Celaá ha presidido este miércoles la Conferencia Sectorial de Educación, en la que ha presentado su reforma a los consejeros autonómicos del ramo en un encuentro que se ha prolongado durante más de cuatro horas. En la rueda de prensa posterior a la reunión, la ministra ha precisado que tendrá listo un texto definitivo del anteproyecto de ley la próxima semana que se aprobará en el y llegará al Congreso “a principios del mes que viene” sin esperar al informe del , que según Celaá no es “preceptivo para esta ley”.

“Nosotros queremos llegar a un acuerdo con todas las fuerzas políticas, y cuando llevemos la ley al Congreso hablaremos más con todos”, ha añadido Celaá en rueda de prensa, donde ha subrayado que el objetivo del Gobierno es “lograr el máximo consenso posible” para esta reforma educativa, que necesitará una mayoría parlamentaria en la Cámara Baja para su aprobación, con la que se derogaría la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y se reformaría la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

Celaá ha destacado el “alto grado de apoyo” con el que cuenta su anteproyecto para la nueva ley educativa, aunque no ha precisado qué formaciones políticas respaldan la también conocida ya como ‘Ley Celaá’, que de momento no ha logrado adhesiones importantes en el resto de grupos parlamentarios. Unidos Podemos, principal socio del , advirtió en diciembre que el anteproyecto “cuenta ahora sólo con 84 diputados”, en alusión a los del grupo socialista.

La ministra, que ha comparecido acompañada del secretario de Estado de Educación, , y el subsecretario de Educación, , ha subrayado Celaá que el Consejo Escolar del Estado “ha manifestado su claro apoyo” a la reforma rechazando en el pleno celebrado este pasado martes “las enmiendas que defendían el espíritu de la LOMCE”, una ley que recibió “cinco informes que pedían su devolución” cuando pasó por este órgano consultivo.

Celaá ha defendido su propuesta de ley educativa por su afán “modernizador” y estar sustentanda en ejes como el “refuerzo de la educación infantil”, el “enfoque trasversal de igualdad de género” o su propósito de “elevar los resultados de todos los estudiantes” con “una dinámica de mejora continua de los centros educativos”.

“Por ese motivo hemos revertido aspectos de la LOMCE contrarios a esta filosofía, como la doble titulación de la ESO, y hemos modificado su modelo de desarrollo curricular, porque la LOMCE mantenía planteamientos muy anticuados”, ha asegurado la titular de Educación, calificando su proyecto de ley como “moderno, realista y ambicioso”

Sobre las enmiendas aprobadas en el Consejo Escolar del Estado que se incorporarán al anteproyecto de ley, Alejandro Tiana ha asegurado que se cerrarán la próxima semana, al igual que las propuestas remitidas por las comunidades autónomas, que se han manifestado en la reunión de la Conferencia Sectorial pero tendrán que llegar redactadas por escrito al Ministerio.

Celaá, sin embargo, ha desvelado que algunas de las enmiendas que se incluirán en el anteproyecto son las presentadas por el con Discapacidad (CERMI). “Es una ley que apuesta por la inclusión y esto no significa en absoluto una igualación por abajo, sino lo contrario”, ha puntualizado la ministra, defendiendo el objetivo de “restringir el número de repeticiones” de su reforma para igualar las cifras de España con “el resto de sistemas educativos europeos”.

MEDIDAS DE LA LEY CELAÁ

El anteproyecto de reforma incluye medidas como dejar la asignatura de Religión fuera de la nota media, incluir una nueva materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos, devolver la obligatoriedad de Filosofía o permitir que un estudiante obtenga el título de Bachillerato con una asignatura suspensa.

El borrador también elimina la “demanda social” como criterio para la planificación escolar, un “eufemismo”, en palabras de Celaá, para “propiciar que la escuela pública pueda considerarse subsidiaria de la concertada” que se incorporó en la LOMCE redactada por el exministro del PP .

Además, la ‘Ley Celaá’ incluye la posibilidad de que las comunidades autónomas decidan el uso del castellano y otras lenguas cooficiales como “lengua vehicular”, con el objetivo de que los alumnos y alumnas sepan expresar y comprender ambas lenguas al finalizar la educación obligatoria, según el texto elaborado por el Ministerio.

“A tal fin las administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes”, se lee en el documento.