CCOO señala que “se equivoca mucho” reprochando que su precampaña y en los últimos días su campaña electoral, han estado plagadas de afirmaciones y compromisos poco o nada creíbles, insostenibles y directamente inasumibles”, tachando la propuesta de “la guinda de sus despropósitos”.

“La propuesta denota que García Molina ignora, o pretende ignorar, los derechos y libertades fundamentales del Título 1 de nuestra Constitución, la legislación en materia de acceso a lafunción pública como la recurrente jurisprudencia del TribunalSupremo y la doctrina del . Se equivocapolíticamente porque no se debe engatusar y confundir a miles de personas que se presentan a las ofertas de empleo público proponiendo una medida que es imposible de llevar”, ha criticado el sindicato mediante un comunicado.

A su juicio, “levantar barreras como pretende García Molina nies aceptable bajo ningún concepto ni es posible en nuestro Estadode Derecho; ni es tampoco solución para problema alguno”, por lo que no puede encontrar “respaldo” de “ninguna organización política medianamente seria”.

De su lado, CSIF, en nota de prensa, ha afirmado que esta postura “rompe con la legalidad vigente, en concreto con el artículo 23.2 de la Constitución Española, vulnerando los principios de mérito, igualdad y capacidad en el acceso al empleo público”. “Se presenta como ilegal y discriminatoria”.

CSIF le pide a Molina y a todos los grupos políticos “responsabilidad durante la campaña electoral de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 26 de mayo para no utilizar a los empleados públicos de forma sesgada en sus programas”.

Califica de “populista” la medida de Unidas Podemos y reclama, entre otros puntos que no están apareciendo en esta campaña electoral, “la derogación de la Ley Cospedal de 2012, el fin de las penalizaciones económicas por incapacidad temporal o la disposición de fondos adicionales para la modificación de puestos de trabajo”.