La Cerca, tus noticias de España, Castilla-La Mancha, Albacete, Cuenca, Ciudad Real, Toledo y Guadalajara

El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto para la protección de deudores hipotecarios sin recursos por una amplia mayoría. La medida ha recibido 201 votos a favor y 109 en contra. Según explicó el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, durante la tramitación del Real Decreto, el objetivo es paliar los efectos “dramáticos” de la crisis para aquellas familias que debido a su situación de desempleo o de ausencia de ingresos no pueden hacer frente a sus hipotecas.

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Alfonso Alonso ha subrayado que esa realidad de crisis y paro “nos motiva para trabajar con más intensidad y para que siga habiendo una iniciativa intensa del Gobierno”.

· Asegura que el principal problema que ha sufrido Castilla-La Mancha ha sido unos gobiernos que durante 28 años “han estado muy por debajo de su potencial”

Desde hace meses se escuchan tanto las voces que defienden la necesidad de una mayor eficiencia o eficacia de la Administración Pública como las que advierten de los peligros de la excesiva confianza en el Mercado para el mantenimiento del “Estado del Bienestar”. En torno a esta polémica me gustaría hacer algunas reflexiones sobre la próxima reestructuración del sector empresarial que se va a acometer en nuestro país. Pese a que soy profesora de Economía debo reconocer que la noticia del pasado viernes 16 de marzo llamó mi atención. Aunque en la época de incertidumbre y crisis que vivimos todo puede pasar, tenía la impresión de que los procesos de privatización abordados por los gobiernos de distintos signos políticos en los últimos veinticinco años habían sido suficientes, y de que las empresas públicas o mixtas que habían quedado (al menos a nivel estatal) no tenían mucha probabilidad de sufrir nuevos procesos de privatización. Pero, de nuevo, me equivoque. Ya saben ustedes que todo lo relacionado con la economía no es una ciencia exacta – tampoco con la política o con nosotros mismos. En efecto, entre las últimas medidas del Consejo de Ministros está la aprobación de un plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial. En total, dicho programa prevé la extinción de 24 sociedades mercantiles estatales. Además, el Estado desinvertirá en 8 sociedades públicas más, retirará su participación minoritaria en 35 sociedades, agilizará la liquidación de 13 empresas, y fusionará o eliminará 9 fundaciones.

• Califica de “escandaloso” que García-Page y otros ediles socialistas “demuestren que son incapaces e ineficaces de gestionar los fondos públicos, cuando se han visto obligados a aflorar las deudas con los proveedores de sus ayuntamientos”

• Recuerda que en Castilla-La Mancha se pasó, con Barreda, de 1.500 millones de euros de deuda en 2004 a más de 10.000 millones en 2011, “una dato demoledor, de una gestión que ha sido avalada por García-Page, corresponsable y cooperador necesario de la misma”

Las medidas de ahorro puestas en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha ya han tenido sus primeros efectos sobre la deuda que pesa sobre la comunidad. Durante el último trimestre del año (de octubre a diciembre de 2011), la región ha logrado reducir la abultada deuda que arrastra desde hace años.

El portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, ha calificado como “un dato magnífico” y “halagüeño” el hecho que, según los datos del Banco de España, Castilla-La Mancha haya conseguido reducir su deuda “por primera vez en tres años” situándose, en el último trimestre de 2011, en 6.587 millones de euros, 25 millones de euros menos que en el trimestre anterior.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha ensalzado el “ejercicio de responsabilidad” que han demostrado las entidades locales —ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares— frente al Estado y las comunidades autónomas, ya que fueron las únicas administraciones públicas que redujeron su deuda en el cuarto trimestre de 2011.

La deuda de las comunidades autónomas aumentó un 17,2% en 2011, hasta registrar 140.083 millones de euros (el 13,1% del PIB), la cifra más alta de toda la serie histórica, según datos del Banco de España. En el caso de Castilla-La Mancha, se sitúa en 6.587 millones y supone el 18 por ciento de su PIB, por encima de la media nacional.

La Asociación Nacional de Amigos de los Teatros de España (AMITE) ha intentado, reiteradamente y sin éxito, obtener información precisa de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio (SEGIPSA), acerca de la situación de la rehabilitación del antiguo Banco de España de Albacete para sede del Museo Nacional de las Artes Circenses.