Henar Merino Senovilla, es la Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha. Doctorada en Derecho por la Universidad de Valladolid, es profesora titular de Derecho del Trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid. Magistrada-Juez de lo Social desde enero 2001 en el Juzgado número dos de Toledo. Fue elegida Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha en la Sesión Plenaria de 11 de Abril de 2002, con el apoyo de los dos Grupos Parlamentarios, en primera votación. Tomó posesión de su cargo el día 13 de Mayo de 2002. En la siguiente entrevista, Henar Merino nos realiza un balance sobre la Institución que preside, al mismo tiempo que nos informa sobre algunos de los aspectos en los que está trabajando actualmente. La violencia de género, el sistema educativo y su influencia en los jóvenes, la educación en valores o la defensa de la calidad de los servicios públicos, entre otros, son algunos de los temas que le hemos planteado a la Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha.

Una Institución al servicio del ciudadano

Para la Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha, Henar Merino Senovilla, explicar la evolución que ha tenido la Institución desde su instauración resulta muy fácil, ya que ha tenido etapas muy definidas.

La Institución de la Defensora del Pueblo empezó a funcionar en mayo de 2002 y los primeros siete meses fueron para pensar como se iba a prestar ese servicio al ciudadano y para elaborar un procedimiento específico para la tramitación del trabajo fundamental, que son las quejas y las consultas de los ciudadanos. Seguidamente se dio a conocer la Institución en la región, para que tanto los ciudadanos, la administración y los poderes públicos conocieran la función y el trabajo que se pretendía desempeñar y que venía dado por el mandato del poder legislativo.

El segundo año fue el de tomar iniciativas a favor de determinados colectivos o determinadas situaciones de exclusión social, aun cuando estas no vinieran demandadas expresamente por los ciudadanos. Se tomaron iniciativas en materia de igualdad de género, difusión de derechos de menores, de enfermos mentales, y se brindaron al movimiento asociativo para participar en la difusión de sus derechos. Se consolidó la voz y la postura jurídica y social de la Entidad ante los poderes públicos, y se iniciaron algunas quejas de oficio. “Al final de ese año 2003 teníamos mejor imagen ante los ciudadanos y los poderes públicos, que quedó reflejado en el alto grado de aceptación de las resoluciones por los poderes públicos”, afirma la Defensora del Pueblo. Ese mismo año, desde la Institución, se plantearon la necesidad de incorporar una fase de seguimiento para ver como se llevaban a cabo las sugerencias que la Institución había realizado.

En el 2004, además de incidir en lo realizado en años anteriores, se iniciaron otro tipo de actividades relacionadas con los derechos humanos o con los derechos fundamentales. Hubo una actividad importante en la discriminación por la diferencia de género como la realización de un curso a la Guardia Civil sobre ‘violencia de género en el ámbito familiar’.

Este año 2005 existe un alto grado de conocimiento de la Institución por parte de los ciudadanos que tienen problemas, “yo creo que tienen una consideración positiva de la Institución, aunque no quita que haya otros ciudadanos que entiendan que podemos hacer más y no lo hacemos. Lo que sí hacemos es escuchar las críticas, porque eso nos hace mejorar”, asegura Merino.

La violencia de género, un grave problema social

Nuestra región es eminentemente rural y muchas de sus pequeñas poblaciones no están suficientemente comunicadas por la Sociedad de la Información, desde la Institución se ha percibido que el entramado de Centros de la Mujer y la estructura de los derechos de la mujer, a través de servicios públicos, está teniendo una actividad muy importante, y en opinión de Henar Merino, “esencial en esta región, ya que si no existieran ese tipo de servicios cercanos a la mujer y al hombre en el mundo rural, hablándoles de la igualdad de derechos y de la dignidad, se hubiese avanzado mucho menos de la situación en la que estamos. Esto no quita que exista una desigualdad entre hombre y mujer en nuestra región, sobre todo en el mundo rural, donde la mujer sigue teniendo menos formación y, por lo tanto, falta de empleo o más precario, con salarios más bajos y además con pocas salidas para romper ese círculo”.

Las quejas que llegan a la Defensora del Pueblo sobre violencia de género suelen ser de conflictos familiares, separación o divorcio, por no estar de acuerdo con una resolución o con unas medidas judiciales, “las demandas que recibimos corresponden a la falta de autonomía de las mujeres en esta sociedad en la que ellas no pueden decidir abandonar el hogar en buenas condiciones”, expone Henar Merino. Con respecto a las medidas judiciales, desde la Institución se les asesora para que tengan una buena defensa en el marco judicial. “La Institución no puede entrar en el contenido de las resoluciones judiciales, lo que hace es servir de punto de conexión entre todos los servicios que hay puestos a disposición de la mujer en nuestra región, tan importantes como la atención psicológica y la gratuidad del servicio jurídico.

En medio de todo esto está el drama de los hijos menores, que cada día preocupa más y que es lo que más demandan las mujeres que sufren. Violencia de género es también desigualdad, no sólo maltrato”, manifiesta la Defensora del Pueblo. Para evitar esta desigualdad la Institución demanda a la Administración los servicios que necesita la mujer, en aspectos como el trabajo, la vivienda, etc.

Defensa de la calidad de los servicios públicos

Muchas de las consultas y quejas de los ciudadanos se han centrado en la calidad de   los servicios públicos, el trato dispensado por los profesionales en los servicios de proximidad y la coordinación entre las instituciones públicas.

Una de las preocupaciones y de los objetivos de la Institución es la defensa de la calidad de los servicios públicos, para ello, las resoluciones se están planteando con propuesta de mejora, sin que impliquen un gasto presupuestario mayor para los poderes públicos, sino que con los mismos recursos se obtenga una mejora de calidad.

Como primera medida, según señala Henar Merino Senovilla, “la propia institución de la Defensora del Pueblo ha establecido para ella una norma de calidad del servicio a prestar. Para ello ha implantado un Código de Buenas Prácticas Administrativas, en el cual los ciudadanos pueden comprobar el cumplimiento de este servicio en plazos, en atención, e incluso en emplear un lenguaje en las cartas fácil de entender”.

Las listas paritarias

Muchas mujeres y hombres opinan que ya no son necesarias las listas paritarias porque la mujer ha accedido a la formación, a la universidad, a una titulación, y que ya no necesitan ser defendidas, para Henar Merino, “eso es hacer caso omiso de otra realidad muy importante y es que no existe la igualdad real. Todavía seguimos hablando de aquellas privilegiadas que han accedido al mercado de trabajo y lo decimos como si fuese un privilegio o como si fuese algo que les han regalado. Son necesarias las medidas paritarias porque si la mujer no está bien representada y con realidad en el marco del poder, en el cual se decide hacia adonde se dirige la sociedad, ésta va a seguir teniendo la misma estructura y el mismo contexto”, asegura la Defensora del Pueblo.

Educación integral y para la autonomía

Según las últimas estadísticas, el Sistema Educativo español está muy por debajo del estándar europeo en cuanto a la calidad de la enseñanza. En opinión de la Defensora del Pueblo, lo que no hay es una consonancia en lo que se quiere entre los dos pilares fundamentales en la enseñanza, los padres y el sistema educativo. “Hay que definir qué sistema educativo se quiere, uno de educación integral o un modelo de educación técnico. Para mí lo que se debe es educar integralmente a la persona en la enseñanza obligatoria, la labor del enseñante no es sólo el conocimiento técnico y los buenos resultados en ese conocimiento, sino que hay que dejar desarrollar la identidad, la personalidad, y educar para la autonomía, pero con el consenso y la confianza de los padres. Debe haber un hilo conductor entre la socialización en el hogar y la educación en la familia, y la educación externa”, manifiesta Henar Merino.

