Según Anpe, la abogada general señala, entre otros argumentos, que el cese de los funcionarios interinos al comienzo de las vacaciones de verano contraviene el acuerdo de 10 de marzo de 1994, alcanzado entre la Dirección General de Personal y Servicios del Ministerio de Educación y Ciencia y el sindicato.

Ante las tres cuestiones “prejudiciales” planteadas por el al , todas ellas relacionadas con los ceses del profesorado interino en los meses de verano desde el curso 2011-2012 en la región.

La abogada general ha propuesto al que, en su futura sentencia, declare opuesto al derecho de la Unión Europea a la “práctica nacional conforme a la cual los docentes nombrados en calidad de funcionarios interinos, en el sentido del Derecho español, para todo un curso escolar son cesados al finalizar el período lectivo, mientras que la relación de servicio de los trabajadores fijos comparables a estos efectos se mantiene, no quedando tampoco en suspenso”.

Anpe, como único firmante de dicho acuerdo, ha venido denunciando en todos los foros, incluido en los tribunales, la vigencia de este acuerdo de 1994 para el cobro de los meses de verano por parte del profesorado interino con más de cinco meses y medio de nombramiento a 30 de junio. “Tras varios años luchando por recuperar dicho acuerdo, celebramos que se abra una vía esperanzadora tras conocer las conclusiones de la Abogada General”, ha señalado el sindicato.

Anpe espera que la sentencia que emita el Tribunal de Justicia de confirme y ratifique las conclusiones de la Abogada General del Tribunal, “lo que tendría una gran importancia y relevancia” para el profesorado interino de toda España al dar validez al acuerdo de 1994 sobre el nombramiento del profesorado interino en los meses de verano y que venía siendo de aplicación en varias comunidades autónomas.