El ámbito local es un espacio complejo y plural, de grandes transformaciones y constantes mutaciones. Es también la primera instancia para la resolución de los problemas de la ciudadanía y para la mejora de las condiciones de vida de la gente.

Los Ayuntamientos han sido capaces de afrontar los grandes retos y los cambios culturales de finales del siglo XX: los fenómenos migratorios, los nuevos modelos familiares, la dependencia y el envejecimiento de la población, entre otros. En esta primera década del siglo XXI, los Ayuntamientos son el principal dique de contención contra la crisis y el principal espacio de resistencia, de dignidad, de defensa de los derechos de la ciudadanía y los principales espacios para generar alternativas sociales y económicas que palien los efectos de la crisis y los recortes.

Desde diferentes posiciones políticas, todos defendemos un modelo de gobierno local de proximidad, un modelo que desarrolle la autonomía local y las competencias, con recursos suficientes para hacerlas efectivas.

La educación, los servicios sociales, las políticas de igualdad, la cultura, la solidaridad y el derecho a la vivienda son elementos claves de la vertebración municipal y la construcción de ciudadanía.

Defendemos un municipalismo que integre los valores del paisaje, el territorio y el espacio natural como vectores de identidad y que promueva ciudades y pueblos sostenibles. Apostamos porque las directrices en política local huyan del crecimiento desde una óptica de ingresos y recursos ligada al urbanismo especulativo y a la privatización de servicios públicos. Los mecanismos anteriores han sustituido en muchos municipios la carencia de una verdadera financiación del mundo local justa y acorde a sus competencias.

En definitiva, impulsamos un municipalismo que efectivamente pueda desarrollarse y reconocerse en la Carta Europea de Autonomía Local y que se base en los principios de simplificación, transparencia y modernización de los entes locales. A la vez defendemos una gestión municipal guiada por los principios de autonomía, subsidiariedad, diferenciación, equilibrio territorial, desarrollo sostenible y suficiencia financiera para atender a las necesidades sociales de sus habitantes.

Los municipios españoles han sido desde 1979 la expresión más evidente de la llegada de la democracia a nuestro país: miles de concejales y concejalas, de alcaldesas y alcaldes accedieron al gobierno de sus Ayuntamientos, tras más de cuarenta años de dictadura, con la preocupación por satisfacer las demandas más acuciantes de sus vecinos y vecinas. Ante la falta de definición constitucional de las competencias locales en aquellos momentos los nuevos ayuntamientos afrontaron los retos y actuaciones para cubrir carencias sociales así como las que fueran impulsadas por la ciudadanía. Desde ese principio de administración más cercana, se configuraron los Ayuntamientos como las entidades que visualizaron la democracia en nuestro país y que representaron la primera experiencia, hasta ahora irreversible, de descentralización política.

Consideramos imprescindible conservar ese papel, que ha sido razonablemente garantizado durante todo este período por un sistema electoral que, sin ser perfecto, ha permitido que las opciones políticas significativas en las que se organiza la ciudadanía en cada municipio hayan configurado mayorías de gobierno local con un respaldo mayoritario del voto popular a través de un sistema de representación respetando la proporcionalidad contemplada en la Constitución Española (CE).

La democracia no es compatible con un gobierno municipal que no refleje la mayoría de los votos expresada en las elecciones. Eso significa que una lista municipal no puede tener la mayoría de gobierno y, consecuentemente, la alcaldía, si no tiene el respaldo de la mayoría de los votantes, expresada por un sistema de representación política constitucionalmente establecido.

Es más, el art. 140 de la CE establece que el voto de vecinos y vecinas será igual, por tanto, debe tener el mismo valor y producir los mismos efectos en la elección de los concejales y concejalas, es decir, se decanta por un sistema proporcional. Además, los/as concejales/as serán elegidos de forma directa.

Recientemente hemos conocido la propuesta del gobierno de sobre modificación de la ley electoral proponiendo que la lista más votada sea la que gobierne los ayuntamientos a partir de las elecciones de 2015.

La atribución del alcalde o alcaldesa a la lista más votada, como proponen los dirigentes del PP, llevaría a la paradoja de que podrían ser alcaldes/sas, concejales/as que hubieran obtenido menos del 20% de los votos y, por tanto, no contarán con el apoyo de más del 80% de los vecinos y vecinas. El examen de los resultados de las últimas elecciones municipales o de las últimas elecciones europeas proporciona numerosos ejemplos. En todo caso, con esos supuestos, el número de ayuntamientos cuyo alcalde no estaría apoyado por la mayoría de los electores sería muy mayoritario.

La democracia quedaría seriamente afectada y los criterios de proximidad y participación vulnerados. La mayoría del vecindario vería a alcaldes y alcaldesas lejanos/as y no queridos/as.

Tan democrático es que gobierne un partido con amplio respaldo ciudadano como una coalición de partidos (dos o más) que acuerdan un programa de actuación respaldado por la mayoría de los electores. Lo antidemocrático es que determinados votos produzcan más representación que otros. La pluralidad también es un principio democrático, mientras que el monopartidismo o el bipartidismo resienten la democracia y alejan a la ciudadanía de la política y del control democrático del poder.

Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Albacete adopta los siguientes acuerdos:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Albacete manifiesta su oposición a cualquier reforma relativa al método de elección de concejales/as y alcaldes/sas de las y, muy especialmente a:

a) La atribución de cualquier prima de representación por concejales a la lista o listas más votadas, por vulnerar los principios de proporcionalidad y voto igual establecidos constitucionalmente.

b) La atribución de la alcaldía a la lista más votada, cuando no tenga el respaldo de la mayoría de los concejales elegidos en voto igual mediante un sistema proporcional y constituido en el Pleno del Ayuntamiento.

c) La constitución del Pleno Municipal por concejales/as que no hayan sido elegidos/as en el mismo acto electoral mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, tal como establece el art. 140 de la Constitución Española.

2.- A esta moción se le dará la publicidad necesaria para que sea conocida por la ciudadanía del municipio.

3.- Dar traslado de los acuerdos al y a todos los del Congreso de Diputados.