Los alcaldes de Pozohondo, Peñas de San Pedro y Alcadozo -Amparo Núñez, Antonio Serrano y Ángel Alfaro, respectivamente- han expresado en rueda de prensa su indignación por un escrito reciente del , en el que se les exige el pago de casi 9 millones de euros en total, para hacer frente a los costes de inversión realizados en la obra que conecta estas tres localidades con la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Albacete.

En concreto, el Ministerio, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, exige a Alcadozo el pago de 3.400.000 euros; a Peñas de San Pedro, 2.700.000 euros; y a Pozohondo, 2.500.000 euros. El pago se realizaría durante los próximos 25 años.

El alcalde de Peñas de San Pedro, Antonio Serrano, explicó que ya en enero de 2006 envió una carta a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en la que decía textualmente: “Manifestamos nuestra satisfacción por el inicio de las obras, pues aparte de solucionar nuestro problema presente y futuro de suministro de agua potable, lo consideramos como una compensación histórica para este pueblo por el paso del Trasvase Tajo-Segura bajo nuestro término y que llevamos demandando desde hace más de 20 años”.

La carta enviada por el alcalde de Peñas añade que “manifestamos la ausencia de documentación de esta obra en nuestro Ayuntamiento relativa al proyecto y a su financiación. Entendemos que la obra la realiza la Confederación del Júcar con presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente. En caso de no ser así, rogaríamos nos lo comunicaran, pues este Ayuntamiento no está dispuesto a asumir esta obra y su coste, por ser una deuda histórica con este municipio”.

La carta de 2006 termina diciendo que “solicitamos se nos confirme por escrito, pues este Ayuntamiento no soportará costes de amortización de la obra en el futuro. Si no se nos da esta garantía por escrito, y de forma clara, este Ayuntamiento deberá estudiar si permite o no la realización de esta obra”.

Dos años después de esta carta, el alcalde de Peñas de San Pedro denuncia que estamos “ante un atropello político, casi de un impuesto revolucionario que no vamos pagar, pues nuestros vecinos no van a financiar una obra en la que no han participado” y pidió a Barreda que no le mande “más jamones de varios millones de euros, pues tenemos la despensa llena”.

Antonio Serrano calificó como “venta de humo el acuerdo entre Barreda y Narbona en marzo de 2005, anunciando que disponían de 2.000 millones de euros para solucionar los problemas de abastecimiento de agua a los municipios”. Resulta que “si hay un problema de financiación para los Ayuntamientos, ahora somos nosotros, pueblos de entre 700 y 1.800 habitantes, los que vamos a financiar al Gobierno de la nación y a la Junta”.

Por su parte, Ángel Alfaro, manifestó que en Alcadozo, en ningún Pleno Municipal se había solicitado esta obra de emergencia, por lo que “estamos hablando de una estafa en toda regla, pues para cualquier obra, primero se pone el proyecto y lo números encima de la mesa, y luego se decide si conviene o no. En este caso, bienvenida sea la obra si se hace a coste cero para los municipios… pero ya vemos que no es así”.

Ángel Alfaro dijo que por qué los vecinos de Barcelona no hubieran tenido que pagar nada por el trasvase desde el Ebro anunciado la pasada primavera, con una inversión de 180 millones de euros, y que se financiaría íntegramente con dinero del Gobierno de la nación; y se preguntó si para el Ministerio de Medio Ambiente “los vecinos de Alcadozo somos diferentes a los de Barcelona”.

Apuntó también el alcalde de Alcadozo el dato de que todavía no se había pagado ni un céntimo a los propietarios de los terrenos expropiados para esta obra hidráulica.

Mientras, la alcaldesa de Pozohondo, Amparo Núñez, dijo que “la carta recibida por la Confederación Hidrográfica el pasado 4 de agosto ha sido un jarro de agua fría, por lo que luchararemos los tres alcaldes de manera conjunta para no hipotecar a nuestros Ayuntamientos durante los próximos 25 años”.