El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas anunció el pasado martes en rueda de prensa esta OEP, anticipando con asombrosa precisión tanto las cifras globales a ofertar en los tres años -10.158 plazas en total- como su reparto sectorial: 4.818 para Sanidad, 3.443 para Educación y 1.897 para Servicios Sociales y .

Hay que subrayar en primer lugar que la OEP 2017-2019 no es un regalo del gobierno. No es ni siquiera una decisión del Gobierno, que simplemente está obligado a cumplir lo pactado en el Acuerdo Parcial de Recuperación de Derechos (APRD) firmado con CCOO, UGT y FSES en febrero de 2016; y que obligaba al Gobierno a agotar las ofertas de empleo público anuales en base a los límites máximos impuestos por el Estado.

Estamos en noviembre y, por un cúmulo de circunstancias -entre las que destaca la tardanza en aprobarse los Presupuestos de la JCCM para este año-, todavía no hemos negociado la OEP de 2017. Después habrá que negociar la de 2018 (CCOO pedirá que ambas ofertas se unifiquen, dado el mencionado retraso en la negociación de la de 2017).

La OEP de 2017 está aún sin negociar; y la del 2018 es aún una incógnita. Tal y como convinimos en el APRD, tendrá que agotar la tasa de reposición anual máxima que marquen los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo, que aún desconocemos y que ni siquiera está claro que vaya a haberlos, puesto que el PP no tiene garantizados los apoyos parlamentarios suficientes para aprobarlos.

La OEP de 2018 deberá además aprovechar el Acuerdo de Mejora de Empleo Público negociado y firmado (el pasado mes de marzo) por el Gobierno central y, entre otros sindicatos representativos de los empleados públicos a nivel estatal, por CCOO.

Las incógnitas sobre la amplitud de la OEP de 2018 se repiten, obviamente, en lo que respecta a la de 2019.

Así pues, el aventurero anuncio del señor hay que mantenerlo en el congelador. El consejero se ha tirado a la piscina avanzando un número de plazas a ofertar -10.158- que difícilmente coincidirá con la cifra final.

Si se llevara a cabo la aprobación de los Presupuestos Generales del 2018, se activará el Acuerdo de Mejora de Empleo y, por tanto, los números del señor Ruiz Molina podrían -deberían- aumentar. No podemos determinar en qué medida, pero sí que podrían aumentar. Y lo mismo cabe decir de 2019.

Además, la tasa de reposición que hay que agotar en cada OEP no es un número preestablecido ni predecible con exactitud. Requiere en cada año el cómputo de todas y cada una de plazas a reponer; una operación que implica sumar todas las situaciones que suponen pérdida de empleo de personal fijo de la administración (jubilaciones, fallecimientos, excedencias sin reserva de puesto) y restar todas las situaciones que suponen aumentar empleo en la administración (incorporaciones de excedencia).

Obviamente, en la negociación de cada OEP, exigiremos y revisaremos estos cálculos, para asegurarnos que los porcentajes aplicados son los máximos legales y que por tanto se cumple el APRD.

No parece en absoluto adecuado, señor Ruiz Molina, que se ponga usted a adivinar el futuro y venda como certezas sus azarosas profecías.

Tampoco resulta adecuado, señor consejero, que anuncie usted sus predicciones a los medios de comunicación, en vez de presentarlas primero a las organizaciones sindicales en las mesas de negociación. Solamente el SESCAM ha informado de sus cálculos para 2017 a los representantes de sus trabajadores en la correspondiente mesa sectorial. Ni Educación ni Función Pública han hecho lo propio en las mesas sectoriales correspondientes y en la comisión de seguimiento del Convenio Colectivo del Personal Laboral.

Así las cosas, con tantas equis por despejar ,y cuando ni se ha informado ni mucho menos negociado con los representantes legales de los trabajadores, parece del todo inadecuado que el Gobierno no sólo haya decidido y anunciado el número de plazas de empleo público a ofertar entre 2017 y 2019; sino que, además, haya decidido y anunciado qué plazas van a Sanidad, qué plazas van a Educación y qué plazas van a Servicios Sociales y Administración General.

El señor Ruiz Molina, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, debería saber que tanto la tasa de reposición como el cálculo de interinidad se realizan de forma global; y luego el reparto se lleva a cabo como se negocie y acuerde en cada ámbito. Con sus anuncios -aparentemente precisos, pero en realidad aleatorios- lo que ya ha hecho el señor consejero es negar margen alguno de negociación a la parte social, cuestión esta que nos parece no solo inadecuada sino inadmisible.

Aún hay margen para solucionar el desaguisado. Instamos al Gobierno a convocar inmediatamente las mesas de negociación y a dar toda la información y todos los detalles a las organizaciones sindicales.