Casi nadie está poniendo en cuestión el tratamiento al que están siendo sometidos los empleados públicos por los recortes que se han hecho y se hacen de forma continuada en todas las Comunidades Autónomas, en la y, por supuesto, en la Administración estatal. Muchos colectivos del sector privado, preocupados por los ajustes que se producen en el mismo, indudablemente tremendamente graves, donde destaca el brutal desempleo existente, ponen en entredicho la estabilidad laboral de los empleados públicos, sus vacaciones, sus desayunos o sus días de libre disposición. También me parece preocupante la idea existente de que es un cuerpo vago, sobredimensionado y poco eficiente. Pero, no nos podemos quedar en estos comentarios, ni en las críticas que se realizan a este cuerpo de trabajadores, que a veces son justificadas, pero en la mayoría de ocasiones solamente se pueden justificar en una simple conversación de bar, puesto que muchos profesionales en el sector público son para quitarse el sombrero, comparable con los trabajadores más eficientes del sector privado. Tenemos que ir más allá y ver cómo se puede reestructurar la para ganar en eficacia y eficiencia.

Empecemos con la sobredimensión. El presidente de la patronal española ha vuelto a insistir en que sobran funcionarios en España y que hay que poder despedirlos igual que a los trabajadores de la empresa privada. ¡Yo creo que ese debe ser el objetivo! ¡Pues nada, pensemos en despedir, en lugar de crear empleo!.

Hay una opinión generalizada de que España es un país de funcionarios pero ¿más que Alemania, menos que Francia, igual que Grecia, el doble que Finlandia? En los diversos estudios realizados en el ámbito europeo, España se sitúa en la zona media, al mismo nivel que Alemania. Países que, en muchas ocasiones tomamos como referencia de cómo hacer bien las cosas, como Suecia, Finlandia, Bélgica, Francia, Holanda, Dinamarca están situados por encima de España, con mayor presencia del sector público en la población activa de la país. Con menos funcionarios que España hay 11 países, incluidos Luxemburgo, Reino Unido o Grecia. Los tres países de cola son República Checa, Rumania y Eslovaquia, donde un funcionario atiende a más de un centenar de habitantes. Por lo tanto, la crítica referida a la sobredimensión habría que contextualizarla más de lo que normalmente se hace. Deberíamos evitar hacer afirmaciones gratuitas puesto que no llevan nada más que a enrarecer el ambiente existente, sobre todo si vienen por parte de algunos representantes de colectivos bastante influyentes. En España, no sobran funcionarios, al menos en comparación con nuestros países vecinos en donde las cosas funcionan mucho mejor. Y eso es el resultado, principalmente, de que nuestro Estado de bienestar está menos desarrollado porque el gasto social es aquí bastante más bajo que en la Europa de los 15. Pero claro, supongo que Francia, Suecia y Dinamarca son un desastre de países. Nuestro modelo debería ser Hong Kong o Vietnam, sin pensiones, sin sanidad, sin seguridad social…

Otra cosa es que haya sobredimensión en Administraciones Públicas concretas. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Y es responsabilidad de nuestros dirigentes políticos reestructurar nuestra Administración para reubicar excedentes de trabajadores en sectores o servicios donde hay déficits. En mi modesta opinión, es necesario instrumentalizar la movilidad del funcionariado entre servicios dónde las competencias o capacidades que deban demostrar sean similares. Y esa responsabilidad de quien gestiona la Administración debe ejercerla ya.

Otro aspecto asociado a esa sobredimensión es la necesidad de una nueva reorganización de la . Es necesario evitar solapamientos y duplicidades a las que nos ha llevado nuestro estado de la Autonomías. Hay muchos servicios públicos que se prestan de forma deficitaria, o no se prestan, y sin embargo hay varias Administraciones que se dedican a lo mismo. Resolver este grave problema es un objetivo claramente político. Quizás deberían dedicarse a arreglar ese problema y no a hacer lo que, en muchas ocasiones, están haciendo. Deberíamos plantearnos, no es nuestras Autonomías, pero si su funcionamiento.

