Así se desprende de la nueva estadística del Sistema de de y Atención a la Dependencia (SISAAD), que publica el IMSERSO y ha difundido este jueves la .

A nivel nacional Las personas que piden atención en aplicación de la Ley de Dependencia esperan una media de 426 días para la tramitación del expediente completo y en cuatro comunidades autónomas se superan los 18 meses: Canarias (785 días), Extremadura (675 días), Andalucía (621 días) y Cataluña (576 días).

En concreto, las ciudades de (70 días) y (170); el (137); (155) y Castilla y (191) se sitúan por debajo de los 180 días siendo los territorios con menos tiempo medio de espera, frente a Canarias (785 días), Extremadura (675), Andalucía (621) y Cataluña (576).

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la y Gerentes de Servicios Sociales, afirma que el tiempo medio de los expedientes es “desesperante”, y critica que algunas comunidades siguen sin destinar la financiación suficiente para desarrollar el sistema de dependencia.

Ramírez señala a Canarias como ejemplo. “No lo tienen desarrollado, y eso provoca que un canario tenga tres veces menos posibilidades de recibir una prestación por dependencia que cualquier español”, asegura.

En el mismo sentido, destaca el “retroceso” producido en los últimos años en Cataluña. “El ha abandonado el sistema de gestión de la dependencia”, según el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que destaca el trabajo de País Vasco, Navarra y Castilla y León, donde la gestión está descentralizada en los servicios sociales municipales.

Según muestra la estadística, por primera vez desde 2016, el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha aumentado. Así, hasta noviembre de 2019, ha crecido el número de personas en espera de valoración de grado de dependencia y en espera de atención mediante servicios o prestaciones hasta llegar a las 423.000 personas pendientes de algún trámite, más de la mitad de ella son andaluzas (123.000) o catalanas (103.000).

En este sentido, la asociación ha apuntado que entre los motivos de “estos impresentables retrasos” se hallan los recortes en la financiación y el “disparatado y proceloso” entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, “lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios”.

La asociación ha detallado que la mayoría de comunidades autónomas establecen dos procedimientos administrativos encadenados —resolución del grado de dependencia y resolución de prestación o servicio que disfrutará la persona—. “Muchas veces, para cuando llegan tales resoluciones, la situación de la persona ha cambiado tanto que hay que volver a empezar revisando su grado o sus prestaciones”, ha alertado.

Por otro lado, la asociación ha puesto de relieve que resulta “especialmente doloroso” que haya personas con derecho efectivo, es decir, con algún grado de dependencia reconocido, que fallecen antes de haber recibido servicios o prestaciones.

A este respecto, estiman que en 2019 esta situación afectará a cerca de 31.000 personas (85 fallecimientos diarios de personas que no llegaron a tiempo de ejercer sus derechos). “Hay que tener en cuenta que el 54% de personas solicitantes tiene más de 80 años”, ha manifestado, para agregar: “Tremenda forma de reducir las listas de espera”.

Además, ha alertado de que la demora en ofrecer servicios de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria supone “gravísimos” trastornos a las personas dependientes y genera “importantísimas” sobrecargas familiares, especialmente a las mujeres. El 75% de las personas que prestan cuidados familiares son hijas, madres o parejas, según detalla.

PRESTACIONES Y SERVICIOS “MUY MEJORABLES”

Por otro lado, la nueva estadística señala que las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 247 euros percibidas actualmente por 425.000 personas. En concreto, tienen un importe promedio de 140 euros al mes para los Grado I; 245 euros al mes para los Grado II y 340 euros al mes para los Grado III. “Todo ello, de nuevo, con importantes diferencias entre territorios”, advierte desde la asociación.

Asimismo, las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio varían en función del mismo. Así, la prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 550 euros al mes, y la persona debe abonar el resto.

Respecto a la Ayuda a Domicilio, esta presenta unas intensidades horarias medias de 17 horas al mes para los Grado I; de 35 horas al mes para los Grado II; y de 54 horas al mes para los Grado III. “Apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para estos últimos lo que es claramente insuficiente si comprendemos que son personas que necesitan apoyos de forma permanente”, ha criticado.