En nota de prensa, la Diputación ha explicado que esta adquisición se produce en el marco de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que entró en vigor en marzo de 2018, y transpone la normativa europea en contratación pública, estableciendo la necesidad de que las diputaciones provinciales y forales, los consejos y cabildos insulares participen en el capital social de Tragsa para poder realizarle encargos.

El , de capital social íntegramente público, está integrado por las sociedades mercantiles Tragsa y Tragsatec. Forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del Sector Público Institucional, teniendo la condición de poder adjudicador y medio propio personificado de las Administraciones Públicas que participan en su accionariado. A día de hoy, en total, el Grupo Tragsa cuenta con 48 accionistas.

“Con más de 40 años de experiencia, el Grupo Tragsa se ha volcado de manera muy especial en la protección del medio natural y el desarrollo sostenible de las zonas rurales, lo que le ha convertido en una garantía de servicio eficiente y de calidad a nivel nacional, autonómico y local”, han destacado desde la Institución provincial.

Con la incorporación de la Diputación de Guadalajara al accionariado del Grupo Tragsa se apuesta por continuar impulsando la actividad y el empleo local, contribuyendo a fomentar y conservar los valores naturales y patrimoniales de la provincia y a reducir los desequilibrios entre los ámbitos urbano y rural, han defendido de igual modo.

Los datos medios de empleo del Grupo Tragsa en Castilla-La Mancha se sitúan en estos últimos meses en más de 960 profesionales, de los cuales en torno a 100 corresponden a la provincia de Guadalajara.