Ruiz Molina así lo ha manifestado durante la reunión de la Conferencia Sectorial para asuntos de la Seguridad Nacional, que se ha celebrado en Moncloa, bajo la presidencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, , según ha informado la Junta en nota de prensa.

Durante el transcurso de la reunión, la primera que se celebra en esta legislatura de esta Conferencia Sectorial, tras su constitución formal en diciembre de 2018, Ruiz Molina ha señalado que los importantes retos de seguridad nacional exigen la colaboración, coparticipación y corresponsabilidad de las diferentes administraciones.

En esta línea, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha ofrecido la colaboración y participación de Castilla-La Mancha en el ejercicio de seguridad nacional que se desarrolle este año.

Por otra parte, Ruiz Molina ha aprovechado este encuentro para manifestar la preocupación del Ejecutivo autonómico por la falta de efectivos de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha, lo que “se está convirtiendo en un problema de orden público” en determinados puntos de la región.

Cabe recordar al respecto que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha propuesto suscribir un convenio con el por el que la Administración regional asumiría la rehabilitación de las instalaciones de la Guardia Civil en los municipios castellanomanchegos y la garantizaría el aumento de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la región.

La Conferencia Sectorial para Asuntos de Seguridad Nacional, en la que se dan cita el Estado y representantes de las comunidades autónomas y de las ciudades de y , es un foro de diálogo y entendimiento en cuestiones que afectan a la protección de los derechos, libertades y bienestar del ciudadano, la defensa de España y sus compromisos internacionales.

Entre las cuestiones de interés común relacionadas con la seguridad nacional que trata esta Conferencia Sectorial están los procedimientos técnicos para asegurar la recepción de la información sobre seguridad nacional de carácter general por parte de las comunidades autónomas y la articulación de la información que estas han de aportar al Estado, las fórmulas de participación en los desarrollos normativos sobre seguridad nacional y los problemas planteados en la ejecución de la política de seguridad nacional.