Así lo ha indicado este lunes el presidente de CSIF en Castilla-La Mancha, Julio Retamosa, en una rueda de prensa celebrada al término de la reunión que ha mantenido con el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, , dentro de la ronda de contactos para dar a conocer el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la comunidad autónoma para 2020.

Entre las cuestiones que, según Retamosa, no se han revertido de la Ley 1/2012 del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, se ha referido a la carrera profesional para los sanitarios, que “continúa paralizada”, y a la “insuficiente” reducción de las ratios.

Respecto a la creación de empleo público, ha considerado “insuficientes” las 6.000 nuevas plazas de Oferta Pública de Empleo (OPE) hasta 2023 dentro del II Plan de Impulso de los Servicios Públicos, si bien ha confiado en que esa cantidad aumente “cuando haya Gobierno en España”, en tanto que “solo sirve para sustituir a las personas que se jubilan y para cubrir vacantes, pero no para crear nuevo empleo”.

En ese sentido, ha pedido realizar “convocatorias muy amplias en todas las áreas” ante la “alarmante” falta de personal en residencias de ancianos de la Junta de Comunidades y en oficinas comarcales agrarias.

En materia retributiva, Retamosa ha añadido que los empleados públicos de la región han sufrido una pérdida salarial acumulada superior al 20 por ciento desde 2010, por lo que “el Gobierno regional debe ser consciente de que queda mucho por recuperar”.

Asimismo, ha recordado que queda pendiente aprobar la disposición de un 0,75 por ciento de fondos adicionales, recuperar el 0,4 por ciento de masa salarial para el Plan de Acción Social y regular la bolsa de horas de conciliación.

En este punto, se ha mostrado proclive a “ayudar al acceso al trabajo”, pero ha criticado las “subvenciones millonarias que se dan con motivo de los planes de empleo” a los sindicatos CCOO y UGT y a la patronal.

Por ello, ha propuesto destinar ese dinero a medidas orientadas a “atender” al 33,5 por ciento de la población castellanomanchega que está en el umbral de la pobreza y a las 143.000 personas que ingresan en sus hogares menos de 355 euros al mes.

A este respecto, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha apuntado que “una cosa es la colaboración de los agentes económicos y sociales en planes de empleo y otra las subvenciones que se podrían dar a un determinado sindicato”.

Respecto a las cuentas regionales, Juan Alfonso Ruiz Molina ha dejado claro que se orientan a “acompasar” el crecimiento económico, mediante la creación de empleo, con la mejora de la calidad de los servicios públicos, de manera que sea posible “redistribuir la riqueza”.