Así lo han puesto de manifiesto en declaraciones a los medios el secretario regional de la , ; el secretario regional de la Federación de Industria y Construcción de UGT, Carlos Duque; y , asesora jurídica del CERMI.

Estas organizaciones han mostrado su preocupación por la proliferación de estaciones desatendidas en Castilla-La Mancha ya que desde el año 2014 hasta la fecha, el número de centros de suministro de carburantes en la región ha aumentado en 329, lo que supone un crecimiento del 36 por ciento en cinco años.

Sin embargo, han asegurado, desde el año 2014 hasta la fecha, el número de trabajadores de estaciones de servicio, según los datos de la Seguridad Social, ha aumentado en 12 personas, lo que supone un crecimiento del 0,45% en cinco años. “La aparición de 329 puntos de venta debería haber generado en la región 1.645 nuevos puestos de trabajo y no 12”, han lamentado.

“El impacto de este modelo de negocio sin atención y sin seguridad para los usuarios, está generando una merma demoledora en la creación de empleo, produce competencia desleal contra las estaciones con personal, merma la seguridad, accesibilidad y protección de la ciudadanía en Castilla-La Mancha”, aseguran estas cinco organizaciones.

Explican que ha sido a partir de 2013 cuando la proliferación de estaciones de servicio desatendidas ha sido más patente en Castilla-La Mancha ya que una normativa a nivel estatal facilitaba su apertura.

No obstante, recuerdan que en Castilla-La Mancha existe un decreto del año 2005 que obliga a las gasolineras a disponer en la propia instalación, mientras permanezca abierta y en servicio, al menos de una persona responsable de los servicios que en ellas se prestan.

En 2017 el Gobierno de Castilla-La Mancha constituyó una Mesa sobre Estaciones de Servicio para elaborar un nuevo decreto para regularlo, mesa que posteriormente abandonaron CCOO y UGT cuando, según los sindicatos, el Gobierno pretendía autorizar las gasolineras desatendidas alegando a normativa europea que obligaba a liberalizar el sector.

Estas organizaciones han solicitado al Gobierno de Castilla-La Mancha que en el nuevo decreto, hoy en trámite, se mantenga la obligación de que las gasolineras dispongan, al menos, de una persona responsable.

Finalmente, han advertido de que las gasolineras desatendidas son un “gran peligro” para la ciudadanía y limitan el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones.