Martínez ha explicado que desde el PSOE entienden que, si bien el Consistorio no tiene vinculación directa con los muchos trabajadores que realizan servicios en la ciudad a través de empresas concesionarias de las que dependen en exclusividad, el Ayuntamiento no puede desvincularse de estos empleados, ni mucho menos permitir que sean ellos los que (bien en aumento de jornadas o en reducción de salarios) ‘paguen’ el coste de la rebajas que dichas empresas puedan hacer al presentarse a sus respectivos concursos.

Martínez ha explicado, a modo de antecedentes, que “la externalización de servicios prestados por las Administraciones Públicas españolas ha generado un efecto negativo en los derechos y condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de las empresas contratistas, ya que es recurrente que dichas empresas repercutan a sus masas salariales o a las jornadas laborales de sus trabajadores la reducción de los precios que presentan en los procesos de adjudicaciones públicas”.

Más concretamente, ha apuntado que “en el Ayuntamiento de Albacete, son numerosas las actividades que se realizan con una contratación externa siguiendo el RD Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley de Contratos del Sector Público”. Actividades, muchas de ellas que tienen que ver con competencias municipales “como son la limpieza viaria o de instalaciones municipales, consejería u otras actividades relacionadas con el área de Acción Social”, ha detallado.

El edil ha señalado igualmente que “el artículo 118 del RD Legislativo 3/2011 abre la posibilidad a la Administración de establecer en los Pliegos condiciones esenciales de ejecución para primar determinadas conductas empresariales que sean de interés general”, tal y como ha asegurado que pretenden desde el Grupo Municipal del PSOE a través de esta moción.

De esta forma, el Ayuntamiento pasaría a responsabilizarse del devenir de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de las empresas contratistas, teniendo la capacidad legal de resolver un contrato ante incumplimientos de la normativa laboral sin que suponga coste para la Administración, ya que la extinción del contrato en cuestión será entendida como resolución por causa imputable a la empresa.

Una medida “con dos efectos”

Así, Manuel Martínez ha incidido en que serán dos los efectos que, fundamentalmente, esperan conseguir con la inclusión de este tipo de cláusulas laborales en los pliegos de contratación que realice el Ayuntamiento: “Por un lado, el Ayuntamiento contribuirá a que se respeten los derechos laborales de los empleados de aquellas empresas que contratan con él (garantizando así, por ejemplo, que no sufran ni bajadas de salarios ni aumentos de jornadas); por otro lado, la medida primará a aquellas empresas que cumplan con los derechos y condiciones laborales de sus trabajadores”, ha resumido.

De manera concreta, la moción solicitará “que cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo, la empresa esté obligada a cumplirlos, así como la normativa laboral vigente; que la empresa debe subrogar a todos los trabajadores actuales del contrato respetando sus remuneraciones y el acuerdo y convenios que lo rigen; que la empresa esté obligada a adoptar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo que sean obligatorias o necesarias para prevenir de manera rigurosa los riesgos que puedan afectar la vida, integridad y salud de los trabajadores; y que la empresa que subcontrata parte de la prestación, tiene que exigir a las empresas subcontratistas los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a la administración contratante”.