, elaborada tras un proceso participativo con más de 700 personas y organizaciones sociales la región, pretende recuperar y crear nuevos derechos de ciudadanía recogiendo funciones de anteriores instituciones como el Defensor del Pueblo o el , ha informado la Junta en nota de prensa.

Además, el Gobierno regional subraya esta Ley representa uno de los textos legales de participación “más avanzado” en el conjunto del país manifestando que la participación ciudadana “tiene un efecto real” en la gestión pública.

Por último, señala que este Proyecto de Ley de Participación regula con garantías el derecho de la ciudadanía a proponer, decidir, ejecutar y evaluar las políticas y una parte del presupuesto de la región, posibilitando así la mejora de la economía y servicios públicos gracias a la realización de procesos de participación y consultas a iniciativa de la propia ciudadanía.

Entre otras medidas, la Ley crea el ‘Observatorio 100% Ciudadano’ que velará por el cumplimiento democrático, como herramienta de la gente para defender e impulsar derechos y servicios públicos.