En este sentido, García ha pedido que las administraciones públicas tengan “mayor coordinación” para optimizar los recursos, para que, de esta forma, se hagan “políticas más integrales hacia las personas”, por ello ha pedido que haya mayor coordinación entre las mismas para optimizar los recursos y así hacer “políticas más integrales hacia las personas”.

La presidenta de ASPACE ha destacado que las administraciones públicas deben poner a los afectados por parálisis cerebral “en el lugar que les corresponde”, ya que, a su juicio, hasta que esto no se produzca “no habrá de la sociedad el respeto que se merecen como ciudadanos”.

García ha lamentado que los centros asistenciales dependan de recursos económicos anuales por parte de las administraciones, ya que “no se puede vivir siempre pendiente de lo que va a pasar el año que viene”, por cuestiones como que se “tumben o no los presupuestos”, algo que, según ha dicho, “a la hora del cobro ha repercutido”, por eso ha pedido que cuando se tomen decisiones “se tomen para todos”.

Es por ello que ha dicho que llevan años intentando conseguir el cuarto grupo de discapacidad, ya que se trata de “paralíticos cerebrales y a la hora de trabajar hay que hacerlo de forma individual”, ya que “cada persona tiene la discapacidad en un grado u otro”. En este sentido, ha lamentado el coste que supone la adquisición de material, algo “sangrante”, ya que no se puede permitir, a su juicio, que las sillas de ruedas “cuesten entre 3.000 y 6.000 euros”.

PREJUICIOS Y FALSOS MITOS

De otro lado, la presidenta de la , Carmen Navarro, ha asegurado que hay cerca de 50.000 personas en la región que conviven con una enfermedad mental grave, es por ello, que ha lamentado que las personas con problemas mentales “encuentran obstáculos basados en prejuicios y falsos mitos”.

Navarro ha aseverado que para quien tiene problemas de salud mental “el trabajo es un camino hacia la normalidad”, ya que en estos casos tener empleo o conservarlo “tiene un función terapéutica”, ya que, a su juicio, “cambia el rol de enfermo a trabajador”, por ello ha pedido a la Administración que se convoquen plazas específicas para personas con enfermedades mentales.

La presidenta ha reivindicado un aumento en los recursos residenciales y de vivienda, el aumento de los programas de empleo y formación, la recuperación de la financiación de los talleres prelaborales, así como campañas de sensibilización contra el estigma que sufren estas personas, además del respeto a la voluntad de los pacientes sobre los tratamientos que reciben y acciones para la igualdad de oportunidades y contra la violencia de género.