En estos últimos días el consejo de ministro ha iniciado la tramitación de una propuesta inicial sobre, el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la . De manera general este anteproyecto contempla la reforma de varios artículos de la Ley de Bases de Régimen local que desde IU consideramos negativa y preocupante.

La primera justificación del proyecto se basa en su adecuación al principio de estabilidad presupuestaria que se blinda con la reforma del artículo 135 de la Constitución (de septiembre de 2011), recordemos que es el artículo que prioriza el pago de la deuda por encima de cualquier otra necesidad. Toda la fundamentación y objetivos básicos del proyecto se supeditan y articulan en torno a los objetivos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Desde IU hemos defendido en los últimos años que hay que abordar las necesidades municipales garantizando el principio de autonomía local, reconociendo a los ayuntamientos su papel como parte del Estado, su autonomía política y su capacidad de gestión. Hemos exigido una profunda reforma del sistema de financiación de los entes locales que los dotara, de manera efectiva, de los recursos financieros adecuados al cumplimiento de sus fines.

La propuesta de modificación presentada por el es absolutamente decepcionante en su contenido, falsa en su justificación y profundamente ineficaz y nociva para el interés de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, especialmente quienes viven en los pueblos y núcleos más pequeños.

Es decepcionante porque vulnera lo establecido en el Art 142 de la Constitución española, menospreciando el principio de autonomía municipal y modificando el modelo constitucional de estructura territorial del Estado relegando a los ayuntamientos al mero papel de delegaciones de las CCAA y del Estado, sin contenido político y sin capacidad de gestión más allá de lo que decidan las otras administraciones.

La reforma implica la recentralización y el control de lo local por parte del Gobierno central. Ataca las competencias y la autonomía política de los municipios volviendo a modelos preconstitucionales. Elimina el poder de lo más cercano, alejando a la ciudadanía de la gestión de lo público, fortalece la deriva autoritaria, el alejamiento de la política de una población que exige más participación, más democracia y más transparencia.

La propuesta es falsa en su justificación porque una reforma de tales características no se justifica en la necesidad de control del gasto público, toda vez que el conjunto de la deuda pública achacable a las administraciones locales apenas supera el 4.1% del , frente al 77,4% del PIB que supone el total de la deuda pública española, máximo histórico del último siglo. Cabe recordar que el conjunto de las Administraciones Locales en España han cerrado el ejercicio 2012 con un déficit inferior al objetivo establecido por el Estado (-0,2 PIB).

El anteproyecto presentado supone una radical modificación del marco competencial municipal reduciéndolo de un modo lamentable y reservando a los ayuntamientos prácticamente las competencias relativas al mantenimiento de la ciudad, razones por las cuales habría que cuestionar tanto política como jurídicamente su constitucionalidad. Hablan de clarificación de competencias cuando lo que quieren decir es reducción a la mínima expresión de la Administración Local. Entra en conflicto con Estatutos de Autonomía, unas Leyes Orgánicas que forman parte del bloque constitucional y que ya definen las competencias propias de los municipios, mucho más numerosas y más sociales que las que la reforma plantea.

Consideramos que se trata de una reforma radicalmente involucionista que responde a modelos políticos y sociales propios de quienes tienen una concepción centralista y liberal de las administraciones públicas y proponen actuaciones cuyo objetivo no es otro que disminuir el estado a su mínima expresión, desmantelando aquellas de sus capacidades que no resultan económicamente rentables y disponiendo el traslado a manos privadas de todas aquellas que resultan financieramente apetecibles.

El Ejecutivo del PP, pese a sus modificaciones puntuales, sigue sin demostrar la más mínima lealtad institucional, flexibilidad o comprensión sobre las reivindicaciones del municipalismo. La reforma es profundamente nociva para los intereses de la ciudadanía porque, en vez de avanzar en la línea de construir ayuntamientos más fuertes con más competencias y mayor capacidad de gestión, va en la dirección contraria. Intenta alejar la política de los ciudadanos y convierte a los ayuntamientos en rehenes políticos de otras administraciones abriendo la puerta, aún más, si cabe, al clientelismo partidista y al trato arbitrario.

La propuesta refuerza el papel de las diputaciones provinciales, estructuras obsoletas, cuestionadas políticamente en muchos casos e inútiles una vez que existen las CCAA. Se les refuerza en detrimento de las mancomunidades o consorcios constituidos voluntariamente por los ayuntamientos en el ejercicio de su autonomía local. El que las diputaciones puedan realizar los servicios mínimos, que se sitúen por “debajo del coste estándar del servicio” en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes por decisión autonómica significa darles un papel político incomprensible ajeno a la estructura territorial del Estado y que solo se puede entender por razones ocultas no explicitadas. La fijación del coste estándar es más que discutible porque no pueden establecerse costes idénticos a municipios con distintas características sociodemográficas y geográficas (dispersión, ruralidad, envejecimiento poblacional, etc.)

