La decisión del Gobierno de presentar ante la Comisión del Pacto de Toledo una serie de propuestas relacionadas con la modificación del Sistema Público de Pensiones ha creado una gran alarma social. En particular, las críticas han llovido en relación a la prolongación de la edad de jubilación de 65 a 67 años y el posible aumento del período de cómputo de 15 a 25 años.

Estas propuestas suponen un atropello injustificado a los derechos consolidados de la población trabajadora quienes tendrán que trabajar dos años más para acceder a la pensión que, en muchos casos, se verá rebajada en su cuantía al incrementarse el período de cotización a un tramo más largo de la vida laboral. Esto significa una injusta pérdida para el conjunto de los trabajadores ya que nos hace retroceder en nuestra cobertura de protección social y por tanto debilita el sistema de bienestar social.

Hay que recordar que, respecto a nuestros vecinos y socios en la Unión Europea, el gasto medio por habitante en pensiones era en la UE-15, 2.962,2 euros, mientras en España es de 1684,4 euros. Según datos de la Seguridad Social a 1 de enero de 2010 existían en España 5.097.112 pensiones de jubilación con una pensión media de 874,97 euros (de ellas, el 54,9% son inferiores a 600 euros) y otras 2.282.687 pensiones de viudedad con una pensión media de 568,81 euros. En Castilla-La Mancha hay 193.871 jubilados/as (38.988 en Albacete) con una pensión media de 811,85 euros (770,26 euros en Albacete).Como puede apreciarse, la pensión media sigue siendo notablemente inferior en Castilla-La Mancha y mucho más baja en Albacete respecto a la media de nuestro país.

La justificación aducida por el gobierno es el riesgo de insolvencia del sistema de Seguridad Social a 20 ó 30 años vista por el probable incremento de la población dependiente del sistema de pensiones y su proporción sobre la población activa y cotizante (empleados-as con contrato regular). Pero este peligro para la insostenibilidad del sistema de la Seguridad Social no está justificado, no es aceptado tal cual por muchos expertos analistas y, en todo caso, se puede afrontar de diversos modos sin ser imprescindible el recorte de derechos a la población trabajadora.

Los elementos utilizados para alarmar a los ciudadanos y justificar así la reforma, no son rigurosos. En primer lugar, el Sistema Público de Pensiones no está amenazado y goza de una excelente salud. Incluso en plena crisis, durante 2009 ha tenido un superávit de 8.500 millones de euros y se ha aumentado el Fondo de Reserva. El gasto en pensiones representaba en 2007 el 8,7% del PIB y podemos admitir que pueda representar el 15,1% del PIB en 2060. Esto puede parecer alarmante, pero no lo es. Aún con un criterio moderado, es previsible un crecimiento medio anual del PIB hasta el 2060 del 1,5% anual, cifra que el Banco de España considera razonable, por lo que habrá muchos más recursos públicos. Además, en otros países europeos las fuentes de financiación del sistema público de pensiones son diversas incluyendo tanto las cotizaciones de trabajadores y empresarios como de los presupuestos generales del estado.

En segundo lugar, según el tipo de vida y la profesión que se ha tenido se vive más o menos. Los datos confirman que, en España, un ejecutivo de Banco, por ejemplo, vive en media, 10 años más que un obrero manual o que la señora que limpia el Banco. Con la reforma propuesta se contribuiría a incrementar esa desigualdad entre las expectativas vitales de la limpiadora y el ejecutivo de su banco quien a la postre viviría más tiempo disfrutando de pensión que en la situación actual. Los sindicatos advierten del coste en salud y calidad de vida que supondrá alargar a la edad de jubilación en profesiones duras y sometidas a riesgos especiales (minería, construcción, agricultura, exposición a tóxicos, etc.). Esto es contrario a la justicia social y al sentido común.

En tercer lugar, las previsiones demográficas son difíciles de hacer, imprecisas y, en no pocas ocasiones, también interesadas y engañosas. Lo decisivo en un sistema de pensiones de reparto, como es el caso español, no es el número de jóvenes y adultos por persona jubilada, sino el número de cotizantes y la cantidad de la cotización en relación al número de beneficiarios de pensiones. Pues bien, el número de cotizantes y la cantidad de las cotizaciones siguen aumentando y lo seguirán haciendo en el futuro. Y se pueden implementar políticas para incrementar la población activa cotizante como apoyar socialmente a las mujeres para aumentar la tasa de actividad femenina (muy alejada de la media de los países de la UE), ayudar a los jóvenes en el acceso al empleo (con formación, incentivos y apoyos sociales), disminuir el desempleo de la población activa, etc.

Por tanto, insistimos en que las propuestas del Gobierno son injustas e innecesarias. Además, en época de crisis y con un desempleo alarmante ¿qué sentido tiene prolongar la vida laboral de quienes esperaban jubilarse a los 65? ¿No es más razonable procurar que se reintegren jóvenes o desempleados a esos puestos que dejan libres quienes se jubilan? La propuesta del gobierno sólo puede entenderse como un gesto dirigido a los organismos financieros internacionales que cuestionan el crecimiento del déficit público del gobierno de Zapatero. Es decir, significa plegarse a quienes reclaman políticas de ajuste estructural. No es la política económica que debe hacerse desde la izquierda: inversión pública para crear empleo, reorientar la política económica y fiscal e incentivar la demanda junto al mantenimiento del gasto social para apoyar a las familias con parados.

Todo lo anteriormente expuesto no significa que no haya que hacer mejoras en el Sistema Público de Pensiones, pero son mejoras que deben ir en el sentido contrario de las propuestas del Gobierno. En base a todo lo anterior se propone al Pleno de la Corporación adopte los siguientes acuerdos:

1º.- El Pleno del Ayuntamiento de Albacete insta al Gobierno de España a retirar las propuestas presentadas a la Comisión del Pacto de Toledo sobre reforma de las pensiones públicas.

2º.- El Pleno, asimismo, se pronuncia a favor de que el Sistema Público de Pensiones siga garantizando los derechos actuales de los pensionistas, de forma que no se supere la edad de 65 años para la jubilación con plenos derechos, se mantenga el período de cómputo para el cálculo de la pensión en 15 años y se asegure la revalorización de las pensiones de acuerdo con el incremento del IPC y en mayor medida para las pensiones más bajas.

3º- De la presente se dará traslado al Presidente del Gobierno de España, al Ministro de Trabajo e Inmigración, a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y a la Comisión del Pacto de Toledo.