Llevamos muchos meses con el debate encima de la mesa sobre el copago sanitario o el copago farmacéutico y sobre la necesidad de implantarlo como un instrumento de racionalización del gasto público, todo inmerso dentro de un sistema sanitario universal y gratuito. Indudablemente este debate genera opiniones a favor y en contra. Lo que ocurre es que no todas las opiniones están igualmente fundamentadas. Pero eso es muy normal en nuestro país, de sanidad y de economía sabemos todos. Bueno, de fútbol también.

En la Comunidad Autónoma de Cataluña ya no hay debate. Acaba de aprobarse el copago farmacéutico. Se cobrará una tasa, pero no por acto médico, sino por cada receta que los usuarios de los servicios sanitarios presenten en la farmacia. Tasa que estará exenta para aquellos perceptores de pensiones no contributivas o de renta mínima de inserción. Seguramente no será la única Comunidad que lo haga y tampoco será la única tasa que se imponga.

Algunos colegas economistas afirman que es un consuelo pensar que este debate está a punto de terminar y que ese copago acabará por imponerse, con el objetivo de racionalizar un gasto sanitario a la deriva. Afirman que resulta absolutamente imprescindible, en una recesión como la que estamos viviendo en España, donde los impuestos no alcanzan para pagar a médicos y farmacéuticos. Además, califican este sistema como inocuo. Pero me pregunto yo, ¿inocuo? ¿estamos hablando de un copago o de un repago? ¿nos olvidamos que ya estamos pagando impuestos para satisfacer los servicios públicos básicos? ¿la sanidad no lo es?

Estoy absolutamente de acuerdo en que hay que analizar los costes de nuestra sanidad universal y gratuita, que hay que racionalizarlos, que seguramente hay que disminuirlos, pero eso no necesariamente debe ir asociado al establecimiento de ningún sistema de copago. Eso se llama gestionar los servicios públicos. No me cansaré de repetirlo. Aunque últimamente no veo indicios de gestión en casi ningún sitio. Gestionar los servicios no es modificar el sistema de recaudación para prestarlos, es otra cosa, es tomar decisiones sobre la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio. No es pasar la decisión de consumir o no ese servicio al ciudadano cobrándole o no por el mismo.

En este razonamiento de pagar por los servicios públicos no metemos en la coctelera, de forma diferenciada, de qué tipo de servicios estamos hablando, si son básico o no. Si los estamos financiando previamente con impuestos o no. Todo vale. Todo lo metemos juntos y le damos al “on”, lo mezclamos todo, y luego pensamos, si lo hacemos, para ver qué decisión tomamos. Casi siempre se trata de una decisión de eliminar el servicio o de imponer un precio al mismo. Que no digo yo que, en muchos casos, no habría que hacerlo, pero no en todos. No todos los servicios públicos están en el mismo saco.

Ya que se habla de la imposibilidad de mantener el sistema de prestación de servicios públicos de acuerdo a nuestro sistema tributario, antes de analizar la bondad o no de ese sistema de copago farmacéutico para racionalizar el consumo, elasticidad-renta de los servicios sanitario le llamamos los economistas, sería necesario que nos planteásemos si ese sistema tributario que tenemos es el idóneo para mantener los servicios públicos, y en este caso los sanitarios. Eso, permítanme, lo abordemos en otro momento, pero de nuevo, con medidas como las establecidas, centramos toda nuestra atención en el ámbito de los gastos del presupuesto público, pero no queremos oír hablar de cómo está establecido el sistema de recaudación de impuestos, que hace referencia a la parte olvidada últimamente en la que es el de los ingresos del presupuesto. Y esos impuestos a los que me refiero no son, obviamente, el copago.

Los defensores del copago, más que hablar del sistema de recaudación que supondrá la tasa impuesta al consumo de medicamentos, en el caso de copago farmacéutico (no hay un fin recaudatorio, pero los consumidores deberemos pagarlo), o al uso de los servicios sanitarios, en el caso del copago sanitario, hablan de los efectos positivos que tendrá esta medida para disminuir la demanda de estos servicios. Obviamente, revestido todo ello de un uso abusivo del sistema sanitario. Usamos la imposición para gestionar la demanda, irracional y abusiva, por supuesto.

