Con el objetivo de reducir el déficit de las cuentas públicas, la primera reforma que se lleva a cabo por el nuevo equipo de gobierno de España es el incremento del impuesto sobre la renta, justo lo contrario de lo que tenía previsto en su programa electoral. Además, a pesar de revestir esta modificación del IRPF de una fiscalidad progresiva, puesto que los incrementos son mayores cuanto más altos sean los niveles de sueldos, esta medida implica imputar los efectos de la crisis que estamos viviendo básicamente a las clases medias asalariadas. Son los que sufrirán lo que el Gobierno denomina como “recargo temporal de solidaridad”. El ministro de Hacienda ha asegurado que el Gobierno espera recaudar más de 4.100 millones suplementarios gracias a los mayores recargos sobre las rentas salariales, mientras que la aportación del capital rondará los 1.240 millones.

Aunque si bien es cierto que se modifica también la tributación de las rentas de capital, éstas parten de tipos fijos muchos más ventajosos que los aplicados a las rentas del trabajo, por lo que siguen manteniendo su posición de privilegio sobre aquellos que dedican su tiempo y su esfuerzo a generar riqueza y no a movimientos de naturaleza, en muchos casos, exclusivamente especulativa.

Con esta modificación, las rentas del trabajo siguen siendo tremendamente más penalizadas que las rentas de capital (un absoluto contrasentido volver a penalizar el esfuerzo frente a la especulación) ¿no sería conveniente modificar solamente los tipos marginales de determinado nivel de renta? ¿No habría que penalizar más a las rentas especulativas? ¿Qué sentido tiene modificar al alza todos los tipos a aplicar?

Además, estas medidas hay que enmarcarlas dentro del contexto de medidas que se están tomando en las Comunidades Autónomas, donde se está aplicando la tijera a la inmensa mayoría de servicios públicos, que en muchas ocasiones están dirigidos a la clases bajas o clases medias. A éstas se les presta menos servicios y, además, tienen que aportar la inmensa mayoría (más de dos terceras partes) de los nuevos recargos que se han diseñado por el nuevo equipo de Gobierno. No podemos hablar de déficit ajustando solamente uno de los lados del presupuesto: el de los gastos. Y muchos menos, además de eso, pedir a las clases a las que les estamos quitando servicios públicos que aporten más ingresos al estado, mientras que las clases altas y las rentas especulativas se siguen beneficiando. Cuando algunos yo he hablado de incrementar los ingresos, desde luego, no me estaba refiriendo a los ingresos derivados de impuestos que gravan básicamente a los asalariados.

Volviendo a lo que comentaba anteriormente, si hablamos de impuestos sobre la renta, llevamos a cabo una modificación del IRPF, pero ¿dónde está la reforma del impuesto sobre sociedades? ¿Está equilibrado el tratamiento de las rentas que se hace en España? ¿Rentas de personas físicas y renta de sociedades tienen las mismas consideraciones? ¿Ambas tienen tratamiento similar para deducciones, reducciones, créditos fiscales y otras figuras para rebajar el pago de impuestos? Quien conozca ambos impuestos tiene clara la respuesta. Indudablemente no.

Si analizamos las Cuentas Anuales de las empresas españolar, saber lo que éstas pagan realmente a Hacienda resulta tremendamente complejo. En primer lugar, porque las compañías reflejan en sus cuentas anuales el impacto contable de la tributación, que no tiene por qué coincidir exactamente con el pago efectivo a Hacienda. En segundo lugar, porque las grandes sociedades cotizadas son multinacionales que operan en diversos países, con distintos impuestos en cada nación y complicados flujos dinerarios entre las filiales que permiten minorar al máximo los pagos.

Pero a pesar de ello, hay un hecho obvio, el tipo impositivo aplicado realmente está muy lejos del 30% que figura en el impuesto de sociedades. Así lo pusieron de manifiesto los informes de auditoría del último ejercicio liquidado registrados en la CNMV por las diez principales empresas españolas por capitalización bursátil. Según los cálculos que hacen las propias compañías en sus memorias, el pago teórico, el que tendrían que realizar al tipo nominal del 30%, roza los 15.300 millones de euros. Pero la cantidad que llegó a Hacienda es mucho menor. El gasto por impuesto de las diez principales sociedades españolas ascendió a 12.242 millones de euros, lo que supone un tipo impositivo del 23,9% sobre el beneficio antes de impuestos. Es decir, seis puntos menos que el oficial, lo que equivale a más de 3.000 millones de merma. Todo ello, tras aplicar deducciones, reducciones, créditos fiscales y otras figuras para rebajar el pago de impuestos.

