La comunidad rohingya es una minoría étnica, predominantemente musulmana, formada por alrededor de 1,1 millones de personas que viven sobre todo en el estado de Rajine, situado en el oeste de , fronterizo con Bangladesh.

El estado de Myanmar ha discriminado y perseguido a la comunidad rohingya durante décadas. La base racial de los ataques contra los rohingya y su claro objetivo de dominación, segregación y aislamiento de esta población, ha llevado a la conclusión de que constituye un régimen de apartheid.

El ejército de Myanmar ha llevado a cabo la mayoría de las atrocidades. En Myanmar, el ejército tiene un largo historial de violaciones de derechos humanos contra minorías étnicas y religiosas que quedan impunes.

El ejército incendia de forma selectiva pueblos enteros rohingya, mata a cientos de mujeres, hombres y niños rohingya, viola a mujeres y niñas rohingya y comete contra ellas otras formas de violencia sexual. Las fuerzas armadas llevan a cabo “operaciones de limpieza”, caracterizadas por amplias y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, incluyendo matanzas ilegales, tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, secuestros de mujeres y niñas jóvenes y detenciones arbitrarias. Además, las autoridades de Myanmar deniegan a los rohingya el acceso a los campos y mercados de arroz, roban su ganado y restringen al acceso a la ayuda humanitaria.

Todo ello ha motivado que los rohingya estén abandonando Myanmar. Durante esta huida, continúan los abusos ya que las fuerzas de Myanmar sistemáticamente les roban en los puestos de control su dinero y posesiones, asaltan a las mujeres sexualmente buscando bajo su ropa dinero o joyas escondidas. Amnistía Internacional también denuncia que las fuerzas de seguridad de Myanmar colocaron minas antipersonas a lo lardo de la frontera con Bangladesh. Estas minas están prohibidas por la Convención sobre la prohibición de minas antipersonales de 1997.

Si bien el éxodo rohingya desde Myanmar hacia Bangladesh está teniendo lugar al menos desde 1970, el número de llegadas se ha incrementado de forma significativa coincidiendo con periodos de violencia. Tras la crisis de finales de 2017, la estima que más de 688.000 personas refugiadas rohingya han huido a Bangladesh. En su inmensa mayoría, llegan heridas, hambrientas, traumatizadas y necesitan con urgencia ayuda humanitaria, como alimentos, cobijo y atención médica.

El 5 de diciembre de 2017 tuvo lugar una sesión extraordinaria del dedicada a la situación de los derechos humanos de la población rohingya, los musulmanes y otras minorías en Myanmar. Se adoptó una resolución por la que se condenaba las violaciones de los derechos humanos que se habrían cometido contra la comunidad musulmana en Myanmar. Amnistía Internacional había presentado una comunicación oral al Consejo para saludar la iniciativa y en la que informaba sobre aparheid en Myanmar y la impunidad en la que se está cometiendo.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de Myanmar que:

• Garanticen el acceso libre y sin restricciones al Estado de Rajine –y las regiones del Norte- a todas las organizaciones humanitarias internacionales y locales, a periodistas independientes y a observadores internacionales.

•Se comprometan a que las personas refugiadas y desplazadas pueden regresar a sus hogares voluntariamente y de manera segura y digna, sin discriminación de ninguna clase, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.

•Inicie con la máxima celeridad una investigación imparcial, independiente y eficaz de todas las denuncias creíbles de violaciones de derechos humanos internacionales y crímenes de derecho internacional.

•Libere de inmediato a las personas que han sido secuestradas o detenidas de algún otro modo, a menos que sean acusadas de un delito internacionalmente reconocible y remitidas por un tribunal civil independiente.

•Se detenga inmediatamente el uso de minas antipersona

•Se condene inequívocamente toda apología del odio nacional, racial o religioso que conlleve la incitación a la discriminación, hostilidad o violencia y tome medidas eficaces para abordarlas y contrarrestarlas.

•Revise todo el marco legislativo para garantizar que ningún ciudadano sufrirá ninguna discriminación basada en la raza, color, origen étnico, género, lengua o religión; y que se garantizará el derecho de movimiento y los derechos económicos y sociales, en concreto a la asistencia sanitaria, a la educación, a una alimentación adecuada, a instalaciones de agua potable e higiene, o el derecho a la participación en la vida pública.

• El ejército cese de inmediato su campaña de violencia y violación de los derechos humanos contra la población civil en el Estado de Rajine.