El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, presentó hoy al Consejo de Salud de Castilla-La Mancha, el anteproyecto de la Ley de los Derechos y Deberes de las Personas en Materia de Salud que pretende unificar y ampliar en una sola norma asuntos como el derecho a la intimidad, a la confidencialidad y el acceso a la documentación clínica, el respeto a la autonomía y voluntad del enfermo o el derecho de los profesiones de los centros sanitarios.

Lamata, que presidió la reunión del Consejo Regional de Salud destacó la importancia de desarrollar en Castilla-La Mancha un marco regulador más completo que considere el principio de autonomía de la persona como eje básico de la labor clínico y asistencial. “Se está consolidando el cambio de cultura en la relación médico y paciente, donde los ciudadanos tienen cada vez más información y responsabilidad sobre su salud y, sin duda, más capacidad de decisión sobre ella”.

El anteproyecto regula y desarrolla con rango de ley derechos relativos a la intimidad y confidencialidad, a la información y documentación sanitaria y los relacionados con los servicios asistenciales, como la segunda opinión médica o la libre elección de especialista. También se hace referencia al consentimiento informado y las voluntades anticipadas, la participación de los ciudadanos en el ámbito de la salud o los derechos de los profesionales en los centros, servicios y establecimientos sanitarios. Por último, se dedica un capítulo específico a los deberes de las personas en materia de salud.

El Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja desde que asumió las competencias sanitarias en enero de 2002 en potenciar los derechos de los pacientes como eje básico de las relaciones clínico-asistenciales.

Se ha aprobado una ley que garantiza tiempos máximos de espera (90 días para intervenciones quirúrgicas, 7 días para pruebas diagnósticas y 15 días para primeras consultas), que si se sobrepasan el paciente tiene derecho a ser atendido en una clínica de su elección sin coste alguno para él; se ha puesto en marcha en Puertollano (Ciudad Real) una experiencia piloto de participación ciudadana directa en la gestión sanitaria, que se extenderá a toda la región, ha entrado en vigor la segunda opinión médica y la declaración de voluntades anticipadas; y se han incorporado nuevas prestaciones gratuitas y ayudas económicas para mejorar la calidad de vida enfermos crónicos, como, por ejemplo, los pacientes de hemodiálisis, celiacos, diabéticos o parapléjicos, además de nuevas prestaciones gratuitas en materia de salud bucodental para más de 200.000 niños de entre 6 y 15 años.

Desfibriladores

En la reunión, los miembros del Consejo de Salud de Castilla-La Mancha también conocieron el contenido del proyecto de decreto por el que se regula el uso de desfibriladores semiautomáticos externos por los primeros intervinientes, que son las personas que tienen contacto inicial con el paciente en situación cardiorrespiratoria en un lugar no sanitario, alertan al centro de emergencias e inician las maniobras de soporte vital y la desfibrilación de forma inmediata mientras llegan los equipos de asistencia de urgencias y emergencias.

La nueva norma, en fase de elaboración, pretende regular la formación que debe tener la persona para estar autorizada a usar un desfibrilador semiautomático externo y la creación de un registro de entidades no sanitarias que deseen instalar estos equipos técnicos sencillos y seguros, capaces de analizar el ritmo cardiaco e identificar las arritmias susceptibles de desfibrilación y que administran de forma semiautomática la descarga eléctrica requerida sin la necesidad de la intervención de un profesional sanitario cualificado.

Por último, también se dio a conocer el borrador del proyecto de decreto por el que se regula la certificación técnico-sanitaria del transporte sanitario por carretera, la propuesta de anteproyecto de presupuestos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha para 2009 y la memoria de este organismo autónomo correspondiente a 2007.

Todos estos proyectos normativos fueron aprobados de manera favorable por el Consejo de Salud de Castilla-La Mancha.