El hispanista británico Gerarld Brenan, tras más de 20 años viviendo es España, escribió en los años cuarenta en su magnífica obra El laberinto español: “En lo que puede llamarse su situación normal, España es un conjunto de pequeñas repúblicas, hostiles o indiferentes entre sí, agrupadas en una federación de escasa cohesión, en donde siempre el problema político era el de alcanzar un equilibrio entre un gobierno central eficaz y los imperativos de la autonomía local”.

Como recuerda el constitucionalista , “el Estado español con la dinastía austriaca aceptó la pluralidad y la diversidad territorial y, en líneas generales, fue bastante respetuosa con la misma. Basta recordar, como el Reino de Aragón, integrado dentro de España, tenía sus propias Cortes Generales de la Corona de Aragón y, además, mantenía las Cortes territoriales de Valencia, Baleares, Cataluña y Aragón. También se puede destacar la autonomía financiera de los diversos territorios, durante muchos siglos. Así ni el Reino de Aragón, ni los territorios forales de Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya contribuyeron al sostenimiento de los gastos económicos del Imperio; este privilegio de los territorios forales se extendió hasta la Ley de 25 de octubre de 1838. Finalmente, tampoco puede olvidarse la amplia autonomía conferida a los diversos Virreinatos en América.”

Como vemos, la historia avala un pluralismo territorial que no debemos desconocer. Somos lo que somos por lo que fuimos.

Cierto que en España, por razones históricas que no viene al caso detallar, el federalismo se ha identificado erróneamente con la disgregación. Vestigios de la Primera República y su cantón de Cartagena. Esta es una de las principales razones por la que la Constitución de 1978 evitó adoptar de manera nítida para España esta forma de Estado y apostó por el modelo autonómico que, desde luego, ha tenido dos méritos fundamentales: aportar una solución temporal a la “cuestión territorial” de la que hablaba Brenan, y ayudar a consolidar el Estado del bienestar.

Pero el modelo está agotado y con tal carencia, ¿cómo proceder frente a la crisis institucional del Estado, a la vez que se lucha para salir de la crisis económica? La incomunicación que mostraron Rajoy y Mas, es metáfora de la nula voluntad de hacer algo en común que lleva consigo que despeguen propuestas secesionistas. Rajoy, mirando hacia otro lado, propone una recentralización del Estado promovido por el nacionalismo españolista de la derecha de nuestro país, y del que también es representante Cospedal. Urge elaborar una propuesta creíble de un nuevo modelo territorial, sabiendo que, por un lado, va en su contra el desastre de la política económica que se aplica y que, por otro, no bastará la mera ingeniería jurídica en torno a la Constitución.

Nuestro modelo de convivencia ya es materialmente federal desde hace años, pero no lo es formalmente y por ello no dispone ni de la coherencia que le daría su factura propiamente federal, ni de la legitimidad que le otorgaría su incorporación a la norma fundamental mediante un renovado pacto constitucional.

La falta de tradición democrática, hace que en España no tengamos una “cultura de la colaboración”, por lo que más allá de las previsiones normativas, existe la necesidad política de que las distintas instancias consideren la colaboración un buen cauce para resolver problemas comunes de carácter funcional en el ejercicio competencial, esto es, generar una nueva cultura política de proyección amplia que sustituya a la de “competición”, que se ha desarrollado hasta aquí.

En torno a esta colaboración, hay que consensuar una reforma constitucional, que en materia territorial asegure tres objetivos: un reconocimiento expreso de la singularidad de algunos territorios, que suponga un trato diferente a lo que es diferente sin pasar por la discriminación ni privilegio; un sistema de financiación más justo y equilibrado; y, a cambio, un refuerzo de los mecanismos de cohesión, declarando que es buena la inversión económica que se realiza en los Estados descentralizados, porque las decisiones que se toman en la cercanía de los territorios y de las personas son más eficaces.

Y esta reforma, con el armazón del federalismo social y cooperativo. Social porque se ha testado que la descentralización de las competencias ha acercado los derechos básicos y fundamentales de la sanidad, la educación y la dependencia, a la puerta de los hogares de la ciudadanía; y cooperativo porque tanto el Gobierno central como los regionales deben colaborar sostenidamente, cada uno en su zona competencial, poniendo en común sus respectivas facultades y recursos para conseguir que todas las personas que viven en el territorio, sientan el aliento de los poderes públicos promoviendo las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas.

Va a ser un proceso muy complicado, porque no sólo habrá que recomponer las relaciones políticas, sino también los afectos que se están deteriorando peligrosamente, apostando por la idea de que federar es unir en la diversidad, respetando las identidades compartidas de una España plural, en la que nos deberíamos reconocer conviviendo solidariamente.

Es el momento de empezar a hacer pedagogía. También en este tema nos jugamos el futuro. Aprovechemos esta crisis para darnos la oportunidad de culminar lo que comenzamos y no terminamos en 1978, y no nos dejemos amedrentar por la mezcla de pasiones y prejuicios con los que nos quiere envolver y confundir la caverna ideológica y mediática de este país. Seamos la ciudadanía bien formada e informada la que marquemos el paso.