“El debate estuvo marcado por la confrontación y la enumeración de deberes, pero en ningún caso se expuso parte de un programa electoral coherente relacionado con los servicios públicos de la región ni con sus trabajadores”, ha criticado el sindicado en nota de prensa.

De igual modo, se ha quejado de que ninguno de los representantes políticos abordase la derogación de la Ley 1/2012, más conocida como ‘Ley Cospedal’, a pesar de que el nombre de la expresidenta de la Junta de Comunidades apareció con frecuencia. “Este ordenamiento jurídico que el pasado mes de febrero cumplió siete años deja a Castilla-La Mancha como la única comunidad autónoma, junto a , que continúa penalizando a sus trabajadores económicamente cuando se produce una baja médica”, han recordado.

“Además, mantiene paralizada la carrera profesional en el ámbito sanitario, no permite sustituir trabajadores desde el primer día en el y disminuye los grados de dispersión en Atención Primaria; mientras el tema de salud pública giró en torno a las listas de espera, ninguno de los candidatos abordó la mejora de las condiciones laborales de los empleados del Sescam ni el aumento de sus plantillas para, precisamente, bajar las listas de espera ofreciendo un mejor servicio público”, ha manifestado Csif.

De igual modo, han condenado que, en el apartado dedicado a la educación, se hizo alusión a los docentes interinos, pero en ningún momento se habló de cómo estabilizar a este colectivo más allá de postulados demagógicos. Así, la convocatoria de Ofertas de Empleo Público amplias como única herramienta válida y eficaz para bajar la tasa de la interinidad “no se puso encima de la mesa, así como la reducción del horario lectivo y de la ratio de alumnos por aula y la falta del profesor de apoyo en Educación Infantil, entre otros problemas que también derivan de la citada Ley Cospedal”, han criticado.

“Educación y sanidad fueron utilizadas como arma arrojadiza, con vaguedades y sin exponer un verdadero programa de gobierno en estos aspectos fundamentales. Los candidatos no expusieron la necesidad de aumentar plantillas en los diferentes servicios públicos de la región”, ha añadido el sindicato, que ha recordado que en Castilla-La Mancha se han perdido más de 14.000 empleos públicos desde 2010, de ellos 9.400 corresponden a las administraciones locales, las cuales tampoco aparecieron representadas en el debate dentro de la política general de la comunidad autónoma.