“España ha cambiado mucho, no sólo tenemos democracia, sino que todos nos hemos incorporado al mundo del trabajo, a una sociedad más reivindicativa en el consumo, por lo cual tenemos que responder a ese consumo al habernos creado unas necesidades; y hemos dejado una parte fundamental, de la que los padres son conscientes, que es la educación familiar, en manos de la escuela. Cuando vemos un resultado negativo, por parte de nuestros menores, buscamos un culpable, cuando en realidad no hay un único culpable, hay una corresponsabilidad. No hay nada que pueda sustituir la educación ni la afectividad familiar, por lo que cada uno tiene que ocupar el papel que tiene en la educación y ser cómplices, o los resultados van a ser negativos por la discordancia de lo que se les está transmitiendo”, dogmatiza la Defensora del Pueblo.

Educación en valores

Hace más de un año se solicitó a la Defensora del Pueblo que abordasen cuál era el hilo conductor de los problemas en materia educativa, respecto a menores y jóvenes. “Desde esta Institución se entendió que, en vez de abstraer los problemas concretos, como el fracaso escolar o la violencia, lo mejor era desentrañar qué entendíamos todos por educar en valores”, explica Henar Merino. Para ello plantearon una ponencia a profesores y formadores en la Escuela de Magisterio de Toledo, para ver cuales son los valores que se pueden defender, qué se necesita para que exista coherencia en esos valores, y qué consenso social se necesita.

“Este último año se ha hablado mucho de violencia escolar y desde la Institución entendemos que primeramente hay que ir al origen de esa violencia y ver cual es el mensaje contradictorio que reciben los menores y adolescentes de no a la violencia, cuando a su vez están consumiendo violencia. Los medios de comunicación, la Sociedad de la Información en general, no tienen límites ni filtros respecto a la violencia para nuestros menores. De ahí la necesidad de un contrato social donde todos, padres, educadores y sociedad en general, transmitan la misma idea y no desautorizarse mutuamente. Es importante establecer una autorregulación de lo que consumen nuestros jóvenes y adolescentes a través de la Sociedad de la Información”, afirma la Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha, Henar Merino.

Desde la Institución se quiere lanzar el mensaje de que no se culpabilice al menor. “Cuando existen episodios de violencia entre menores lo que hay que pensar es que existe un fracaso en el sistema. El sistema es la sociedad y no esos menores que debían ser protegidos y tutelados. Si existiera coherencia en la educación que, por parte de todos se les transmite, los jóvenes no tendrían las contradicciones que manifiestan. A nuestra juventud no se les está impartiendo valores de solidaridad y de respeto para poder convivir en una sociedad en la que todos somos diferentes. Ante esta situación no se puede culpabilizar a los menores y sugerir que se radicalicen las normas punitivas hacia ellos, indistintamente de que haya que corregir esas conductas, pero hay que corregirlas trabajando con el menor que es violento y, evidentemente, con el que recibe la violencia, pero no estableciendo un derecho penal alternativo o paralelo al de los adultos. Hay que ir a la prevención y a la educación, y empezar a decirnos en qué medida somos responsables, cada uno en nuestro ámbito, de lo que está ocurriendo, y no culpabilizando a quien no tiene responsabilidad. Cuando las familias, los poderes públicos y los medios de comunicación tengan claro cuál es su nivel de responsabilidad, yo creo que encontraremos la solución”, asevera Henar Merino.

La Institución, defensora de la sanidad

La sanidad es una competencia que la institución de la Defensora del Pueblo ha tenido desde su fundación, “este año el objetivo en este área ha sido impulsarla y ponerla en conocimiento de los ciudadanos, dar una publicidad suficiente de que el defensor de la sanidad es esta Institución”, subraya Henar Merino.

