Según informa este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, la Consejería convocó un proceso selectivo para la ampliación de estas bolsas de trabajo teniendo en cuenta que estaban muy próximas a agotarse, con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio público educativo mediante la cobertura urgente y con carácter temporal de las vacantes o sustituciones que pudieran producirse.

De esta manera, una vez vistas las reclamaciones presentadas contra las relaciones provisionales de admitidos y excluidos, la Consejería ha aprobado y publicado las bolsas extraordinarias definitivas y la relación de aspirantes excluidos.

El orden de los aspirantes integrados en las bolsas extraordinarias definitivas se efectúa en función de la nota media obtenida en el expediente académico aportado.

En caso de empate, se utiliza como criterio de desempate el orden alfabético del primer apellido de los aspirantes empatados comenzando por la letra M.

Las bolsas extraordinarias y las relaciones definitivas se harán públicas también este miércoles en los tablones de anuncios de las direcciones provinciales de esta Consejería y en el Portal de Educación (www.educa.jccm.es).

Dicha publicación hará constar los apellidos, nombre y DNI de los aspirantes, o en su caso, del documento de identidad correspondiente para los aspirantes de nacionalidad extranjera, cuerpo y especialidad o especialidades de la que forman parte en calidad de aspirantes a interinidades, número de orden en la bolsa, con indicación de la competencia lingüística solicitada y acreditada, en su caso, así como en el supuesto de exclusión, la causa de la misma.

Estas bolsas extraordinarias definitivas quedarán sin efecto después de los procesos selectivos de ingreso referidos a su especialidad.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, en el plazo de un mes, a contar desde este jueves, 21 de marzo, conforme a lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas de 2015.