El caso más grave es el de Ocaña, un caserón-palacio del siglo XVI donde trabajan una treintena de personas y en el que se multiplican las grietas en paredes y techos, se han producido desprendimientos de cornisa en el patio central, hay cables eléctricos y excrementos de palomas por los suelos; los documentos y expedientes se apilan en las escaleras y las ‘piezas de convicción’ (pruebas del delito) están apiñadas en un cuarto de baño.

Además, sólo hay un aseo que tienen que compartir los trabajadores, los ciudadanos y los presos, ya que en Ocaña, además de los dos juzgados de primera instancia e instrucción y un destacamento de la fiscalía, hay también un juzgado de vigilancia penitenciaria que se encarga de los internos de las dos prisiones.

También hay problemas de movilidad, ya que para acceder a las dependencias no hay ni siquiera ascensor, con el consiguiente problema para los usuarios discapacitados físicos.

Según recordó Castejón, CCOO lleva años denunciando la situación de los juzgados de Ocaña, entre otras instancias a la gerencia territorial del , cuyo responsable anunció en 2009 un plan de reforma que se iba a licitar en 2010; pero del que, a día de hoy, nada más se supo.

Respecto a las dependencias judiciales de Orgaz -una antigua cárcel-, CCOO ha denunciado ante la Inspección de Trabajo el abombamiento del suelo, la situación del cableado eléctrico, la acumulación de expedientes por falta de espacio, la inexistencia de extintores de incendios y ausencia de salidas de emergencia, entre otras carencias.

CCOO también señala que los juzgados de Torrijos, Illescas, Quintanar de la Orden y Talavera de la Reina también sufren graves problemas de espacio; y que numerosos juzgados de paz -alojados en sedes municipales- tampoco disponen de dependencias adecuadas. Así, el juzgado de paz de Madridejos padece graves problemas de humedad hasta el punto de que la lluvia de hace dos semanas motivaron que los trabajadores tuvieran que entrar con paraguas.

Riquelme recordó que el proceso de transferencias de Justicia a Castilla-La Mancha no culminó justamente porque el Ministerio no estaba dispuesto a aportar los fondos precisos para, bien mediante obra nueva o mediante rehabilitación, dignificar todas las sedes judiciales de la región antes de que la Junta de Comunidades se hiciera cargo de ellas.