Los Administradores de Fincas Colegiados, para facilitar su conocimiento y ofrecer la máxima colaboración a la Agencia Tributaria, están informando a las Comunidades de Propietarios que gestionan sobre la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de , que establecen el uso de medios electrónicos como único sistema para que la Comunidad de Propietarios se relacione con las Administraciones Públicas. En el supuesto de que no cumpla con esta obligación, serán responsables la propia Comunidad y el Presidente, y su incumplimiento conllevaría una importante sanción económica. Pese a la labor de información y divulgación que se realiza, la Administración Tributaria no valora la aportación de los Administradores de Fincas ni tiene en consideración las peculiaridades de las Comunidades de Propietarios cuya gestión se complicará notablemente.

La actuación profesional de los Administradores de Fincas Colegiados se desarrolla, fundamentalmente, en el ámbito de la vivienda, las comunidades de propietarios y las urbanizaciones. Por ello, El CGCAFE ha propuesto a la Agencia Estatal de Administración Tributaria que la manera más ágil de que las comunidades de propietarios empiecen a cumplir con su obligación de recibir las notificaciones telemáticamente y agilizar, al mismo tiempo, la ejecución de sus obligaciones fiscales, sería otorgando representación a los Administradores de Fincas Colegiados, quienes obtendrían directamente el certificado digital el cual quedaría vinculado al del propio Administrador de Fincas Colegiado para que fuera éste quien reciba todas las notificaciones a través de su propio certificado digital.

Con esta medida el Administrador de Fincas Colegiado representaría a la Comunidad de Propietarios para personarse ante la o ante cualquier organismo para aportar la documentación y firmar todos los documentos que fueran necesarios para la obtención del certificado de usuario para las relaciones con la Administración.

EVITAR EL COLAPSO EN LA AGENCIA TRIBUTARIA

Aunque con esta fórmula se facilita la obtención del certificado al evitar la presencia de los presidentes de las comunidades de propietarios, no evita la masiva presencia en las diferentes oficinas de la Agencia Tributaria de los 15.000 Administradores de Fincas Colegiados, que, en palabras de , presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas –CGCAFE-, “tendrían que acudir decenas de veces cada uno a identificarse para la obtención de los certificados de sus clientes, por lo que hemos propuesto, también, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la posibilidad de cotejar las actas en las que consta el acuerdo de representación a favor del Administrador de Fincas Colegiado en los diferentes Colegios de Administradores de Fincas. Esta Acta cotejada se puede firmar digitalmente y remitir electrónicamente a la Agencia Tributaria a través del certificado digital del Administrador de Fincas Colegiado. Con ello evitaríamos un colapso en las oficinas de la Agencia Tributaria y otras entidades públicas”.

PROTEGER A LOS CONSUMIDORES

Si estas propuestas realizadas por el CGCAFE no fueran asumidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se deberían de buscar fórmulas alternativas con empresas privadas que prestan este tipo de servicios con el consiguiente coste para los usuarios finales, es decir, las Comunidades de Propietarios, extremo que, en palabras de Salvador Díez, contribuiría “a una desprotección de los consumidores y usuarios en un derecho constitucional como es la vivienda, extremo que agravaría aún más la situación de muchos propietarios que cuentan con ingresos económicos mínimos o nulos por la situación económica y laboral actual, y que repercutiría en una mayor morosidad en las comunidades de propietarios”.

Los Administradores de Fincas Colegiados, en su servicio a los ciudadanos, ponen a disposición de las comunidades de propietarios que no cuenten con un Administrador de Fincas Colegiado, sus servicios de asesoría a través de los Colegios Territoriales de Administradores de Fincas, para que puedan ser informados de todas las posibles obligaciones fiscales que puedan afectar a sus inmuebles.