no deja de incurrir a diario en las mismas ilegalidades al menos desde 2012, y parece una norma del departamento saltarse el convenio colectivo a la torera, independientemente de qué partido o qué persona esté al frente”, ha mantenido el responsable del Sector Autonómico de CCOO en la región, , y tal y como ha informado el sindicato en nota de prensa.

La última sentencia, dictada el pasado 20 marzo por el juzgado de lo Social número 2 de Guadalajara a demanda de la presidenta del Comité de de Bienestar Social en esa provincia, (CCOO), da la razón a los servicios jurídicos de Comisiones y cita que “las medidas adoptadas por la Administración consistentes en modificaciones de horarios, turnos y libranzas del personal laboral contravienen el artículo 12.1.a) del convenio colectivo” —que permite a la Administración modificar turnos, horarios, jornadas y libranzas “por necesidades del servicio”.

Los ‘hechos probados’ que fundamentan esta sentencia incluyen “hasta cinco denuncias del comité ante la Inspección de Trabajo” entre mayo de 2012 y diciembre de 2015, y las cinco respuestas de la Inspección constatando “la veracidad de los hechos denunciados y requiriendo a la Administración a adoptar las medidas organizativas necesarias a fin de evitar un uso abusivo del artículo 12 del convenio”.

Sin embargo, según este sindicato, el Gobierno, presidido entonces por , hizo “caso omiso” de los requerimientos de la Inspección de julio y septiembre de 2012, agosto de 2014 y abril de 2015.

Ahora, con el actual Gobierno, la misma sentencia señala que sólo en el año 2016 “se impusieron en los tres centros dependientes de Bienestar Social de la provincia de Guadalajara 1.164 cambios de turno aplicando el artículo 12.1 del convenio colectivo”.

MÁS DE 1.700 TRABAJADORES

La Consejería de Bienestar Social gestiona los centros asistenciales de la región en los que prestan servicio más de 1.700 trabajadores laborales —entre auxiliares sanitarios, personal de servicios domésticos, personal de cocinas, de mantenimiento u ordenanzas—. Se les aplica el VII convenio colectivo del Personal Laboral de la Junta —aunque actualmente se está negociando el VIII-.

A juicio de la presidenta del en , , la Administración “se aprovecha de que trabajamos en centros asistenciales y saben que no se van a dejar sin cubrir servicios porque hay un trato directo a personas mayores”.

“Esta manera de actuar de la Administración no sólo no implica ningún ahorro económico, sino que encarece los costes de personal en la prestación del servicio”, ha advertido Laguna.

“Cada vez que la Administración reclama a uno de sus trabajadores que por necesidades del servicio haga la tarea correspondiente a una plaza vacante, tiene que compensar las horas extras realizadas con el 75 por ciento del precio de la hora ordinaria, más un día de libranza”, ha explicado. Por este motivo, “sale más caro que contratar sustitutos”.

Además, los trabajadores acumulan de un año para otro “muchos días libres que no encuentran la manera de disfrutar”, ha subrayado la presidenta del Comité.

El sindicato no descarta “ni seguir denunciando estos hechos ante la Inspección, ni seguir acudiendo a los tribunales a ver hasta dónde es capaz la Administración de aguantar actas vergonzantes y sentencias condenatorias”. No descartan tampoco “ninguna otra iniciativa sindical para forzar a Bienestar Social a adecuar a la legalidad su hasta ahora inaceptable proceder”, ha concluido González.