Además, ni siquiera esta cifra del 23,9% de tipo impositivo medio de las grandes firmas representa el pago real efectivo, porque no todo ese dinero salió realmente de la caja de las compañías. Efectivamente, una parte se pagó, pero otra corresponde a impuestos diferidos, que se reflejan contablemente porque se desembolsarán antes o después, pero que no suponen un abono en ese momento. Según la interpretación de varios expertos fiscales, esta partida debe descontarse. Y si se hace, el tipo efectivo de las grandes firmas nacionales se reduciría aún más, al 21%. Pero incluso el tipo del 21% está lejos de ser el pago real. Según la , los grupos consolidados españoles (y entre ellos están la mayoría de las grandes empresas cotizadas españolas) tributaron a un tipo fiscal efectivo medio del 14,5%, menos de la mitad del 30% nominal. Los últimos datos disponibles se refieren a la liquidación de 2008 y la tasa no ha subido desde entonces, sino que ha bajado incluso más.

Otra reforma que se hace es el incremento de bienes inmuebles para los dos próximos años, que afectará a las viviendas que se sitúen por encima del valor medio, un guiño a las administraciones locales.

El incremento se ha establecido de una manera progresiva del 10, 6 y 4% de forma que tendrá una mayor subida las que tengan una mayor antigüedad de la revisión catastral. El grueso del incremento recaerá en las viviendas cuya última revisión se produjo antes de 2002, ya que supondrá un incremento del tipo del 10% que afectará a 18,2 millones de inmuebles, con un incremento de la cuota de 665 millones de euros. En el caso de los inmuebles con revisión catastral entre 2003 y 2005, un total de dos millones de viviendas, experimentarán un incremento del tipo del 6% con una subida de la cuota de 53 millones de euros. El resto de los ingresos, de 200 millones de euros, proceden de un incremento del tipo de 4% sobre 4,8 millones de viviendas cuya última revisión castastral se produjo después de 2009.

Entiendo que esta medida no discrimina entre los que tienen una única vivienda considerada como vivienda habitual de los que han llevado a cabo procesos especulativos y han podido atesorar varios bienes inmuebles. La medida que se ha aprobado trata por igual a aquellos que han dedicado un buena parte de sus ingresos a disfrutar de una vivienda de aquellos otros que disponen de dicho inmueble por motivos de rentabilidad económica, no como medio de vida.

El artículo 47 de nuestra Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Además de que este objetivo de impedir la especulación, obviamente, no se ha cumplido, tampoco parece que se vayan a producir discriminaciones entre inmuebles para disfrutar de una vivienda digna y adecuada de otros que se tienen para generar ingresos a sus propietarios.

Afirmar que los cambios fiscales afectarán a los que más tienen durante los próximos dos años es una barbaridad. Realmente no se está gravando al que más tiene. Esto no es exigir más a los que más tienen desde el punto de vista patrimonial. Como comento, no se tiene en consideración la finalidad de la vivienda, aspecto que entiendo debería ser clave para cubrir esos desfases en el déficit público.

Es necesario analizar una reforma en profundidad del impuesto sobre el patrimonio para realmente lograr un objetivo de recaudación sobre los que más patrimonio tienen, personas físicas y jurídicas, cualesquiera sea la forma de propiedad de los elementos patrimoniales. Con reformas como la que se pretende del IBI se vuelve a penalizar de forma desigual a los que no se dedican a especular con sus ingresos.

Pero además, hablando de impuestos, nos centramos solamente en gravar las rentas del trabajo, ¿y un impuesto a los bancos? ¿Gravamos las transacciones especulativas? ¿De las donaciones volvemos a no hablar? ¿Qué hacemos con las SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable)? ¿Mantenemos los privilegios para los inversores que se constituyen como accionistas de una sociedad, con el objeto de la adquisición, disfrute, administración y enajenación de valores mobiliarios y otros activos financieros? Es necesario recordar que, actualmente, una SICAV tributa por el 1% de sus beneficios y este porcentaje se mantiene así. A la misma vez, los partícipes de la SICAV deben tributar por sus dividendos o por sus ganancias patrimoniales en sus respectivos impuestos sobre la renta o sobre sociedades en función de su forma jurídica. Pero, existen mecanismos, aunque algunos se han recortado, que permite diferir la tributación de dividendos o retirar fondos de una SICAV difiriendo el impuesto a ejercicio futuros.

Realmente no se han modificado los impuestos que afectan a las rentas más elevadas de este país, recayendo los esfuerzos, de nuevo, en las rentas del trabajo.