Tras analizar el texto, Artemisan ha presentado las alegaciones correspondientes al considerar que esta norma sería gravemente lesiva para los intereses públicos y privados afectados por el Parque Nacional, ha informado en nota de prensa.

En primer lugar, Artemisan recuerda que cuando se cumplen casi veinte años desde la declaración del Parque Nacional, aún no se haya elaborado un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales previo al PRUG que ahora se somete a información pública. “Un documento que para esta entidad tiene un carácter esencial”.

Además, desde la Fundación Artemisan se considera que el PRUG “impone graves limitaciones de uso”, prohibiendo la caza, la alimentación suplementaria a las especies cinegéticas y limitando la construcción de nuevas edificaciones e instalaciones. “En definitiva, prohíbe o limita una serie de usos tradicionales que se han venido desarrollando en Cabañeros desde tiempo inmemorial”.

“A esto se suma que aún no se han formalizado acuerdos con los propietarios para indemnizar las limitaciones de uso, fundamentalmente la prohibición de cazar, que constituye uno de los recursos principales de las fincas afectadas y que perjudica no solo a los propietarios de las mismas, sino también a la creación de empleo en la zona, dado que muchos de ellos tienen su principal fuente de ingresos en la caza, ya sea directamente o a través de los subsectores asociados a esta actividad”, argumenta.

La Fundación recuerda que un informe elaborado por la sobre la evolución de la zona de influencia de Cabañeros desde su declaración como Parque Nacional desvela que en este periodo los 6 municipios afectados han perdido casi un 19% de la población, mientras que el paro ha aumentado más de un 40% en la última década.

Este documento añade que “la declaración de Cabañeros como Parque Nacional fue un hito en sus respectivas comunidades autónomas en cuanto a conservación de la naturaleza en general y del monte mediterráneo en particular, por los altos valores naturales que los justifican y representan en ambos casos. Sin embargo, desde el punto de vista del desarrollo del territorio y tras el análisis de los datos sociodemográficos antes expuestos, se detectan problemas estructurales de gran entidad que no parecen haber disminuido con la declaración y gestión de ambos espacios protegidos”.

“Todo esto se podría ver agravado de salir adelante el PRUG en los términos en los que está planteado”, apunta, por lo que ante esta situación, la Fundación Artemisan avanza que en el caso de que no se rectifique ese documento durante su tramitación, la entidad emprenderá las acciones judiciales oportunas exigiendo su declaración de nulidad por los motivos de forma y de fondo que indican en sus alegaciones.