La guardería de la zona denunció los hechos a la patrulla del (Seprona) de la Guardia Civil que inició una investigación sobre los hechos denunciados. Los hechos ocurrieron en los terrenos gestionados por la sociedad de cazadores federada de este municipio, informa la Federación en nota de prensa.

En la fecha de cometer los hechos, los acusados estaban inhabilitados para la caza por resolución administrativa, lo que, según la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, “tampoco fue obstáculo para que procedieran de forma ilícita, saltándose las leyes con absoluta impunidad”.

Esta organización ha mostrado su compromiso con la caza legal y con sus sociedades federadas y ha señalado que se ha admitido a trámite su personación en los autos donde ejercerá de acusación y pedirá, debido a los antecedentes de conducta de los acusados y la gravedad de los hechos, “las mayores penas a fin de que recaiga en los autos una sentencia ejemplarizante”.

El objetivo de la misma es que “pueda servir para poner freno a la impunidad con la que los furtivos vienen actuando en cotos que realizan una actividad ordenada, legal y que invierten sus recursos en fomentar las poblaciones de especies cinegéticas”.