En relación a la nota de prensa enviada hoy a los medios de comunicación por el Grupo Provincial de Ganemos-IU Albacete, el equipo de quiere hacer las siguientes consideraciones:

1- Es totalmente falso que la Diputación de Albacete haya realizado contratos de asistencia jurídica externa sin procedimiento de contratación. En todos los casos se ha cumplido escrupulosamente con la normativa vigente al respecto y se ha contado con el apoyo técnico pertinente.

2- Aclaramos que dicha asistencia jurídica es fruto de cuatro contratos realizados para la defensa tanto del presidente actual como del anterior, como representantes de la institución provincial, en tres procedimientos judiciales distintos que están siendo tramitados, en dos de los casos, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Albacete y, en el tercero, en el Juzgado número 5.

3- Los cuatro contratos cuentan, como no podía ser de otra forma, con el pertinente apoyo técnico de los servicios de la institución provincial, e incluso en los relacionados con el último procedimiento con el pronunciamiento favorable de la Corporación en Pleno.

4- En los dos primeros casos se trata de sendos contratos para asistencia letrada en dos procedimientos, en fase de diligencias previas, que fueron tramitados como contratos menores (artículo 138.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Séctor Público), al tratarse de importes inferiores a los 18.000 euros. Los contratos han sido suscritos con un abogado de acreditada experiencia y solvencia en procedimientos tramitados en los últimos años.

5- Los otros dos contratos, que superan esa cifra, se acogieron a la fórmula marcada en dicha norma como procedimiento negociado sin publicidad para el servicio de dos letrados en un tercer procedimiento, abierto en este caso por la demanda de los herederos de . Este procedimiento de contratación se adoptó ante la “imperiosa urgencia resultante de un acontecimiento imprevisible”, basada en la necesaria contestación a la demanda en un periodo de 20 días, así como por meras “razones técnicas”, puesto que los abogados contratados han defendido a la Diputación en el caso Urrea desde el año 2006. Así queda reflejado en la propuesta correspondiente.

6- Tampoco es correcto asegurar, como refleja la mencionada nota de prensa en numerosas ocasiones, que la Diputación de Albacete disponga de un gabinete jurídico propio para este tipo de asuntos, de carácter civil y penal, dado que los servicios jurídicos de la institución provincial se ocupan de asuntos contencioso-administrativos. Es habitual la contratación de asistencia externa para estas cuestiones jurídicas ante la imposibilidad de ser abordadas con servicios propios.

7- En todo caso, los honorarios de dichos abogados han sido calculados y negociados conforme a las normas orientativas del sobre tasación de costas.