En relación a la afirmación referente a que el trabajador público tiene un trabajo de “por vida”, también habría que matizarlo. En la prestación de servicios públicos trabajan empleados que tienen diversas consideraciones: funcionarios de carrera, personal laboral, funcionario interino, personal directivo y personal eventual. Solo los de carrera (oposición) son los que comúnmente se entiende por funcionarios. Bien, dentro de la radiografía existente en la Administración Pública, más del 40% de servidores públicos no tiene un trabajo de por vida, al tiempo que crece la temporalidad a marchas forzadas. De todas formas, tener un trabajo estable, más que una crítica debería ser un objetivo a alcanzar por parte de todos los trabajadores de este país, reduciendo al máximo la temporalidad en el empleo.

Si hablamos de las condiciones laborales, si es cierto que cuentan con alguna ventaja, fundamentalmente la relativa a días de asuntos propios o particulares, que no disponen la inmensa mayoría de los trabajadores por cuenta ajena. Es discutible si el objetivo deber ser su eliminación o, caso contrario, luchar por conseguir esos derechos en los trabajadores por cuenta ajena. Pero creo que es un detalle mínimo en todo lo que hay que hacer para sacar este país de la crisis que está viviendo. Y mucho menos con el nivel de desempleo y falta de actividad económica existente.

Su jornada laboral, que de nuevo depende de las distintas administraciones, desde las 40 horas de los grupos altos a las 35 de la Seguridad Social con una media de 38 horas, por debajo de Austria (40) pero por encima de Finlandia y Holanda (36 horas), Francia y Portugal (35 horas) e Italia, cuyos empleados públicos son los que menos horas trabajan en Europa, con una jornada de 32,9 horas a la semana. Y si hay un problema de cumplimiento, pues para eso están los servicios de inspección. Por favor, que cumplan con sus funciones y abran los correspondientes expedientes a quien corresponda.

Vemos, por tanto, que la radiografía del sector público no plantea diferencias respecto a los países europeos más desarrollados, y si las hay, en ocasiones son para señalar que la presencia del sector público en países “más ricos” que España es mayor. Entonces, quizás podemos estar de acuerdo en que la reforma que hay que hacer en el sector público español no está vinculada solamente a la sobredimensión del sector o a las condiciones de trabajo de los servidores públicos. Además de la reestructuración en la prestación de servicios públicos, la reforma fundamental debería estar ligada a la búsqueda de una mayor eficiencia en la prestación de esos servicios. Eficiencia ligada a un incremento de la calidad de dichos servicios. Pero, para lograr una incremento de la eficiencia, necesitamos que los dirigentes sean verdaderos profesionales del ámbito que están dirigiendo. Tenemos un problema estructural en la Administración Pública española. La tiene un gran déficit de gestión. Hay pocos gestores profesionales de la cosa pública, que introduzcan los valores de costes, gastos e inversiones. Pero esa profesionalidad hay que exigirla desde la propia dirección, desde los ministros, consejeros, concejales, diputados, directores generales, vicerrectores … En ocasiones, en España parece que es complicado poner a profesionales que sepan de un tema en concreto en una “cartera” donde tengan que aplicar lo que saben. Si no logramos eso, difícilmente vamos a conseguir una motivación de los trabajadores públicos. Esta desmotivación es un grave problema que es prioritario resolver si queremos profesionales que se impliquen en la prestación de servicios. No puede ser que cuando alguien llega a un puesto directivo no tenga los conocimientos técnicos y profesionales para llevarlo a cabo. A lo mejor tenemos que crear la figura de ministros becarios, consejeros becarios, concejales becarios o vicerrectores becarios. Así es complicado buscar la eficiencia de nada.

Para terminar, aunque se podría estar hablando horas de este tema, otro aspecto que incide enormemente en esa eficiencia es el sistema de incentivos de los servidores públicos. ¿Qué diferencia hay en la Administración pública española entre un buen trabajador y un vago? ¿Cuál entre el juez que dicta 200 sentencias anuales y el que no dicta ninguna? ¿Y entre el catedrático que acude a sus clases y el que se refugia en supuestas investigaciones? ¿O, simplemente, entre el funcionario que llega tarde y se va pronto y el que cumple su horario? Además de desarrollar de verdad un servicio de inspección, es necesario reformar el sistema retributivo para premiar al que genera un valor añadido en su trabajo y consigue alcanzar los objetivos de eficiencia dentro de su ámbito de responsabilidad. La falta de evaluaciones, problema que no solo afecta a los servidores públicos, no es el mejor sistema para fomentar la eficiencia y la productividad, que es un problema de España en general.