Por estos hechos se investiga ya a varias personas, pudiendo ser autores de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Las sanciones superarán, en su caso, los 50.000 euros, según ha informado el en nota de prensa.

La Ley de Aguas dispone que los titulares de las concesiones administrativas de aguas, tanto subterráneas como superficiales, y todos aquellos que por cualquier título tengan derecho a su uso privativo de las aguas, estarán obligados a instalar y mantener los correspondientes sistemas de medición que garanticen información precisa sobre los caudales de agua en efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados.

Los caudalímetros facilitan información sobre los caudales de agua utilizados para garantizar el respeto a los derechos existentes, medir el volumen de agua realmente consumido o utilizado, permitir la correcta planificación y administración de los recursos y asegurar la calidad de las aguas.

Desde la CHG apuestan por concienciar a los usuarios de agua y hacer un llamamiento a la responsabilidad en su uso, destacando que este tipo de comportamientos fraudulentos redundan en el perjuicio de todos y fundamentalmente en el de la sostenibilidad y mantenimiento de nuestras masas de aguas subterráneas y superficiales, así como de los ecosistemas asociados a las mismas.