La violencia de género es la manifestación más cruel e inhumana de la desigualdad entre mujeres y hombres. Es, simple y llanamente, la muestra de una sociedad enferma que, de no tratarse este problema (tan grave como transversal), jamás estará destinada al progreso, sino abocada al sufrimiento. Y, para curar una enfermedad, hay que abordarla en dos frentes simultáneos: las medidas que eliminen el mal de quien ya la sufre y las que prevengan que una sola mujer más tenga que verse sumida en tal infierno.

Constituye una vulneración de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales que defienden la radical igualdad entre hombres y mujeres; atenta contra nuestro Estado de Derecho; y nos debilita como democracia. La labor de los gobiernos y de las instituciones ha de ser la de reforzar todos los mecanismos de prevención, atención, apoyo y protección a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos, y encabezar la lucha contra una situación que es indigna para una sociedad que también es maltratada cada vez que lo es una mujer.

Resulta crucial la implicación de los hombres para erradicar la violencia de género, siendo capaces de romper las estructuras patriarcales que nos han proporcionado privilegios a costa de discriminar a la mitad de la población: las mujeres. Rechacemos conductas deleznables, pequeñas tiranías, o violencias de ‘baja intensidad’; desterremos los micromachismos que pueden no parecer dañinos, pero cuyo poder devastador alimenta la desigualdad, caldo de cultivo del terrorismo machista; utilicemos la mejor herramienta para combatir la violencia de género: la educación en valores igualitarios desde la cuna.

La ciudadanía debe asumir su protagonismo en esta lucha. Debemos aislar, señalar y repudiar a los maltratadores, a los violentos, a los que atentan contra la democracia cada vez que atentan contra una mujer.

Hace ya muchos años que conseguimos superar el concepto de ‘violencia doméstica’ para definir la ‘violencia machista’ como algo que competía exclusivamente al ámbito del hogar: asuntos ‘privados’ en los que no había que meterse, y que quedaban estrictamente relegados a la relación privada y familiar que se daba ‘desde la puerta del domicilio hacia dentro’.

Y es que la violencia machista no tiene cabida en la sociedad que queremos ser, ni en la democracia que queremos consolidar. Y eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas, no es una opción, es una obligación.

El combate contra la violencia machista y la atención a las víctimas no podrá avanzar sin mecanismos de coordinación entre las diferentes Administraciones con competencias en la materia. Todas las instituciones hemos de remar juntas en ese objetivo, por encima de planteamientos políticos y estrategias, y en ello estamos.

La Diputación que presido está plenamente comprometida por hacer todo cuanto esté al alcance para afrontar este reto mirando a nuestras localidades. Por eso nació nuestra ; y un I Plan Provincial que comenzaba a andar en este camino que seguimos transitando, con estudios que nos permitan diagnosticar la situación en los municipios en materia de igualdad y guiarles; y llegar al II Plan Provincial con el deseo de que sus principios inunden esta ‘Casa’ y sus políticas, y que calen en cada uno de nuestros pueblos.

y el aprobaron hace más de un año las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con un amplio consenso entre todos los grupos parlamentarios. De las palabras se ha pasado a los hechos y del inmovilismo a la acción. El actual ha activado los 200 millones de euros del Pacto de Estado y ha impulsado los cambios legislativos necesarios para empezar a poner en marcha las medidas más urgentes.

También Castilla-La Mancha ha sido siempre pionera en esta batalla, como ha demostrado recientemente el impulsando la Ley 4/2018 ‘por una sociedad libre de violencias de género’, que amplía la protección a todos los escenarios y manifestaciones de la violencia de género.

Y es que la violencia de machista nos interpela a todas y a todos. No un solo día, sino todos los días del año.

Masip - Presidente de la Diputación