El entró en el gobierno municipal anunciando que sobraban funcionarios (aprobó un Plan de ajuste que implicó el despido de más de 180 empleados) y acaban el mandato aprobando, a un mes de las elecciones, la oferta de empleo público municipal atrasada y convocando las medidas extraordinarias de empleo en un gesto que no puede calificarse más que de electoralista y uso partidista del gobierno, de los recursos públicos y del presupuesto.

Partidismo , por tanto, en las últimas convocatorias de plazas de empleo público y búsqueda de réditos electorales, por parte del gobierno municipal del PP que ha aprobado dos planes de creación de empleo a las puertas de la campaña electoral del próximo 24 de mayo.

De despótica hay que calificar la actuación del PP pues han justificado sus recortes y despidos como Cospedal “para salvar los servicios públicos”. El PP ha gestionado en materia de personal sin tener en cuenta los derechos de los trabajadores. Así se demuestra por los múltiples despidos del albaceteño que han sido desautorizados por los tribunales de justicia, condenando al Ayuntamiento a pagar cuantiosas indemnizaciones.

Hace escasos días, un fallo judicial volvía a poner en cuestión la política de personal del PP en el Ayuntamiento de Albacete. Un trabajador del Consistorio al que le restaba poco más de un mes para ser despedido, tendría que ser indemnizado con más de 59.000 euros tras ser revocado su despido, que había sido declarado improcedente, lo que obligaba al Ayuntamiento de Albacete a indemnizarle, ya que había decidido no readmitirle, pues en caso contrario estaría obligado a pagarle los salarios de tramitación desde el 30 de abril de 2013.

El anterior no es el único caso al que se ha tenido que enfrentar el en el Ayuntamiento de Albacete. Los trabajadores del Proyecto de Prevención de Conductas Antisociales en Jóvenes (PCAS), que fueron despedidos sin indemnización, tuvieron que acudir al , y una vez que este ha dictado sentencia, el Ayuntamiento ha dejado pasar los plazos estipulados sin contestar.

Sentencias e indemnizaciones que son un claro ejemplo de la falta de sensibilidad del PP, cuya política de personal se ha regido, de manera exclusiva, por criterios de ajuste presupuestario, dejando al margen a personas y servicios públicos. La portavoz de plantea “con el dinero empleado para indemnizar a los trabajadores despedidos de manera improcedente se les hubiera podido mantener en sus puestos de trabajo, al menos hasta final de la presente etapa de gobierno”.

Desde su llegada a la Alcaldía, el PP ha practicado el clientelismo sobre todo, en la política de nombramientos y promoción de funcionarios de su confianza a puestos de responsabilidad. El más sonado fue el nombramiento de una funcionaria imputada en el caso Guateque a la que se promocionó a la Jefatura de servicio de . Pero además, otras jefaturas de servicios están pendientes de los tribunales (Recursos Humanos) y, en otros casos, los procesos se han desarrollado buscando el éxito de la candidata propuesta por el equipo de gobierno y sin seguirse los principios de mérito y capacidad que deben presidir todo proceso de provisión de puestos de trabajo. Este último es el caso de la Dirección de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento en cuya designación se ha premiado la antigüedad en puestos anteriores obtenidos sin concurrencia competitiva, por encima de los méritos y capacidad objetivamente acreditados.

Otro eje de las actuaciones en la materia ha sido la falta de diálogo y negociación con la parte sindical y con la oposición pues muchos de los acuerdos mayoritarios en la mesa de negociación han sido desoídos por el equipo de gobierno. Por ejemplo todas las propuestas de amortización de plazas, el propio plan de ajuste, las bases de muchas de las plazas de movilidad, o los despidos improcedentes para los que se pedía la readmisión son acuerdos que ha incumplido el PP.

Pero no solo es criticable la política de despidos, también la de contrataciones, que se ha regido por el amiguismo, el compadreo y la afinidad ideológica, antes que por los principios de igualdad, mérito y capacidad, que deben primar en las actuaciones de las administraciones públicas.