La polémica en torno a la supresión o no de las diputaciones provinciales, la labor que han desempeñado en el pasado y cuál debe ser su futuro son asuntos de plena actualidad y son debates que desde el grupo provincial en la Diputación de Albacete no vamos a esquivar.

No ha ayudado a encarar esta cuestión –ni a afrontar la necesaria reforma y mejora urgente en la gestión de las diputaciones- los casos de corrupción ligados a las mismas, el clientelismo generalizado y la opacidad en su gestión, pero sobre todo el descrédito creado por la presencia en el gobierno de las diputaciones de los grandes partidos tradicionales (PP y PSOE). El bipartidismo tradicional ha actuado como una auténtica burbuja política concentrando su poder y ejerciéndolo de forma hegemónica a través del gobierno de las diputaciones. Más concretamente y simplificando el asunto: en el caso de Castilla-La Mancha quién manda (o dirige) en el PP o en el PSOE de cada provincia, gobierna la diputación correspondiente, si además coinciden y lo hace con mayoría absoluta de diputados/as, se produce una auténtica “posesión” del gobierno.

Tampoco se puede obviar que se trata de entidades locales cuyos responsables, diputados y diputadas, se eligen de forma indirecta (por los concejales/as electos, no por el voto ciudadano directo). Cualquier cambio en esta institución, u otra que se estableciera, debe pasar por la elección directa de sus representantes. Desde luego no todo es negativo y cabe reconocer que durante los últimos años han sido las únicas administraciones que se han ocupado y han apoyado a los pequeños municipios.

Varias formaciones políticas afrontaron las elecciones generales del 2015 incluyendo propuestas sobre las diputaciones en su programa electoral. IU-UP recoge expresamente la eliminación de las diputaciones y la asunción de sus competencias por otras entidades locales; Podemos apuesta por la supresión, mediante la progresiva asunción de las competencias y recursos por otras administraciones y la coordinación de las comunidades autónomas; Ciudadanos recoge en su programa suprimir las diputaciones provinciales. Y el acuerdo PSOE-Ciudadanos incluye, entre las medidas de reforma urgente de la Constitución, la “supresión de las diputaciones provinciales de régimen común y creación de Consejos Provinciales de Alcaldes para la atención al funcionamiento y la prestación de servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia respectiva”.

Pero la supresión o la sustitución de las diputaciones, dada la aritmética parlamentaria, más plural y sin mayorías hegemónicas, no es posible a corto y medio plazo. El artículo 137 de la Constitución Española (CE) establece la organización territorial del Estado incluyendo las provincias otorgándole autonomía para la gestión de sus intereses. El artículo 141 de la CE señala que la provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado, y encomienda el gobierno y la administración autónoma de las provincias a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo.

El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en su artículo 29 incluye a las provincias en la organización territorial de la Región y les dota de autonomía para el gobierno y la gestión de sus intereses. Y el artículo 30.2 del mismo texto legal establece que el gobierno y la administración autónoma de las provincias corresponde a las diputaciones.

Toca afrontar la transformación de las diputaciones con el objetivo puesto en el mejor desarrollo de sus competencias, prioridades y optimización en la gestión de los recursos, presupuesto y personal. Es el momento de dirigir la institución y sus recursos a la creación de un auténtico instrumento al servicio de los municipios, de la cooperación local para mejorar de los servicios básicos que reciben los vecinos y vecinas de los municipios de la provincia.

Consideramos un debate estéril quedarnos en la supresión o no de las diputaciones, en el que parece haberse puesto el punto de mira por los partidos que debaten sobre la formación de gobierno. Una mirada interesada porque el PP y una parte del PSOE están apoltronados desde hace mucho tiempo en las diputaciones, más allá de que su gestión haya sido más o menos eficaz o satisfactoria. El inmovilismo en este asunto (la ausencia de reforma en las diputaciones, la negativa al cambio) responde, ni más ni menos, que al intento de mantener prebendas, privilegios y clientelismos partidistas.

Pensando en lo inmediato, -y ante la lejanía de una mayoría parlamentaria que afronte una reforma constitucional que pudiera suprimir las diputaciones-, trabajamos por una gestión de las diputaciones, en concreto la de Albacete, eficaz y transparente, al servicio de la gente de la provincia, en la que se evalúe bien cada euro de gasto, cada contrato, cada proyecto y cada inversión. Nos preocupa la mejora de los servicios y la calidad de atención, el respeto a los derechos de los empleados y la eficiencia del presupuesto, para que cada ayuda o subvención tenga un objetivo acorde con las competencias y los fines de la institución; donde la norma no sea la concesión directa de Presidencia de dichas subvenciones, ni la excepción la libre concurrencia; donde todos los servicios, obras y planes estratégicos respondan a procedimientos reglados de tal forma que sea imposible que en su prestación o concesión haya distinción dependiendo del color político de turno de la Diputación o de qué partido gobierne en cada ayuntamiento.

Sin renunciar a la posible vía de la supresión o sustitución de las diputaciones (algo que debe hacerse, en todo caso, respetando los empleos públicos y garantizado los servicios básicos que se prestan a los municipios), toca trabajar en lo inmediato en la transformación progresiva de las mismas, en concreto en la Diputación de Albacete, para que su gestión y el desarrollo de sus competencias responda a sus fines y alcance sus objetivos como instrumento al servicio de los municipios y no de otros intereses impropios que desnaturalizan y ponen en cuestión el propio sentido de la institución. Sobran ejemplos en todo el país para explicar la mala imagen y el descrédito de las diputaciones entre los ciudadanos/as que, en gran parte, se han ganado a pulso por la gestión de los responsables en los últimos años.

Desde el grupo provincial Ganemos-IU trabajamos para que la Diputación de Albacete se oriente a los fines que ya se recogían en las conclusiones del Libro Blanco para la Reforma del de 2005:

“(…) las diputaciones han de ser eficaces instrumentos al servicio de los municipios para aquellas actuaciones para las que éstos no tengan capacidad suficiente o en aquellos otros casos en que quieran mejorar la calidad de los servicios que están prestando (…) la diputación debe ser una institución de cooperación con los municipios, y debe orientar toda su actividad a hacer efectivas las demandas municipales”.