Desde la Institución se ha recordado que las quejas se pueden presentar, incluso sin reclamación administrativa previa,  “que es un servicio distinto del Servicio de Atención al Usuario ya que este es la voz de la Administración”, matiza Henar Merino.

La Defensora del Pueblo de CLM ha estado en contacto con las asociaciones que representan a colectivos con determinadas dolencias, como Parkinson, Alzheimer, Fribromialgia, etc., haciendo propuestas sobre la cartera de servicios que está prestando el sistema sanitario para la mejora de los mismos; incluso para que se establezca un calendario de incorporación de nuevas prestaciones sanitarias. Desde la Institución se tiene una gran sensibilidad hacia estos colectivos.

La Casa Perona, sede de la Defensora del Pueblo

La sede de la Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha está instalada en un antiguo palacete del siglo XVIII, situado en la calle de la Feria de Albacete, conocido con el nombre de Casa Perona. Con la reconstrucción de este edificio se han conseguido dos propósitos: dar un marco digno a la Institución y recuperar para uso público un edificio histórico.

El edificio debió construirse en el último tercio del siglo XVIII, aunque sufrió transformaciones en el siglo XIX y más tarde en los años 30 del siglo XX, su última remodelación ha sido para adecuarlo a su nueva finalidad administrativa. Lo más significativo del edificio es su puerta principal, adintelada de sillería con una cornisa adornada con tres rosetas y dos rombos geométricos, sobre la que se encuentra el balcón principal en el que, a ambos, lados aparecen sendos escudos. También destaca sobre el tejado una torreta de tambor cilíndrico rematada por un chapitel metálico coronado con una veleta.

Una agenda llena de importantes proyectos

La Defensora del Pueblo tiene proyectos muy interesantes a corto plazo, en algunos de ellos ya están trabajando, como el informe presentado recientemente, solicitado dentro de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, sobre qué entendía la Institución que debía contener ese Estatuto.

Henar Merino, Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha, ha presentado una propuesta hablando de los derechos sociales y económicos de los ciudadanos y que se enunciaran de una forma más garantista y más concreta que lo que el propio capítulo III de la Constitución contiene, y que además refleje el desarrollo de los servicios sociales en esta región en los últimos 25 años, consolidado por leyes como la Ley de Menor, prestaciones a las personas mayores, etc. “Sobre todo, en esa propuesta se habla del derecho a la autonomía de las personas dependientes en los distintos colectivos, enunciando cuales son esos derechos prioritarios sociales y, desde el marco de la igualdad referido a colectivos, se habla de cuáles son los hilos conductores para conseguir la igualdad real de la exclusión social”, manifiesta Merino para añadir que “esta exclusión social, dependiendo de cómo se desarrolle la sociedad, va cambiando, hoy existe una y mañana otra. En este sentido, la Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha, Henar Merino, manifiesta que “la Institución ha hecho una propuesta para que, ante las nuevas exclusiones que surjan, los poderes públicos sean capaces de mover los obstáculos y exista una igualdad real”.

En otro orden de cosas, la Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha, tiene ya terminado un informe especial sobre menores, al respecto de la adopción internacional.

Otro proyecto importante de la Institución es la posibilidad de elaborar un informe sobre las prisiones en Castilla-La Mancha, ya que los presos se están dirigiendo a la Defensora del Pueblo reclamando mejores servicios relacionados con los derechos humanos.

El Consejo General del Poder Judicial les solicitó una ponencia para que valorasen los derechos humanos en las prisiones y, a raíz de ella, van a iniciar un informe visitando las prisiones y pasando un cuestionario de puntos concretos a mejorar. Este cuestionario se basará principalmente en el plano sanitario y en la formación profesional.

Otros estudios en los que está trabajando la Defensora del Pueblo de CLM, importantes para los menores, son la situación de los parques, jardines y las zonas de ocio de los jóvenes; y un informe sobre la contaminación acústica de las ciudades en relación con el ‘botellón’.