Y no digo yo que eso no se vaya a conseguir, pero déjenme que les pida que se sienten a pensar y, quizás, a plantearse dudas al respecto. Pero, de cualquier forma, hay otros mecanismos que podrían racionalizar el gasto, en el caso concreto de lo que se nos está vendiendo últimamente, el farmacéutico.

Se afirma que la imposición de una tasa a las recetas pretende reducir la utilización abusiva del sistema sanitario. Además, como el consumidor, enfermo creo que se llama en este contexto, disminuirá su “necesidad de abusar” en el consumo de medicamentos, eso supondrá también una disminución de las consultas innecesarias, lo que implicará que los médicos podrán atender mejor a sus pacientes y mejorará el bienestar general de todos.

Yo no voy a poner en duda ese consumo abusivo de medicamentos y el coste que conlleva a las arcas públicas. Podríamos discutir mucho al respecto, y naturalmente dudar de esa afirmación, pero con el fin de no alargar estas reflexiones, prefiero asumir esa hipótesis de partida. Bien, una vez asumida, aunque nos cuesta, deberíamos plantearnos si la única forma de reducir ese consumo es gravándolo. Porque de gestionar el proceso ni hablamos.

Tal vez se podría conseguir el mismo efecto a través de gestionar mejor cómo se recetan los medicamentos y controlarlo. Y no es que sea culpa de los médicos, que no se preocupan de lo que están recetando, como se oye de forma demasiado habitual. Ya está bien de cargar las tintas en los profesionales, en los funcionarios, en los servidores públicos. Lo que hay que hacer es ayudar para que su trabajo pueda mejorar.

Un claro ejemplo en este contexto de copago farmacéutico estaría vinculado al control de las recetas que se expiden a los enfermos. El médico necesita de ese sistema de control. Un software lo resolvería. No debería plantear más dificultades que las propias técnicas de gestionar un servicio. Si un paciente lleva a cabo un consumo racional, no nos olvidemos que la racionalidad debe ser definida por los médicos, ese consumo no debería estar gravado por ninguna tasa añadida. Ya lo estamos pagando, en mi modesta opinión. Si ese consumo no es tan racional, consumo que quedará registrado en el sistema sanitario, todo lo que se solicite por encima de esa racionalidad (se han olvidado los medicamentos, se han perdido, los consumen otros familiares, no tienen nada que hacer y van al médico a pasar el rato, y tantas otras afirmaciones, a veces ciertas a veces gratuitas) debería estar gravado, tal vez no con una tasa, sino con el coste real del medicamento que se está expidiendo de nuevo. ¿Es lo mismo si a mí me recetan un medicamento, para una enfermedad crónica, que me debe durar para un mes y voy a que me lo vuelvan a recetar transcurrido ese mes, o si voy a los 15 días? Desde luego, con el copago sí. Con lo que propongo, sería sencillo, el propio software avisaría al médico y podría poner, de forma automática, una clave en la receta. Clave que incidiría en el precio que el usuario debería pagar por el medicamento y que sería controlada en la farmacia, cuando el medicamento se expida realmente. Esa clave estaría asociada a la racionalidad del consumo que se está haciendo de ese medicamento.

En mi opinión, esa forma de gestionar el servicio sí que incidiría en el consumo, puesto que el que lleve a cabo un consumo racional, el que tenga cuidado de los “servicios”-“productos” públicos, no se vería perjudicado. Solamente gravaríamos al que no cumple con la exigida racionalidad.

Dejaríamos de aplicar medidas tipo “café para todos” que tanto nos gustan en este país. Y deberíamos pensar por qué nos gustan tanto. Quizás está ligado a la mediocridad de quien no quiere complicarse la vida en gestionar lo que está bajo su responsabilidad. Si buscamos la reducción de un uso abusivo del sistema sanitario es necesario gestionar el sistema de otra forma, no gravarlo con tasas nuevas.