En un comunicado, ANPE ha denunciado que esta propuesta confirma que las nuevas instrucciones de modificación de las plantillas y las medidas impulsadas por el Gobierno regional son “insuficiente para revertir los recortes” y que, además, “continúa con nuevas supresiones y amortizaciones” de docentes en los centros educativos públicos de Castilla-La Mancha.

Según el sindicato, “fruto de los recortes de los últimos años” son “340 los maestros suprimidos, desplazados y provisionales actualmente en Castilla-La Mancha, a los que hay que añadir 60 maestros menos en la plantilla jurídica de los centros públicos, fruto de la diferencia entre creaciones y supresiones para el curso 2017-2018”.

AMORTIZADOS Y CREACIONES EN ENSEÑANZAS MEDIAS

En concreto, en Enseñanzas Medias, se parte de 510 amortizados de años anteriores y “no dejan de alarmar” las 93 amortizaciones propuestas para este próximo curso, incluyendo las 28 supresiones de maestros en , ha recriminado ANPE.

Con respecto a las creaciones en Enseñanzas Medias, el número se reduce “a sólo 126 para el próximo curso”, las cuales, a juicio de ANPE, “no son reales”, pues han asegurado que muchas provienen de supresiones de plazas de maestros en Secundaria, algunas son desamortizaciones de plazas amortizadas años anteriores y otras son creaciones reales por la implantación de enseñanzas.

“Es una absoluta irresponsabilidad del actual Gobierno regional obviar la situación tan complicada de la que se parte y ahondar aún más en la misma”, ha señalado ANPE, que ha exigido negociar un Acuerdo de Legislatura que contemple, entre otras medidas, la reducción inmediata del horario lectivo y la disminución de la ratio.

Para ANPE es “imprescindible también la negociación de un acuerdo de plantillas, que solucione los desajustes que hay entre la plantilla orgánica de los centros y la plantilla real de los mismos”, así como los “efectos negativos del incremento de horarios y de ratios sobre las plantillas”.

Además, el sindicato de docentes ha considerado que, para los docentes suprimidos, amortizados, desplazados o provisionales, se deberían negociar y establecer unos criterios para que no queden en situación de “indefensión laboral”.