamiento de la capital por no haber cedido más solares a la Junta de Comunidades. Según el consejero, desde 1995 el Consistorio ha cedido al Ejecutivo de Castilla-La Mancha el solar que ya ocupan las 113 viviendas entregadas en septiembre y “otro solarcito” en el que caben sólo 40 nuevas viviendas, política que, en opinión de Alejandro Gil, “demuestra que el Ayuntamiento de Ciudad Real no tiene interés por resolver la necesidad de viviendas a precios asequibles en la ciudad”. El consejero de Obras Públicas se refirió también a la tramitación de los proyectos de singular interés del destino turístico “El Reino de Don Quijote” y acusó al Ayuntamiento de Ciudad Real de “no estar haciendo sus deberes” porque todavía no ha comunicado al Gobierno de Castilla-La Mancha de sus pretensiones. Según Gil, en algunos casos hay retrasos de casi un año en responder a la información que le solicita la Administración regional y en otros sus informes son “confusos, ambiguos y poco claros”. El consejero recordó que el Gobierno de Castilla-La Mancha declaró el destinó turístico “proyecto de interés regional” e indicó que en la actualidad se está tramitando el primero de los 18 de los proyectos de singular interés que integran este complejo de ocio. El consejero de Obras Públicas hizo estas manifestaciones ayer, al término de una reunión con el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Ciudad Real, Mariano León, en la que le informó de la aprobación del nuevo reglamento para viviendas de protección oficial que comporta un aumento de sus superficies y la aprobación también de un decreto para actualizar los precios y las ayudas a promotores y compradores. Gil comentó que en este encuentro también se habló de la agilización de la tramitación de los expedientes urbanísticos, del interés del Gobierno de Castilla-La Mancha por potenciar la construcción de polígonos industriales y de la pretensión de los constructores de la provincia por acceder a contratos de obra licitados por la Administración regional.

Para los ciudadanos de Castilla-La Mancha “la administración regional es la que les infunde mayor confianza y la mejor valorada”, por delante de las administraciones local y estatal, según se desprende del Informe Sociológico que sobre la opinión de las Políticas Públicas en Castilla- La Mancha ha realizado la Consejería de Administraciones Públicas y que hoy ha presentado a la prensa su titular, María del Carmen Valmorisco. La responsable regional de Administraciones Públicas ha señalado la importancia de este tipo de estudios para conocer la opinión de la ciudadanía de Castilla-La Mancha sobre la gestión que realizan las diferentes administraciones, cómo la realizan y qué es lo prioritario para los hombres y mujeres de nuestra región. De los resultados de la encuesta se desprende que los ciudadanos de Castilla-La Mancha creen que la Administración regional es la idónea para gestionar las diferentes áreas, y esa percepción que los ciudadanos tienen de la administración de Castilla-La Mancha como “su administración” manifiesta el alto grado de identidad regional conseguido en tan sólo veinte años. Asimismo, Valmorisco ha destacado que “la gran mayoría de los encuestados apoyan la gestión pública, frente a las empresas privadas”, de todas las áreas consultadas. El estudio se realiza sobre 15 áreas de gestión y las cinco a las que los ciudadanos otorgan mas importancia son sanidad, educación, atención a mayores, servicios sociales y seguridad ciudadana, que en definitiva son los que afectan de forma mas directa e inmediata a la vida cotidiana de todas las personas. Los ciudadanos perciben el desempleo, la sanidad y la educación (en este orden), como los principales problemas de Castilla-La Mancha, consecuentemente, consideran que se debería aumentar el presupuesto destinado a estos tres sectores, así un 46% de las personas entrevistadas aumentaría el presupuesto en sanidad, un 30% en educación, un 21,4% en protección ante el desempleo. Respecto a la opinión de los ciudadanos sobre iniciativas concretas del gobierno regional, por citar algunas, la consejera de Administraciones Públicas se ha referido a la gratuidad de los libros de texto, prevención de malos tratos o la prohibición de publicitar bebidas alcohólicas a menores de 18 años, que son valoradas por encima del 90% o la publicación de las rentas de los altos cargos y la ayuda a la cooperación internacional, que los ciudadanos valoran en casi un 80% de manera positiva.

La consejera de Industria y Trabajo participó el viernes en las Jornadas de Diálogo Social y Autonomía Colectiva organizadas por la Universidad de Castilla-La Mancha. La consejera de Industria y Trabajo, Araceli Muñoz, ha anunciado que el Anteproyecto de Ley del Consejo Regional de Relaciones Laborales podría presentarse ante las Cortes de Castilla-La Mancha “antes del mes de marzo de este año”. Así lo anunciaba, durante la ponencia que la titular de Industria y Trabajo ofrecía en el transcurso de las Jornadas de Diálogo Social y Autonomía Colectiva organizadas por la Universidad de Castilla-La Mancha y que se han desarrollado en el Edificio Universitario de S. Pedro Mártir en Toledo. El Anteproyecto de Ley cuenta ya con el dictamen favorable del Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha y aún deberá pasar el trámite del Consejo Consultivo. El objetivo del Consejo Regional de Relaciones laborales se centrará en favorecer la creación de empleo y el fomento del diálogo social en la Región, ante la necesidad de establecer cauces institucionales de encuentro y participación de los agentes sociales entre sí y de estos con el Gobierno de Castilla-La Mancha. Este Anteproyecto de Ley nace del consenso entre los propios agentes sociales y la Administración Regional y se deriva, según Muñoz, de “la firme decisión del Gobierno Regional de defender el diálogo, la concertación y el acuerdo como forma de desarrollar su labor de gobierno”. En este sentido, Araceli Muñoz ha destacado que “Castilla-La Mancha es pionera en materia de concertación y diálogo social como refleja la firma de los tres Pactos Industriales y los dos Acuerdos Regionales por el Empleo. Un clima de entendimiento que se ha hecho extensivo a otras esferas de la actividad social regional como la educación, la sanidad, el agua o el medioambiente”. La titular de Industria y Trabajo ha expresado, también, la necesidad de “extrapolar al panorama de las relaciones laborales el denominado diálogo social, respetando la autonomía de las partes en sus relaciones entre sí” y ha destacado que el Consejo Regional del Relaciones Laborales permitirá articular la negociación colectiva facilitando el acercamiento entre empresarios y trabajadores.