El sindicato ha recordado en nota de prensa que el aprobó el 14 de marzo de 2017 una moción, consecuencia de interpelación, con el voto de todos los grupos parlamentarios, por la que se instaba al Gobierno central a solucionar esta situación, comentando que este estatuto lleva ya “un año de retraso”.

CSIF ha explicado que este colectivo está compuesto de jóvenes que trabajan desarrollando su tesis doctoral en universidades y organismos públicos de investigación con contratos con una duración máxima de cuatro años, una jornada laboral de 37 horas semanales y un sueldo por debajo de los 900 euros brutos mensuales. Además, ha comentado que estas personas no tienen la posibilidad de percibir los incrementos que sí se aplican al resto de empleados públicos ni cobrar complementos por las horas de docencia que asumen después de superar un concurso público de méritos.

“De hecho, las universidades abusan de estos jóvenes investigadores para cubrir horas de docencia y por tanto la falta de personal en las aulas”, ha continuado, apuntando que “hace más de un año el Gobierno ya penalizó a este colectivo restringiéndole derechos como el acceso a la tarjeta sanitaria europea o la indemnización por finalización del contrato, sin previo aviso y con carácter retroactivo”.

CSIF participa en la negociación del nuevo estatuto con el que, en palabras del sindicato, debe recoger la creación de un código que les dé rango específico de trabajadores y no becarios a efectos de Seguridad Social, recuperar la indemnización por finalización de contratos, la equiparación salarial entre convocatorias y un límite a las horas de docencia que evitara los abusos laborales y desvirtuar el objeto de los contratos, que es la realización de tareas de investigación.

“En muchos casos llegan a las 38’25 horas a la semana, especialmente cuando se trabaja en laboratorios y hay muestras que necesitan control, incluso los festivos. Además, como no fichan, no se les reconocen nunca horas extras”, ha añadido.

El sindicato ha finalizado criticndo que el borrador que ha presentado el Ministerio, frente a las promesas iniciales, no recoge un mínimo en las retribuciones y se incrementan de manera considerable el número de horas de docencia que se pueden asumir, abriendo así la puerta al abuso para cubrir el déficit de efectivos sin contratar a más personal.