Las entidades financieras que se han adherido al Código de Buenas Prácticas (CBP) para la protección de deudores hipotecarios en riesgo de exclusión social han recibido 568 solicitudes durante el primer trimestre de aplicación de la medida.

De las 100 entidades que suscribieron el CBP, solo 28 declararon haber recibido solicitudes, entre ellas no se encuentra , grupo formado por , , Cajastur y CCM, según el primer informe de evaluación elaborado por la Comisión de Control, y consultado por Europa Press.

En dicha Comisión están representados el , el , la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la .

Los datos hacen referencia al periodo que se extiende desde el 11 de marzo hasta el 30 de junio de este año y la distribución geográfica de las solicitudes, teniendo en cuenta la residencia de los solicitantes, pone de manifiesto que cuatro territorios —Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid— concentran el 72,71% de las peticiones, con 158, 107, 77 y 71 solicitudes recibidas.

En el otro extremo nos encontramos el caso de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuyos residentes no habrían efectuado ninguna solicitud, según el informe, consultado por Europa Press.

Con menos de diez solicitudes se encuentran, además de las citadas Ceuta y Melilla, las comunidades de Asturias, País Vasco, Extremadura, La Rioja, Navarra, Baleares y Cantabria. El conjunto de solicitudes de residentes en estos territorios supone el 4,23% del total de solicitudes.

El resto de las comunidades: Murcia, Aragón, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Canarias y Galicia, acumulan el restante 23,06% de las solicitudes.

RECIBIDAS Y RESUELTAS

El informe indica que de las 568 solicitudes recibidas desde el 11 de marzo y hasta el 30 de junio de este año, 283 se encontraban pendientes de resolver al finalizar el trimestre, es decir, un 49,8% del total.

De las 285 solicitudes cuya tramitación finalizó, las entidades resolvieron 278 que correspondían a préstamos y créditos con una deuda pendiente de 36,5 millones de euros. En los siete casos restantes el solicitante desistió.

Y de las 278 solicitudes resueltas, en ocho casos se ha producido la dación en pago y la consiguiente extinción de la deuda. En 44 casos se ha llevado a cabo una reestructuración de la deuda pendiente de pago. El resto de solicitudes (226) han sido rechazadas por la entidad porque el deudor no cumplía las condiciones requeridas.

En sus conclusiones, la Comisión de Control destaca que un trimestre es muy poco tiempo para evaluar el funcionamiento del CBP, y entiende que, una vez conocidos los resultados del segundo trimestre, se podrá efectuar una valoración más ajustada de su aplicación. En ese momento, añade, habrá que valorar las causas que podrían repercutir tanto en el número de solicitudes presentadas como en el elevado número de operaciones denegadas.