El artículo 1967.4ª del Código Civil, que aún conserva la redacción dada en el año 1889, establece que, por el transcurso de tres años, prescribe la posibilidad de reclamar el cumplimiento de las obligaciones de pago siguientes y cuyo plazo se cuenta desde que se dejaron de prestar los servicios respectivos:

• Abonar a los “posaderos la comida y habitación”. Esto es: el dueño del restaurante, bar, cafetería, hotel, hostal, camping, casa rural…, que no haya cobrado al cliente de turno el importe de la factura resultante una vez transcurridos tres años desde que prestó el servicio, no podrá reclamar nada a dicho cliente, que en consecuencia, y valga la expresión, habrá comido o dormido “gratis total” en el establecimiento en cuestión.

• Abonar a los “mercaderes el precio de los géneros vendidos a otros que no lo sean o que, siéndolo, se dediquen a distinto tráfico”. Esto es: las actuales sociedades mercantiles en cualesquiera de sus formas sociales (SL, SA, SAL…) no podrán reclamar el pago de los productos vendidos a los clientes que no tengan el mismo carácter mercantil o que, pese a tenerlo, su objeto social sea distinto al de la vendedora. Por ejemplo, y aprovechando que en tierra de vinos nos encontramos, la bodega (SA) que vende (y no cobra en dicho acto en efectivo metálico, sino mediante pagaré) veinte cajas de buen vino de la Tierra de Castilla a la persona física que las adquiere, no podrá exigir el pago de todo ello si pasan tres años desde la entrega.

Al igual que ocurrirá si la venta y entrega por dicha bodega se realiza a una sociedad mercantil, que no tenga el mismo objeto social, y adquiere doscientas cajas del mismo vino para regalárselo a sus clientes por cualquier motivo.

En todos los casos antes citados, el Código Civil contempla la compraventa de cosas muebles y habida cuenta de la exclusión del ámbito mercantil que se hace respecto de dichas operaciones. Motivo: la ausencia de reventa posterior a tercero de las cosas compradas, con la obtención de correspondiente lucro económico.

Ejemplo de ello se recoge en la sentencia de la Ilma. Audiencia Provincial de Albacete, de fecha 18-11-2002, donde el Tribunal desestima el recurso de apelación interpuesto por el actor que ve desestimada su pretensión al considerar el juzgador “a quo” (el de primera instancia) la excepción de prescripción, por lo que se alza en segunda instancia (el actor) en reclamación de cantidad en virtud de contrato de compraventa que dice ser mercantil, por lo que la prescripción  excepcionada no sería la de tres años (se dice). La Sala entiende no encuadrable el negocio llevado a cabo como compraventa mercantil por lo que desestima la pretensión confirmando la sentencia de instancia, sobre reclamación de cantidad por importe de 30.398.500 de las antiguas pesetas y, en consecuencia, absuelve al demandado de todos los pedimentos que contra él se realizan. De dicha sentencia fue Ponente el Ilmo. Sr. Presidente D. Eduardo Salinas Verdeguer.

En dicho procedimiento se acreditó que en el contrato que motivaba la acción (la entrega de la posesión de diversas máquinas para la confección de calzado a cambio de la entrega de una cantidad de dinero inicial, más pagos mensuales sucesivos de dinero y que, al terminar, la maquinaria sería propiedad de la parte que había pagado el dinero) sólo podía calificarse como de compraventa atendiendo a las prestaciones a que se obligaban una y otra parte y con independencia de la denominación que le dieran (de arrendamiento financiero o leasing, se dijo por el actor, o de compraventa mercantil en vez de civil).

Pero como las ventas para que se califiquen como mercantiles requieren que las cosas muebles se adquieran para revenderlas, con ánimo de lucrarse en la reventa tal como dispone el artículo 325 del Código de Comercio, y, en este caso, consta que las cosas no se adquirieron para revenderlas se impide calificar la venta como mercantil. Por ello se califica el contrato como de compraventa y civil con pago aplazado, donde el vendedor es comerciante y el comprador no.

Otra sentencia, digna de ser recordada, también dictada por la AP de Albacete, desestimó la demanda presentada por una empresa fabricante y vendedora de neumáticos y ruedas contra el transportista que las había adquirido y las había instalado en su vehículo camión. Acogiendo el mismo argumento que el antes citado y ante el hecho objetivo y acreditado de que el transportista, pese a utilizar el vehículo en el ejercicio de su actividad, tenía una actividad distinta a la de la empresa vendedora. Se dedicaba a distinto tráfico.

En tal caso, se dejó pasar el tiempo durante el cual, sin duda, la acción sí que se hubiese estimado y, en contra del resultado final, sí que se hubiese podido conseguir el cobro de la cantidad debida.