Al respecto, se pretende implementar en Castilla-La Mancha el programa ‘Autenticidad’, financiado por el Observatorio Europeo sobre Vulneraciones de Derechos de la Propiedad Industrial, adscrito a la , y en el que participan también administraciones locales de Francia e Italia.

Asimismo, este convenio contempla llevar a cabo actividades de difusión y sensibilización acerca de los riesgos que supone para las personas consumidoras la adquisición de productos que no tengan un origen acreditado, pues podrían limitar las actuaciones de las administraciones públicas competentes en materia de consumo en caso de reclamación, por no contar con la información y garantías suficientes que exige la legislación vigente.

Más aún, los productos y servicios sobre los que se alerta pueden, incluso, suponer un riesgo para la salud, como es el caso de las gafas de sol o los cosméticos y perfumes, y también para la seguridad, si se trata del uso de piezas de repuesto no originales o de reparaciones de vehículos automóviles efectuadas por talleres, cuya actividad no está sujeta a control administrativo, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Por otra parte, se pretende concienciar a las personas consumidoras acerca de la necesidad de atender otros criterios de compra más allá del precio, a efectos de tomar una decisión lo más informada posible, incidiendo a su vez en el impacto que las prácticas de competencia desleal tienen en el mercado, afectando por igual a la protección de sus derechos e intereses en el marco de una regulación económica eficiente.

En este sentido, el anteproyecto de Ley sobre las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha prevé en diferentes artículos preceptos y medidas que facilitarán las actuaciones de la administración autonómica en materia de consumo, en orden a garantizar la procedencia y originalidad de los productos y la vigilancia de las actividades que se desarrollan en este ámbito de actuación.

Entre otras actividades llevadas a cabo por la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca cabe destacar su colaboración con las actuaciones que desarrollan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con las autoridades de aduanas y con representantes de la y de la Fiscalía, concurriendo en todos ellos competencias con su labor en este campo.