Según ha señalado el secretario general de UPA C-LM, , el pasado viernes el aprobó la toma en razón de las obras de emergencia de los pozos de sequía de Hellín para su explotación por los regantes murcianos, por un importe de 1,2 millones de euros, con el que se pretende “expoliar” los recursos de los albaceteños para “satisfacer las necesidades desmedidas de la región de ”.

Así, aseguran que dicha aprobación se ha hecho de urgencia, de manera que le ha permitido al Estado “saltarse” el informe de evaluación de impacto ambiental y desviar agua desde el acuífero Mingogil-Villarones hasta la comunidad vecina, de 9,9 hectómetros cúbicos anuales para unos usuarios que lo son “solo” del Trasvase Tajo-Segura, pero no de éste acuífero, al que pertenecen 32 municipios y unos 3500 regantes de Albacete.

“No podemos permitir que se pongan en marcha estas obras”, ha asegurado Morcillo, porque “si consentimos que se derive el agua hacia la vega baja se va producir un desequilibrio en la cuenta alta y aquí no tenemos más soluciones, mientras ellos tienen desaladoras”.

Por su parte, el presidente de la Plataforma de Regante y Usuarios de la cabecera del Segura, , ha denunciado además que a pesar de que el decreto de las obras de urgencia se aprobó el pasado viernes en Consejo de Ministros, ellos tienen “conocimiento y pruebas” de que ingenieros de la empresa pública lleven trabajando en equipar los pozos de Hellín desde hace veinte días “antes de estar presupuestadas las obras”.

“Se nos están esquilmando nuestros recursos y la postura del Gobierno es mezquina, porque nosotros hemos mandado las mismas solicitudes a la Confederación del Segura y al y la respuesta es que no hay lugar; sin embargo, lo solicita la comunidad de regantes del Trasvase, que no de la cabecera, y automáticamente se moviliza todo el Gobierno y hasta con carácter de urgencia”, ha asegurado Guillermo Sánchez.

Además, desde la plataforma, aunque reconocen que hay sequía agrícola, no entienden cómo la renta de las exportaciones de los regantes murcianos “han aumentado un 25 por ciento, mientras en Castilla-La Mancha cultivos como el almendro, el olivo o la viña han descendido en un 30 por ciento en la producción”.

“Cuanto más sequía tienen más producen y más exportan, y a nosotros no nos permiten nuestra supervivencia utilizando nuestros propios recursos”.El responsable de UPA ha añadido que agotarán todos los recursos legales posibles porque este es un hecho “grave y sin precedentes que vulnera toda la normativa”, pero que no es optimista ya que el Estado “siempre encuentra recovecos legales” que amparen su actuación.

Por ello, han hecho un llamamiento a todos los pueblos afectados, a los agricultores y a la Junta de Comunidades porque “si la sociedad no defiende su riqueza para seguir viviendo en sus pueblos poco podremos hacer”.