La reciente sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de fecha 21 de marzo de 2007, ha resuelto declarando la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado a resultas del fallecimiento de dos personas (conductor y ocupante) como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido en la Carretera Nacional IV, en el que se vio involucrado un vehículo que, al pasar por una balsa de agua existente en la calzada, perdió el control del vehículo al hacerle “aquaplaning”.

Ha resultado probado y acreditado que el tramo donde se produjo el accidente era ligeramente curvo hacia la derecha. El firme estaba en buen estado de conservación y mantenimiento, mojado por la lluvia. Pero en el lugar exacto donde se produjo el accidente existía un tramo, de unos 50 metros de longitud, cuyo asfalto presentaba deficiencias en su contextura (se había desgranado), motivando con ello que la lluvia intensa caída formase una ligera balsa de agua en dicho punto. La velocidad genérica de la vía era de 120 kilómetros por hora, sin que existiese señal indicadora del límite de velocidad específica, ocurriendo el accidente en un día, nublado con lluvia intensa, sin viento estimable que pudiera afectar al accidente, sin que se apreciasen, al encontrarse la calzada mojada por lluvia, huellas de derrape o fricción en el pavimento.

Se ha establecido y achacado a la Administración un defectuoso e inapropiado mantenimiento del servicio dado, en lo que a la conservación y mantenimiento de la vía se refiere, que ha sido tachado por el Tribunal Supremo como irregular. Circunstancias estas que escapan a la voluntad del conductor, por lo que tal circunstancia anómala e inesperada, constituida por los defectos y consiguiente inundación de la calzada atribuibles al servicio público, son ajenas a la voluntad del conductor, y que se presentan inopinadamente dado que, por su naturaleza, no se pueden prever ni controlar en sus consecuencias.

De forma que el vertido del agua en la calzada y el estado de ésta contribuyeron decisivamente a su embalsamiento y, con ello, a la producción de daño (accidente y fallecimientos), a resultas de un inadecuado y deficiente servicio. El ya abundantemente declarado carácter objetivo de la responsabilidad de la Administración impone que la prueba de la concurrencia de acontecimientos de fuerza mayor, o de circunstancias demostrativas de la existencia de dolo o negligencia (responsabilidad) de la víctima, suficientes para considerar roto el nexo de causalidad corresponde a la Administración; pues no sería objetiva aquella responsabilidad que exigiese demostrar que la Administración que causó al daño procedió con negligencia, ni aquélla cuyo reconocimiento estuviera condicionado a probar que quien padeció el perjuicio actuó con prudencia. En análogo sentido se expresa la sentencia de 15 de marzo de 1999, y las que en ellas se citan, así como la de 6 de abril de 1999, ambas del Tribunal Supremo, conforme a las cuales, en caso de alegación de culpa de la víctima, toda la carga de la prueba de la existencia de tal responsabilidad pesa sobre la Administración.

En definitiva, en dicho supuesto, lo único acreditado ha sido la anómala prestación del servicio público en una autovía nacional que contaba con los defectos ya indicados que, sin señalamiento de ningún tipo, se presenta al conductor que circula de modo normal pos la vía, de forma inopinada, impidiéndole adoptar ninguna medida de precaución y adecuación a esa imprevista circunstancia ante lo brusco e inesperado de su aparición. De modo y manera que la culpa del accidente ha de atribuirse en su integridad a la Administración, a la que corresponde reparar el perjuicio en el total importe del daño producido.

Ha sido aplicado, en consecuencia, el artículo 106.2 de la Constitución Española, que establece que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Únicamente, indicar para finalizar que, con posterioridad del accidente y mucho antes del dictado de la sentencia comentada y la condena que en ella se recoge contra la Administración del Estado, los cincuenta metros de longitud que presentaban un estado deficiente ya habían sido reparados.