El Secretario del Grupo Popular en las Cortes, Marcial Marín ha criticado hoy la actitud de Barreda y Lamata y les ha acusado de volver a “toma el pelo” a los castellano manchegos ya que, según denuncia, aprueban y nos camuflan con “agosticidad” un decreto que va contra sus propias declaraciones, contra el Pacto de la Vivienda firmado con distintos agentes sociales y contra el sentido común.

Marín asegura que en el Decreto aprobado, en su punto tercero del artículo 3, se dice que en segundas y posteriores transmisiones, el precio de la vivienda de iniciativa público-privada no podrá superar dos veces el precio de venta inicial, -más actualizaciones de IPC- lo que significa claramente que cabe la posibilidad de especular, durante su régimen jurídico especial de 10 años (art. 4.1). Sin embargo en la vivienda protegida, la venta debe realizarse según el módulo aprobado por metro, durante los 30 años que dura el régimen de protección.

Otro de los puntos polémicos es el relativo el art. 6. de dicho Decreto, -continúa Marín- en el que se faculta a la propia Consejería a la regulación del procedimiento de selección de promotoras, lo que deja al albur del consejero y de su equipo la elección de los promotores beneficiados, sin que se establezca un control riguroso como la regulación específica por decreto.

Por otra parte, ese mismo artículo, podría ser contrario a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, pues en definitiva se está contratando con la Administración y no queda resuelto si se exigirá los requisitos establecidos en la citada Ley sobre capacidad para contratar. Es una indefinición del decreto, que no debe quedar en ningún caso en manos del desarrollo reglamentario por la Consejería competente.

LA FINANCIACIÓN A LOS PROMOTORES SERÁ DECISIÓN DE LOS BANCOS Y NO DE LA JUNTA .

El art. 8, relativo a “Prestamos” es pura publicidad en lo que respecta a los promotores; pues inicialmente se decía que se garantizaría la financiación por el Pacto de la Vivienda a los promotores y ahora, tal y como está redactado, -y como no podía ser de otra forma- las entidades financieras, en cada supuesto concreto, calificarán al cliente y concederán o no el préstamo: es decir, igual que hasta ahora viene ocurriendo respecto al promotor privado.

LA GARANTÍA DE COMPRA DE LA JUNTA QUEDA SIN REGULAR

En el punto 10.2, que afecta a lo que se conoce como garantía de compra al promotor, se delata que “Si transcurrido un año desde las declaración……., la promotora podrá instar a la Consejería competente en materia de vivienda a la adquisición de las viviendas no vendidas en los términos previstos en el Convenio a que hace referencia el artículo 6 del presente Decreto”.

Llegados a este punto se detecta una enorme contradicción, porque el art. 6 en ningún caso hace referencia a la posibilidad de que incluya la adquisición por la Junta y ninguna referencia se hace tampoco en la Exposición de Motivos a dicha posibilidad.

El hecho de que la promotora pueda instar a la Consejería su adquisición, no supone la obligación de la Junta a adquirirlas lo que deja en manos de la administración regional, sin ningún tipo de regulación expresa, la decisión de comprar los excedentes de vivienda a los promotores, lo que posibilitará que el gobierno regional presidio por Barreda “decida” a qué promotores les compra y “cuánto” compra.

Si realmente existiera esa obligación el decreto debería haberlo fijado en cuanto a forma y condiciones, que por otra parte supondría un problema presupuestario serio para la Junta por la cantidad y porque tendría que estar recogida presupuestariamente dicha cantidad en una partida presupuestaria.

Luego, explica Marín, con este decreto Barreda ha engañado a los firmantes del Pacto, a los promotores y a los demandantes ya que ha subido el precio acordado, ha incorporado una conversión arbitraria de libres a protegidas que no estaba firmada y contradiciendo sus propias palabras, fomenta la especulación, y no garantiza la financiación ni la compra a los promotores.

Para concluir, Marcial Marín recordó que la Junta de Comunidades de C-LM ha suspendido en materia de vivienda en una reciente encuesta promovida por su propia Consejería de Administraciones Públicas y que el Pacto VIPP ya ha sido rechazado en los Ayuntamientos de Albacete, Cuenca y Guadalajara.