Desde su constitución en 1979, los Ayuntamientos democrático han ido desarrollando sus actuaciones en el servicio de la comunidad asumiendo competencias en aras a la mejora de la vida de la ciudadanía a la que sirven y gobiernan. Esta reforma pretende el desmantelamiento de la referencia más cercana, el primer nivel de acceso a la representación popular y los sustituye por la eliminación de servicios consolidados con financiación insuficiente que aboca a la privatización de los que quedan. En resumen:

  • Vaciamiento y disminución de competencias municipales
  • Reforzamiento de administraciones de elección indirecta como las Diputaciones
  • Intervención de ayuntamientos con menos de 5000 habitantes y pérdida de competencias entre los menores de 20000 
  • Recentralización del funcionariado de la administración local con habilitación de carácter nacional
  • Apuesta por la privatización de los servicios públicos “no rentables” económicamente
  • Supresión entre otras de las competencias en Servicios Sociales, Educación, Cultural, Consumo, Promoción del Medio ambiente
  • Supresión del principio de autoorganización y autonomía local de los ayuntamientos más pequeños
  • Supresión de la capacidad de los ayuntamientos para la dinamización de la economía local
  • Introducción de indicadores de calidad puramente financieros, sin contemplar criterios de atención a la ciudadanía de carácter social o de derechos humanos básicos.

Por último, este anteproyecto de ley no clarifica la necesaria financiación de los Ayuntamientos para asumir los retos municipales, solamente se menciona la obligación de cumplir con la estabilidad presupuestaria. En definitiva desde IU analizamos con extraordinaria preocupación este anteproyecto, consideramos que el mismo anula el principio de autonomía local, claramente inviolable en nuestra Constitución.

En esta época de crisis provocada por otros que no han sido los ayuntamientos españoles esta propuesta de reforma provocará más pobreza, más desigualdad y menor cohesión social, a cambio, eso sí, de una sacrosanta estabilidad presupuestaria que por cierto los ayuntamiento han cumplido siempre porque legalmente siempre se les ha exigido.

Consideramos que este Ayuntamiento debe tomar conciencia de esta situación y, por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Izquierda Unida planteamos al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes:

ACUERDOS

  1. El Pleno del Ayuntamiento de Albacete insta al a la modificación del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, en el sentido de dar cumplimiento del Artículo 142 de la Constitución Española para la defensa de la Autonomía Municipal.

  2. El Pleno del Ayuntamiento de Albacete insta al Gobierno de España a iniciar un Proceso de de un Pacto Local con la FEMP que permita la financiación adecuada de los Municipios, la búsqueda de fórmulas para asegurar la viabilidad de los servicios públicos de manera que se garantice la prestación de los mismos desde la iniciativa pública.

  3. El Pleno del Ayuntamiento de Albacete impulsará y participará en cuantos procesos se lleven a cabo, incluido el posible recurso de inconstitucionalidad, para oponerse a la aprobación definitiva primero, y a la aplicación después, de dicha ley en caso de que se apruebe en los términos actuales.

  4. El Pleno del Ayuntamiento de Albacete se compromete a mantener los servicios públicos que se ofertan en la actualidad, en particular: Servicios sociales, políticas de igualdad, empleo, dependencia y escuelas infantiles.

  5. El ayuntamiento, conjuntamente con la Diputación, organizará una jornada de puertas abiertas en las fechas que se estimen convenientes poniendo en valor la necesidad de tener una administración local con autonomía. En tales jornadas se convocarán a organizaciones de de distintos ámbitos del municipio a formar parte de una mesa de participación plural, con la participación de todos los grupos municipales, para informar y debatir sobre la incidencia de la reforma en la gestión municipal, en la prestación de los servicios públicos y en la vida de la ciudadanía y también sobre la importancia de ofrecer servicios de calidad desde la proximidad, con suficiencia financiera y más claridad competencial.

  6. Dar parte de los siguientes acuerdos al Gobierno de la nación, a los grupos parlamentarios del Congreso de los diputados, a la Diputación de Albacete, el Gobierno regional y a la FEMP.

En Albacete a 20 de junio de 2013 .

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Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida.