Esta ha sido la novedad, una vez aprobada por unanimidad la Ley del Tercer Sector Social en las Cortes, que la consejera de Bienestar Social, , ha querido trasladar a los miembros de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, con los que se ha reunido.

Aunque aún no está listo el articulado del decreto, la consejera ha asegurado que el Gobierno tiene claro que el concierto social tiene que “mejorar” la prestación de servicios públicos en la región y, por ello, tiene que dar estabilidad con el fin de que las entidades que prestan servicios públicos no tengan que concurrir a las convocatorias cada año.

El Ejecutivo castellanomanchego quiere que sea un concierto “transparente” dando cuenta a la ciudadanía de todo lo que se hace y adonde va toda la financiación para prestar esos servicios públicos y quiere que sea un concierto participativo, es decir, en colaboración cercana con todas las entidades, ha explicado la titular de Bienestar Social.

En Castilla-La Mancha hay en torno hay 5.200 entidades, más de 6.400 profesionales trabajan en entidades del tercer sector y de forma directa se está atendiendo a una población de 400.000 personas, que podía llegar casi a un millón de personas en todos los servicios públicos que se prestan desde el área de lo social, ha resumido la consejera.

De su lado, el presidente de la Mesa del Tercer Sector en Castilla-La Mancha, Braulio Carlés, ha abogado por impulsar todo el tema del diálogo civil y el de las convocatorias plurianuales porque si no “es seguir mendigando” y “trabajar en la debilidad de las entidades sociales”, y las entidades sociales —ha dicho— “tienen que tener su fortaleza, no por ellas mismas, sino para trabajar más y mejor por las personas más excluidas”.