Indudablemente, no con el esquema y voluntad política actual. Si comparamos la evolución de las necesidades de la sociedad, desde la Transición, con los medios que el Estado ha puesto a su disposición, creo que no es aventurado afirmar que el servicio público a la es el que menos ha sido dotado de medios humanos y económicos, respecto del resto de servicios públicos. Es más, muchísimos servicios públicos han tenido una progresión geométrica, mientras que el Servicio público a la Justicia ni siquiera la ha tenido aritmética.

Me explico, se ha avanzado notablemente en el servicio público a la Sanidad y Seguridad Social: con sus carencias, el servicio público de salud es gratuito para toda la población y se presta en condiciones que podríamos calificar de dignas; el personal que atiende nuestros hospitales y ambulatorios está reconocido profesionalmente y se ha dotado en general, y se está dotando, de excelentes instalaciones y material de altísima tecnología al compás de los avances en el descubrimiento y tratamiento de las enfermedades y las causas que las generan. El servicio a la enseñanza pública, con sus ajustes y mejoras, que indudablemente requiere, se presta a la totalidad de la población, cuenta con colegios, institutos y universidades con personal cualificado y con medios suficientes, otra cosa será la política de enseñanza de materias, que desastrosa para unos es suficiente para otros. Los servicios públicos de transporte, tanto locales, regionales y nacionales, con su correspondiente extensión en infraestructuras de carreteras y ferrocarril. Servicios de suministro de energía, de telefonía, de telecomunicaciones. Y así un largo etcétera…

En la Justicia, la voluntad de la política o de los políticos de turno tiene una preocupación básica, que desgraciadamente no siempre es la de dar servicio al ciudadano, que consiste en manejar los hilos que controlan los Órganos del Poder Judicial y la designación política para los Altos Tribunales. Los ensayos de Montesquieu acerca de la división de poderes, plasmados en la totalidad de las constituciones democráticas europeas, no siempre son objeto de respeto y con suma facilidad e irresponsabilidad el poder ejecutivo pretende invadir, e invade, la independencia del poder judicial, intervención casi siempre desgraciada y amparada en el falso supuesto de que los Altos Tribunales y los Órganos del Poder Judicial deben representar las mayorías de las urnas, olvidando que precisamente la independencia del poder judicial es un contrapeso en democracia que, entre otras actuaciones, impide el exceso de las mayorías.

Llegados a este punto, el retraso y la dilación indebida en los procesos judiciales es un término que, debiendo ser excepcional, se convierte, cuando hablamos de trámites judiciales, en un término coloquial. Incluso se ha llegado a asumir por administrados y profesionales como algo habitual y ocurre, como ha ocurrido en estos días, que sólo cuando hablamos de hechos puntuales que afectan a la vida de las personas, la Justicia se convierte en hecho noticiable, motivando un formidable escándalo, al que el político de turno acomete afirmando que “se depurarán todas las responsabilidades…” Y yo me imagino, que, como casi siempre, se buscará un “cabeza de turco” al que la sociedad, por mano de sus políticos, ajustará las cuentas, aplicará un castigo ejemplar y quedaremos emplazados hasta la próxima… Hablando de “cabezas de turco” recuerdo aquel joven factor de Renfe, casi “mileurista” al que se achacó, imputó y se le condenó como único responsable directo de la muerte de los viajeros del tren TALGO, motor diesel, de única vía, que por cierto, a día de hoy, sigue siendo de diesel y de única vía, espero al menos que se haya cambiado el talkiwalki que no funcionaba.

De manera que el problema de la falta de medios, de personal y de organización seguirá exactamente igual y seguiremos con las mismas carencias, e incluso agudizadas por mor de la huelga de los funcionarios de justicia, a los que no se le satisfacen sus más que razonables pretensiones. Lo tienen difícil estos funcionarios, pues su huelga no es la de los servicios de limpieza del aeropuerto o de las calles ni tampoco la de los controladores aéreos que no dejan salir ni aterrizar aviones ni las de los conductores de metro y autobuses que impiden que los trabajadores lleguen a sus puestos de trabajo, situaciones éstas que exigen una negociación inmediata, fulminante para que la vida cotidiana vuelva a la normalidad; la suya es una profesión aplicada a un servicio público que no impide la normalidad cotidiana, pero es como el colesterol, que no duele ni se ve, por eso no despierta una queja fulminante y generalizada en la sociedad, pero causa daños impresionantes si no se le trata.

Vivimos, legislamos y nos organizamos a fuerza de golpes, de desastres, de injusticias, y al menos en Justicia nos hace falta algo más… No se puede convertir al Juzgador en embudo de botella de todo el sistema judicial, encomendando la friolera de 600 ó 700 procedimientos civiles al año a un solo juez o de dos mil diligencias penales; no podemos depender de servicios de notificaciones y diligencias inútiles e ineficaces; no podemos discriminar a los funcionarios en función del territorio; no podemos seguir prescindiendo de los sistemas informáticos más avanzados, por caros que resulten…; no podemos… seguir así.