Este martes en Albacete, dos de sus representantes, y , han detallado las peticiones que recogen en lo que han venido a llamar “la agenda feminista” y en la que piden que se tomen medidas para acabar con la gestación subrogada y con la prostitución en todo el territorio nacional.

Este documento, al que se han adscrito unas 80 asociaciones de todo el territorio nacional, insiste en la idea de que el alquiler de mujeres con fines reproductivos “atenta contra el concepto de dignidad humana”. Tal y como ha explicado Elena de La Vara, “las mujeres y los recién nacidos se convierten, a todo efecto, en meros objetos de transacción contractual para satisfacer deseos de terceras personas. Es una práctica que vulnera derechos esenciales”.

Así, el documento pide, en el caso de la gestación subrogada, que se prohíban la realización en territorio español “de cualquier actividad relacionada con la intermediación que faciliten el acceso a estas prácticas en terceros países”, ha señalado Elena de la Vara.

A su juicio, ésta prohibición “ha de ir acompañada del catálogo de sanciones a agencias, bufetes, entidades de crédito o financieras y profesionales independientes que incurran en la promoción o facilitación de una práctica ilegal en España”.

Además, el documento contempla la reforma de la Ley General de Publicidad “a fin de incluir como publicidad ilícita cualquier acto o propaganda relacionada con la promoción y venta de productos, bienes, actividades o servicios, relacionados con el alquiler de mujeres para la reproducción de seres humanos”.

De La Vara ha detallado que pese a que la gestación subrogada no está permitida dentro de España, sí se permite el registro de esos hijos nacidos de otra madre una vez pasan la frontera. Es por ello que el documento contempla también que se acabe con la normativa que permite registrar a esos niños concebidos a través de vientres de alquiler fuera de España y explican que se trata de la “vía legal” que ampara y afianza “este negocio”.

ACABAR CON LA PROSTITUCIÓN

La prostitución centra un total de 13 peticiones de los mencionados colectivos y que se recogen también en el documento que piden que este ejercicio sea reconocido “como una forma reconocida de explotación y violencia” que representa “el paradigma de la desigualdad entre ambos sexos”, ha apuntado Lourdes González.

Para ello piden que se suprima “la reforma promovida en 2015 del artículo 187 del Código Penal que legalizó de facto determinadas formas de proxenetismo (el aprovechamiento de la prostitución ajena), lo que dificulta sustancialmente la persecución penal de este tipo de conductas”, ha detallado González.

Otra de sus propuestas pide reforzar la legislación contra el proxenetismo con aumento penas y sanciones e incorporar penas de cárcel para aquellos que faciliten los inmuebles para el ejercicio de la prostitución.

“El 80% de los consumidores son hombres casados, con familia, que siguen esa práctica como una cosa lúdica”, ha recordado Lourdes González que insiste en que esos consumidores “deben ser conscientes de que se usa el cuerpo de la mujer”.